A ``temblar'' tecnócratas: o forman un nuevo partido, o se inscriben a otro que no sea el PRI, o bien desde ahora renuncian a sus cargos en la administración pública y se postulan para una responsabilidad de dirigentes de partido o como candidatos para un cargo de representación popular.

También, en apariencia, se termina con el dedazo porque en adelante los aspirantes presidenciales tendrán que inscribirse ante los órganos de gobierno de su partido y hacer campaña interna para obtener el respaldo de sus compañeros. Lo anterior se desprende del hecho de que el documento definitivo que propone la directiva del PRI para ser aprobado en definitiva en su Asamblea Nacional, establece como requisitos para aspirar a la nominación como candidato a la Presidencia de la República el haber tenido un puesto de dirigencia partidaria, o bien, haber ocupado un puesto de elección popular, obviamente postulado por el propio tricolor.

Quienes aspiren a llegar a la primera magistratura del país a través del PRI tendrán que comprobar, asimismo, ser militantes del partido con una antigedad mínima comprobable de cinco años, haber pagado puntualmente (en cursivas en el original) sus cuotas en los años anteriores a la fecha de la elección, así como haber mostrado lealtad pública con la declaración de principios y el programa de acción de ese partido.Los requisitos para ser dirigente del PRI son casi los mismos que para candidato presidencial, aunque la antigedad como militantes se reduce a cuatro años y en cuanto a la militancia sólo se pide ``contar con antecedentes de trabajo partidario'', pero estos tendrán que estar registrados en la cartilla de militante, un documento de escaso valor hasta ahora.

Otra novedad consiste en que en adelante habrá presidente y vicepresidente del Comité Ejecutivo Nacional del partido, quienes durarán en funciones cuatro años, con posibilidad de reelegirse por un periodo adicional. Además serán dos secretarías generales, una denominada de Operación y Acción Política, que tendrá la responsabilidad de lo que se puede considerar trabajo cotidiano, y otra dedicada a las elecciones. El presidente y el vicepresidente del CEN lo serían también del Consejo Político Nacional, cuyas funciones también se refuerzan. Finalmente, otro aspecto novedoso es el establecimiento del código de ética aplicable a militantes, pero sobre todo a candidatos y dirigentes. Este tema merece un análisis más amplio, pero por lo pronto parece destinado a evitar daños al prestigio del partido por miembros como Mario Ruiz Massieu y Raúl Salinas de Gortari. Para la aplicación de estas normas, la Comisión de Honor y Justicia se volverá autónoma.

Consecuencias prácticas

Sin duda el avance más importante, sobre todo para la vida interna del PRI, son las propuestas de cambio sobre los requisitos que deben cumplir los aspirantes a la Presidencia de la República, tanto por lo que se refiere a su militancia comprobada como a la apertura de un resquicio para acabar con el dedazo. El presidente Zedillo ha reiterado que no desea conservar ese privilegio y propuso a su partido buscar mecanismos. La respuesta está en los documentos presentados ayer por el actual presidente del PRI, Santiago Oñate Laborde, los cuales responden a demandas internas, como un documento del sector popular cuyo contenido fue comentado con anterioridad en este espacio.

Es cierto que, en determinado momento, habría recursos para sortear los candados, como postular un solo precandidato y que éste fuera el único en hacer campaña, pero tales resquicios se podrían cerrar de aquí a la asamblea.Lo que también asegura mayor apertura en el procedimiento de selección de candidato presidencial son los otros requisitos de militancia previa comprobada, pues hasta hace muy poco era costumbre que los funcionarios públicos se declararan priístas aunque no tuvieran ningún vínculo con el partido lo cual reduce por lo pronto la lista de posibles aspirantes y obliga a quienes están en la primera línea de la administración pública y aspiran a la Presidencia a dejar sus cargos a más tardar el año venidero, ya sea para convertirse en dirigentes o en candidatos a cargos de elección popular.

Por extensión, esas condiciones se repiten para quienes pretenden ser gobernadores de sus estados y, en lo inmediato, para contender por la primera gubernatura del Distrito Federal que estará en disputa seguramente en las elecciones de 1997, a pesar de los retrasos en la elaboración de las iniciativas de cambios constitucionales para la reforma electoral.

Por lo pronto, es necesario tomar en cuenta que el actual regente, Oscar Espinosa, cumple con los requisitos de su partido para aspirar a la nominación. Junto con él aparecen el actual procurador de Justicia del Distrito Federal, José Antonio González, y los representantes populares por el DF, como los senadores María de los Angeles Moreno, Fernando Solana y Luz Lajous, el presidente del PRI capitalino, Roberto Campa, y otros diputados, además del coordinador de la fracción priísta en la Asamblea de Representantes, Manuel Jiménez Guzmán.

Pero así como la lista de potenciales candidatos para el DF es amplia, se ``recorta'' la relación de aspirantes a la Presidencia de la República. Por ejemplo, hasta el momento no reúnen los requisitos personajes como el secretario de Hacienda, Guillermo Ortiz, o el de Comunicaciones y Transportes, Carlos Ruiz Sacristán, cuyas fichas en el Diccionario Biográfico del Gobierno Mexicano sólo mencionan fechas de ingreso al partido. Entre los que cumplen sobradamente están los titulares de Gobernación, Emilio Chuayffet; de Agricultura, Francisco Labastida, y de Turismo, Silvia Hernández. En menor escala está el de Desarrollo Social, Carlos Rojas, con trabajo partidista pero sin cargos de elección popular; y el de Comercio, Herminio Blanco, quien tuvo un posición colateral en el desaparecido IEPES.

La cosecha

Las elecciones locales en Nayarit, programadas para el próximo domingo, podrían convertirse en un nuevo motivo de conflicto político, si resultan ciertas las denuncias contra el gobernador y dirigente cetemista Rigoberto Ochoa Zaragoza formuladas ayer por el presidente del PAN, Felipe Calderón Hinojosa... El senador panista Rosendo Villarreal, integrante de la Comisión Especial del Senado para el Seguimiento de las Carteras Vencidas, informó que la Asociación de Banqueros de México se comprometió, en reunión con legisladores, a que en un plazo de cuatro días quedará listo el programa de apoyo a los deudores agropecuarios.