Que las privatizaciones se prestaban para actos de corrupción era algo que ya sospechábamos. Esta sospecha cobró bases de sustentación al hacerse pública esta semana la transferencia que Raúl Salinas de Gortari le hizo a Ricardo Salinas Pliego, propietario principal de Televisión Azteca, por 29 millones de dólares. Una parte de esta suma se la transfirió dos semanas antes de que Salinas Pliego ``ganara'' la subasta de privatización de Imevisión, que manejaba los canales 13 y 7, junto con otras empresas del ramo cinematográfico. El asunto individual requiere ser investigado a fondo y así lo ha dispuesto la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Debe revisarse, además, todas las privatizaciones para identificar la comisión de ilícitos.

Dado que la mejor definición de corrupción es la que la concibe como la apropiación de lo público para fines privados, más allá de la investigación puntual, surge la duda sobre si algunas privatizaciones, incluso si se hubiesen realizado de manera transparente, y sin que se haya favorecido al amigo o al aliado, constituyen actos de corrupción.

Algunas de las actividades privatizadas en el sexenio pasado y en lo que va de éste, tienen una naturaleza distinta a la producción privada de un bien común y corriente que después se vende a un particular en el mercado. No es lo mismo privatizar MASA, fabricante de autobuses, o los hoteles Presidente, que privatizar una de las dos únicas empresas comerciales de televisión, el medio de comunicación más importante. En la producción de ciertos bienes, como autobuses, y de ciertos servicios, como hoteles, se establecen relaciones entre particulares sin mauyor involucramiento de la colectiva social (salvo de manera indirecta, por ejemplo si el hotel contamina las aguas del mar o los autobuses contaminan el aire). Son empresas de interés particular y no tiene sentido que sea el Estado el productor. Su función es proteger a la colectividad de daños: impedir que los particulares contaminen.

Una empresa de televisión que ocupa una fracción importante de toda la transmisión pública, gratuita, del medio correspondiente; que, por tanto, decide qué vemos y qué no vemos los mexicanos, de qué nos enteramos y de qué no, es en cambio una empresa de interés colectivo. Decide privadamente los contenidos de algo colectivo: el espectro de frecuencias de transmisión. Por ello es una concesión. Algo similar pasa con la banca, que maneja el ahorro colectivo y define quién tiene y quién no tiene acceso al crédito, es decir, que tiene la facultad de decidir para qué se usan los ahorros colectivos. También teléfonos, carreteras, puertos y aeropuertos, agua potable, recolección de basura, que han sido parcial o totalmente privatizados, o lo serán pronto, tienen fuertes componentes colectivos.

En todos estos casos, el interés colectivo ha sido puesto en manos de una empresa privada, lo que genera apropiación privada de lo público: corrupción, de acuerdo a la definición citada. En la banca, más allá de los episodios de violación de disposiciones legales específicas, como el de Cabal Peniche, y seguramente muchos otros no documentados, ésta utiliza los ahorros colectivos un bien público para enriquecerse y enriquecer a sus aliados, fines privados. Pero, además, en caso de problemas, como ocurre ahora, el Estado se ve obligado a salvarla de la quiebra, dedicando enormes recursos colectivos, de todos los mexicanos, capturados vía fiscal. Nuevamente, utilización de recursos públicos para un fin privado, evitar la quiebra de empresas privadas. Si no puede permitirse que las empresas de una rama quiebren, si se vuelve obligación del Estado evitar que ello ocurra, por los daños colectivos que generaría, esto debería ser condición suficiente para excluir tal rama del régimen de propiedad privada.

Las empresas privadas de televisión, como todas las privadas, tienen como propósito el lucro. Usan un bien colectivo concesionado por el Estado para su propio enriquecimiento y para adquirir un poder enorme, cuya influencia electoral, por ejemplo, resulta definitiva. Esto constituye una de las mayores dificultades para alcanzar un régimen de equidad electoral, sin el cual no hay democracia. Un ejemplo vivo de las consecuencias de tal apropiación privada, es lo ocurrido esta semana, en la cual los noticiarios de Televisión Azteca y de Televisa, que deberían informar sobre lo acontecido en la nación, usaron el espacio público de las frecuencias electrónicas para luchar entre ellas.

El caso de Telmex es similar, y en un sentido más grave. Es también un caso de un bien colectivo, una red casi irrepetible de cableado que cubre el país, que no sólo se privatiza sino que al hacerlo se constituyó un monopolio privado aún cuando con limitaciones en el tiempo al que el gobierno ha autorizado tarifas tan altas que la ha convertido en la empresa telefónica con más alta tasa de ganancia en el mundo. La red colectiva de teléfonos, un bien público, se ha estado usado, con el apoyo del Estado, para convertir a Carlos Slim en el hombre más rico de México, como lo acaba de mostrar, por segundo año consecutivo, la revista Forbes.