Un militar o ex militar, al frente del EPR: general Garfias Magaña

Oscar Camacho y Elena Gallegos Un militar o un ex militar podría ser quien esté al frente del grupo armado autodenominado Ejército Popular Revolucionario, que se dio a conocer el 28 de junio en Aguas Blancas, Guerrero, aseveró ayer el general del Ejército Mexicano, legislador priísta y presidente de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, Luis Garfias Magaña.

El militar fue más allá al señalar que por su extrema peligrosidad, a los alzados de Guerrero se les debe ``acusar de sedición'' y así ``condenarlos a muerte''.

Por su parte, el diputado independiente Tonatiuh Bravo dijo que resulta cuestionable desde el punto de vista constitucional el despliegue y la forma en que operan las tropas del Ejército Mexicano en Guerrero, dado que actúa como si en esa entidad se hubiera decretado suspensión de las garantías individuales, cuando esto no ha sido así.

``Con esto se pone de nuevo en riesgo, cuando debería de protegerse, la imagen y el prestigio del Ejército ante la población'', indicó Bravo.

En entrevista, Garfias Magaña indicó que las autoridades de la Secretaría de la Defensa Nacional, de las policías judiciales y las de Guerrero deben poner mucha atención en el tipo de armamento y en la uniformidad con que se presentó el EPR, para así poder reconocer cuál es su origen o identidad.

Indicó que la presunción de que un militar o un ex militar podría estar al frente del EPR la funda en la observación que hizo de varios detalles, como el tipo de uniforme, la forma de portarlo, la colocación de los distintivos y el uso de botas negras, entre otros.

``Se ve que tienen una organización realmente militar y esto puede dar indicio de que haya algún ex militar o militar que los organiza, lo cual debe de pensarse'', dijo.

A su vez, Bravo explicó que los cateos sin orden del juez y los retenes militares que impiden el libre tránsito deben ir acompañados de la suspensión de garantías para no caer en el marco de la ilegalidad, aunque aclaró que él de ninguna manera justifica nada que signifique violencia y represión contra la población