Desde el sexenio pasado ha cobrado fuerza la tendencia del titular del Ejecutivo a encomendar diversas tareas a personas que se encuentran fuera del organigrama establecido por la Constitución y las leyes, o a crear, en función de reacomodos coyunturales y por la vía del decreto, cargos públicos de primer nivel. Tal fue el caso de la designación, por parte de Carlos Salinas de Gortari, de José Córdoba Montoya, cuya poderosa presencia en el equipo presidencial se convirtió en una fuente de conflictos de diferente índole y diversa magnitud. Hasta la fecha, la mayor parte de la sociedad está convencida de que este ex funcionario ejerció atributos mucho más amplios y decisorios que los que le concedía, formalmente, su nombramiento y, con razón o sin ella, la opinión pública le achaca una parte medular de la responsabilidad en los saldos negativos políticos, económicos y socialesdel salinismo.

Independientemente de las culpas reales o de la inocencia de Córdoba Montoya, es claro que esta imagen se origina en parte, y se empeora, por la ambigedad con la que se manejó su participación en el gobierno.

Otro ejemplo de esta tendencia que igualmente generó confusión, dudas, rumores y, a la larga, descrédito fue el nombramiento ad honorem de Manuel Camacho Solís como comisionado de Paz para Chiapas.

Hoy en día, en un nivel muy diferente, la relación del abogado Fernando Gómez Mont con la Oficina de la Presidencia ha dado pie a versiones, informaciones, contrainformaciones y desmentidos que en poco contribuyen a un ejercicio transparente de las tareas públicas y a un deslinde entre éstas y los negocios privados. Hace más de un año, el 9 de junio de 1995, en estas páginas, el articulista Emilio Zebadúa señaló, por ejemplo, que Gómez Mont y la empresa de consultoría que encabezaba Análisis y Desarrollo de Proyectos, SA de CV participaron, ``por encargo del gobierno federal, en diversos proyectos de seguridad pública y de reestructuración administrativa de varias secretarías de Estado''. Meses más tarde, el 28 de septiembre del año pasado, el mismo analista afirmó que el abogado colaboraba con Luis Téllez, jefe de la Oficina de la Presidencia, ``en diversos proyectos sobre negocios internacionales y seguridad nacional''. Ninguna de esas informaciones fue desmentida.

Tales formas de colaboración no implicarían, por supuesto, actividades ilícitas o inconfesables, y tanto la Presidencia como Gómez Mont tienen pleno derecho de establecer relaciones de trabajo, colaboración o contactos informales. Asimismo, es claro que la tarea gubernamental impone la necesidad de la discreción en puntos sensibles como los relacionados con la seguridad nacional, las pesquisas legales, el combate a la delincuencia y las negociaciones políticas. Resulta cuestionable, en cambio, que un ciudadano se convierta en un operador político del gobierno sin que medie nombramiento, inclusión en el organigrama ni información puntual a la sociedad sobre las tareas y la clase de relación que se establece ni las tareas que se le encomiendan. Es cuestionable, también, que gestiones, asesorías o encuentros de esta importancia puedan ser consideradas como del ámbito privado.

En torno a las relaciones de Gómez Mont con la Oficina de la Presidencia, a su supuesto encuentro con el ex presidente Salinas y a su aparente derecho de picaporte en las oficinas del procurador Antonio Lozano Gracia, se han generado ya inquietudes que deben ser aclaradas, no porque estas situaciones impliquen en sí una acción incorrecta, sino porque la informalidad y la ambigedad con las que han sido manejadas podría generar mitos y equívocos nocivos para los propósitos de transparencia del presente gobierno y para la propia reputación del abogado penalista y ex diputado del PAN. En términos más generales, sería deseable que las muchas tareas de consulta, gestión y asesoría que requieren la Presidencia y sus oficinas fueran encomendadas en el marco de los puestos y cargos previstos por las leyes.