Los manejos aparentemente fraudulentos de fondos del Instituto Mexicano del Seguro Social son agraviantes para la opinión pública y para el país, no sólo porque serían una nueva expresión de delitos de cuello blanco en una entidad del sector público, sino por el contraste entre las cantidades defraudadas 360 millones de pesos en un caso, y más de mil millones en el otroy la patente escasez de recursos de esa dependencia, que se expresa en la situación desesperante de miles de pensionados, en los menguados salarios del personal médico y paramédico y en el doloroso desabasto en muchos hospitales, clínicas y centros de salud a cargo del Seguro Social.

Si en épocas de bonanza económica acciones como las señaladas constituyen motivo de indignación social, en una época como la actual, caracterizada por las penurias que padecen, junto con la generalidad de la población, todos los derechohabientes, tales episodios son doblemente repudiables.

Las declaraciones de diversos funcionarios sobre el tema, lejos de despejar las dudas generadas por estas acciones al parecer delictivas, contribuyen a incrementarlas. Antier, Roberto Calleja, vocero de la institución, dijo que ésta sólo estaba investigando uno de los dos actos irregulares, y aseguró, con una actitud de consolación del todo improcedente, que en el caso de los 360 millones presuntamente jineteados a su favor por el ex tesorero de la institución, Carlos Peñaloza Webb, ``el patrimonio (del Instituto) no fue tocado ni sufrió disminución alguna, y que el fraude mencionado significó, simplemente, ``un poco menos de ganancia''.

Ayer, Genaro Borrego manifestó que la dependencia a su cargo no cuenta con mecanismos de control eficientes y que los que hay ``han estado relajados''.

En uno y otro casos, estas declaraciones son inadmisibles. La primera, porque busca minimizar y tergiversar un hecho grave y vergonzoso. La segunda, porque es alarmante, por decir lo menos, que en los más de tres años en que Borrego ha estado al frente del Instituto Mexicano del Seguro Social, no haya podido o querido crear los procesos adecuados de control y fiscalización internos que permitan prevenir hechos delictuosos como los presuntamente realizados por Peñaloza Webb y por un gestor de nombre Carlos Alberto Hernández Bohórquez.

Por otra parte, despierta suspicacias el hecho de que, si desde octubre de 1995 la Comisión Nacional Bancaria reportó indicios de irregularidades en torno a uno de los casos, y si en febrero de este año ya se tenían las conclusiones del despacho que investigó tal reporte, no haya sido sino a fines de junio cuando se decidió iniciar la acción penal correspondiente.

Los hechos comentados deben ser esclarecidos hasta sus últimas consecuencias, deslindadas las responsabilidades y castigados los culpables con todo el rigor legal. Por su parte, los funcionarios del Seguro Social debieran asumir una actitud más responsable, tanto en el control de los dineros que administran, como en la emisión de declaraciones que propician descrédito y escepticismo y que contribuyen, a fin de cuentas, a ahondar la crisis de credibilidad que afecta a las instituciones.