Los casos de Abraham Zabludovsky (Televisa) y de Ricardo Salinas (Imevisión), acusados de tráfico de influencias y de lavar dinero de Carlos Salinas son de extrema gravedad ya que evidencian por qué no existe en los medios una información confiable y muestran el nivel de corrupción al que han llegado gobierno y empresarios.

1. Las revelaciones sobre la corrupción sin precedentes de la burocracia gobernante y de los empresarios mexicanos que se siguen dando a conocer desde el exterior, habrían conducido en cualquier país democrático a las más serias investigaciones penales, a un gran debate nacional y, dada su dimensión, a la caída del régimen. La intervención de la justicia para sancionar a los responsables y reparar el daño, habría restablecido el Estado de derecho. En México, sin embargo, los crímenes políticos y el saqueo del patrimonio nacional, sólo han mostrado la prepotencia e impunidad de quienes gobiernan y la debilidad de la sociedad civil, que sigue aceptando todas las maniobras del gobierno.

2. El proceso de exculpación de Carlos Salinas está siendo frenado de tal manera y no por el gobierno ''de Zedillo'', que ha cumplido con la encomienda de encubrir a los responsables del desastre nacional, sino por lo que se está dando a conocer desde el exterior. Córdoba y Zedillo no han podido impedir que de Washington, Berna o Londres se sigan dando a conocer informaciones sobre la penetración del narcotráfico en el sector público y en las empresas y bancos del país.

3. La privatización, ahora se sabe, no ha sido en México otra cosa que la requisición de los bienes de la Nación por una narcomafia encabezada por Carlos Salinas de Gortari.

4. Las evidencias abrumadoras muestran que los Salinas utilizaron el proceso de privatización y a los más importantes neoempresarios y neobanqueros para lavar el dinero que obtenían del narco, y que éstos a cambio utilizaron a su gobierno a fin de obtener subvenciones, concesiones y licitaciones que condujeron a consolidar a los grupos oligárquicos que dominan en el país.

5. Los mecanismos que dejó Carlos Salinas para garantizar su impunidad han empezado así a mostrar fisuras en donde menos se esperaba. Salinas entendió que era intocable por la narcoamnistía que le dio Washington a cambio del TLC y por el control que siguió ejerciendo sobre el nuevo gobierno. El escenario parecía perfecto: de intentar acusársele por los crímenes políticos se tendría que implicar a Zedillo y de buscar procesársele por ''lavado de dinero'' se involucraría a los principales empresarios. Salinas no contó sin embargo con que algunos centros de poder financiero tuvieran una reacción de autodefensa al descubrirse su papel en un sinnúmero de operaciones ilegales. Las evidencias sobre la fortuna descomunal amasada por los hermanos Salinas a través del peculado y del narco se ha conocido porque al involucrar a bancos suizos, británicos, norteamericanos o de las Islas Caimán, empezó a evidenciar (y a amenazar) al sistema financiero internacional.

6. La desorbitada corrupción del sexenio salinista está hoy documentada, y Carlos Salinas empieza a ser abandonado por sus socios y amigos, como el grupo Televisa, pero el gobierno de Zedillo ha hecho de su defensa un asunto de interés estratégico para la supervivencia de su gobierno: parece tenerle prendida una veladora a Salinas. De ahí que no deba extrañar que el panista Fernando Gómez Mont (abogado de Los Pinos) viaje a Nueva York para darle una salida jurídica al ``caso Salinas'' (La Jornada, 30 de junio).

7. El problema de México es, como se ve, que una transición política hacia un Estado de derecho requeriría de un nuevo marco constitucional y legal, pero también de reformas de hecho: desmantelar a) tanto al sistema político corporativo y presidencialista (hoy sometido a Córdoba y Salinas), como b) a la red de narcointereses que dominan las estructuras financieras, industriales, comerciales y de los medios de comunicación.

8. El desastre de Zedillo a menos de dos años de haber llegado a Los Pinos tiene que ver con el fracaso gubernamental en el manejo de la economía y de la política, pero sobre todo con su falta de ascendencia moral por asumirse como el guardián de los intereses económicos y políticos de Salinas y de un grupo de narcoempresarios. Los asesores de Los Pinos (y probablemente del Departamento de Estado) que lo han puesto a hacer llamados contra la corrupción y sobre ``la normalidad democrática'' no hacen más que ridiculizarlo aún más, pues los mexicanos saben que en ningún momento de nuestra historia había estado la Nación sometida a tales niveles de corrupción.

9. En un régimen democrático, la credibilidad vendría al procesarse al principal responsable de los crímenes contra la Nación y revisarse todo el proceso de privatizaciones para resarcirla, pero aquí Zedillo prosigue por el contrario en la vía del encubrimiento, pues ya se sabe que cuando se acusa a funcionarios menores es para proteger a los grandes delincuentes y que cuando se crea una comisión legislativa ``para investigar'', es en realidad para exonerar a los responsables (y al ``sistema'').

10. El gobierno no tiene la capacidad de entender que sobre esas bases no puede tener viabilidad alguna. Los mexicanos no pueden tener confianza en un sistema así, y por eso urge reinventar el porvenir.