356 MDD, COSTO DEL EMBARGO

Angélica Enciso, enviada, y Víctor Guerra, corresponsal/ II y última, Ensenada, BC Para el gobierno federal y el sector privado, en cinco años el embargo atunero ha costado 356 millones 220 mil dólares, de los cuales 180 millones representan las pérdidas por el bloqueo a la exportación del túnido y 95 millones 500 mil los costos por pescar con el método de ``brisas y palos'' autorizado por la legislación estadunidense.

A partir del embargo el gobierno de México destinó recursos para programas de investigación científica y tecnológica y para la contratación del servicio de abogados y asesores de un despacho de Washington que realizó el seguimiento de las audiencias sobre el embargo atunero y cabildeos en el Senado de Estados Unidos.

Barcos atuneros en el Puerto de Ensenada, Baja
California. Foto: Raúl Ortega

La contratación para cabildeo significó una erogación de un millón 200 mil dólares, mientras que para dar cumplimiento a la norma oficial mexicana que regula la pesquería de atún en el Oceáno Pacífico Oriental, así como a las normas del acuerdo de La Jolla, se invirtieron 3 millones 200 mil dólares.

El acuerdo de La Jolla lo suscribieron en 1991 los países afectados por el embargo con el fin de reducir progresivamente la mortandad de delfines en la captura del túnido, y especifica un límite de mortalidad de 5 mil delfines.

Los ingresos que dejó de percibir la flota atunera en este lapso al no exportar a Estados Unidos y a otros países por la política comercial del etiquetado Dolphin safelibre de delfin en las latas de atún han sido en promedio de 36 millones de dólares al año, por lo que la suma total asciende a 180 millones. Estas cifras que maneja el fideicomiso Ecomar no consideran los impactos económicos en las áreas de empleos directos e indirectos y los servicios de apoyo a la flota.

Además de la crisis que generó el embargo y que llevó a que dejaran de exportarse cerca de 40 mil toneladas del túnido al año, la producción nacional se desplomó en 50 por ciento, al pasar de 160 mil a 80 mil toneladas, informó la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (Semarnap).

Adicionalmente, en 1995 la comercialización en el mercado nacional se redujo en 30 por ciento a consecuencia de la crisis económica, indica el informe del desempeño de la flota atunera mexicana durante 1995 elaborado por el Programa Nacional de Aprovechamiento del Atún y Protección de Delfines.

Ahora, a más de un lustro de que Estados Unidos estableciera el embargo, las posibilidades de que éste concluya están próximas, ya que el congreso estadunidense deberá votar en los próximos días la iniciativa respectiva.

Para que este conflicto termine también los legisladores deberán pronunciarse a favor de modificar la Ley de Mamíferos Marinos para retirar el etiquetado Dolphin safe, pues de lo contrario continuaría la restricción para la exportación del producto mexicano y su comercialización en Estados Unidos, consideró la Semarnap.

Detalló que en caso de que el mercado estadunidense se abra nuevamente, México para abastecerlo tendría que incrementar su producción en 75 por ciento, lo cual generaría 20 mil empleos.

Embargo con pretextos ecológicos Para los productores de este puerto el embargo atunero se dio en el momento de mayor auge de la actividad en México, ya que en 1990, y aún ahora, la flota mexicana era la más grande de la región, pues contaba con 57 grandes embarcaciones para captura.

Alfonso Rosiñol, vicepresidente de la Cámara Nacional de la Industria Pesquera y uno de los mayores productores de atún del país, afirmó que cuando México superó los niveles de producción de Estados Unidos y representó una seria competencia, ``nos bloquean bajo el argumento de que matamos delfines, lo cual nunca pudieron probar''.

Se impuso el embargo a las exportaciones de México, Venezuela, Ecuador y Vanuatú con el ``pretexto de proteger los delfines'' y se establece en la Ley de Mamíferos Marinos de Estados Unidos el concepto Dolphin safe, el cual constituye una barrera arancelaria y una ``flagrante violación a los principios del comercio mundial con el fin de aplicar extraterritorialmente las leyes estadunidenses''.

Propietario de dos barcos atuneros, Rosiñol dijo que debió vender una de sus embarcaciones con un valor de 9 millones de dólares para seguir trabajando, ya que las pérdidas económicas han aumentado año con año y la descapitalización continúa.

Este embargo no es la primera sanción comercial que Estados Unidos establece contra México, ya que en 1980 hubo otra a consecuencia de la aplicación de la Ley Magnuson para el manejo de los recursos pesqueros, la cual no reconocía la soberanía de los países costeros sobre los recursos atuneros, informó la Semarnap.

Entonces fue en represalia porque México impidió el trabajo de la flota estadunidense en las 200 millas de la zona económica exclusiva nacional. En 1986 se levantó ese embargo y un año después la flota mexicana creció hasta contar con 85 barcos atuneros de diferentes tamaños.

Según la Semarnap, la pesca de atún autorizada por la legislación estadunidense que se realiza con ``brisas y palos'' es negativa ambientalmente, ya que se captura 60 por ciento de túnidos juveniles que aún no se han reproducido, mientras que cuando se realiza asociada con el delfín se obtienen atunes maduros de mayor peso que ya se reprodujeron.