Formal prisión al líder de la OCSS Hilario Mesino

Raúl García, corresponsal, Chilpancingo, Gro., 7 de julio La Organización de Pueblos y Colonias de Guerrero (OPCG) presentó a las comisiones nacional y estatal de derechos humanos la primera queja relacionada con posibles abusos policiacos en la búsqueda de presuntos integrantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR).

La denuncia se refiere al caso de José Nava Andrade, militante de la OPCG en esta ciudad, ``secuestrado'' el martes de la semana pasada y liberado el sábado por presuntos agentes de Gobernación y judiciales, quienes lo habrían torturado para obligarlo a ``confesar'' los nombres de los encapuchados que irrumpieron el 28 de junio en Aguas Blancas.

María Trinidad y José Guillermo Nava Castaño, hijos de Nava Andrade, relataron que, el martes 2 de julio, acompañaron a su padre al palacio municipal para pedir una audiencia con el alcalde, Jorge León Robledo, y exigirle el pago de una indemnización por los golpes que le propinaron a su progenitor, el 28 de abril, en el desalojo de un predio tomado por la OPCG. Nava Andrade recibió un macanazo que le fracturó un brazo y le inmovilizó los tendones de la mano.

Después de esperar un rato, el padre y sus hijos fueron a sentarse en una banca del parque de la plaza cívica Primer Congreso de Anáhuac, donde los alcanzaron dos individuos, a los que identifican como ``agentes de Gobernación'', y ``se lo llevaron con engaños, diciéndole que iba a tener una audiencia con el gobernador Angel Aguirre'', y el hombre ya no regresó.El hecho fue denunciado por dirigentes de la OPCG y del Frente Amplio para la Construcción del Movimiento de Liberación Nacional (FAC-MLN) en conferencias de prensa y, el viernes pasado, ante la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Coddehum) de Guerrero y la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos.

Prócoro Valente y Alfredo Barragán, dirigentes del FAC-MLN, informaron que, el mismo viernes, los dirigentes de la OPCG recibieron la visita de José Aguario, Gustavo Nava, Emilio Quintanilla y José Luis Fragoso, visitadores adjuntos de la CNDH que permanecen en esta ciudad desde el martes 2 de julio para estar atentos a eventuales violaciones de los derechos humanos por parte del Ejército y de la Procuraduría General de la República.

Ayer, cuatro días después de su desaparición, Nava Andrade regresó a las oficinas de la OPCG y relató, según los líderes Valente y Barragán, que el martes los dos agentes de Gobernación lo subieron a una camioneta y, a los pocos minutos de haberla puesto en marcha, bajaron y subieron al vehículo cuatro individuos, a los que describió como agentes judiciales.Contó a los representantes del FAC-MLN que le vendaron los ojos y le aseguraron que lo iban a llevar ``a dar una vuelta'' por el vado de Aguas Blancas para que confesara qué dirigentes forman parte del EPR. Lo golpearon en el tórax y en el abdomen y le aplicaron descargas eléctricas en los testículos.

Aseguraron que el militante secuestrado regresó ayer con ``serias'' lesiones y en un estado psicológico ``muy grave'', por lo que no quiso hablar con reporteros ni ampliar su relato porque, poco antes de dejarlo ir, lo amenazaron con asesinar a su familia.

El FAC-MLN y la OPCG anunciaron que este lunes tendrán una reunión con el presidente de la Coddehum, Juan Alarcón Hernández, y con los cuatro visitadores adjuntos de la CNDH, en la que ampliarán la queja que habían presentado, por la desaparición de Nava Andrade, quien dará su testimonio si su estado de salud se lo permite.

Maribel Gutiérrez, corresponsal, Acapulco, Gro., 7 de julio El juez sexto penal dictó hoy auto de formal prisión al dirigente de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), Hilario Mesino Acosta, detenido el 3 de julio, luego de la aparición del llamado Ejército Popular Revolucionario (EPR) en el vado de Aguas Blancas.

Mesino tenía orden de aprehensión desde el 13 de julio de 1995 por los delitos de sedición y privación de la libertad, que no se consideran graves, pero hoy el juez los reclasificó a motín y secuestro, respectivamente.

Con esta resolución, el dirigente de la OCSS no podrá obtener la libertad bajo fianza, porque el delito de secuestro sí se considera grave y tiene estipulada una penalidad de 10 a 25 años de prisión.

Esta mañana, antes que venciera el término para dictar el auto constitucional, el juez Edmundo Román Pinzón, por medio del secretario del juzgado, dio a conocer su resolución al inculpado, quien no firmó el documento porque su abogado no estaba presente.

En la resolución del juez no aparece referencia alguna al EPR, a pesar de que el agente del Ministerio Público adscrito al juzgado que interrogó a Mesino el 4 de julio le preguntó sobre la relación de la OCSS con ese grupo armado, que el detenido negó en todo momento, e incluso dijo desconocer si realmente existe.

El dirigente de la OCSS será procesado por la toma del palacio municipal de Atoyac, que cientos de integrantes de esa organización realizaron el 18 de mayo de 1995 para conmemorar el 28 aniversario del comienzo de la guerrilla de Lucio Cabañas, así como para demandar fertilizantes e insumos agrícolas al gobierno estatal, encabezado en aquel entonces por Rubén Figueroa Alcocer.

En el juzgado se informó que por los mismos delitos se giraron órdenes de aprehensión, también el 13 de julio de 1995, contra los dirigentes y miembros de la OCSS Benigno Guzmán Martínez, Marino Sánchez Flores, José Ascencio Domínguez, Fortunato Avelino Huizache, Reyna Avelino Huizache y Emiliano Estévez Mondragón, así como contra Tita Radilla Martínez, integrante del Comité de Familiares de Presos y Desaparecidos Políticos.

Durante la toma del palacio municipal de Atoyac, que culminó al día siguiente con la firma de un acuerdo entre funcionarios del gobierno del estado y representantes de la OCSS para la entrega de insumos, quedaron en el edificio del ayuntamiento, sin poder salir, la presidenta municipal María de la Luz Núñez Ramos, unos 20 integrantes del cabildo y funcionarios.

La alcaldesa (sin militancia partidista pero postulada por el Partido de la Revolución Democrática) no presentó denuncia alguna, pero lo hicieron los tres regidores del PRI, José Luis Serrano Radilla, Lucio Flores Martínez y Crescencio Olea Ruiz, por privación de la libertad. Además, el Ministerio Público agregó el delito de sedición.

El juez sexto penal cambió la clasificación del delito de privación de la libertad, pues consideró que los campesinos de la OCSS impidieron la salida de los miembros del ayuntamiento para conseguir un objetivo particular, que era que la presidenta municipal cumpliera sus promesas de campaña y que el gobierno les entregara fertilizantes.

Asimismo, cambió el delito de sedición por el de motín porque consideró que fue una acción tumultuaria no para impedir el funcionamiento del gobierno municipal, sino para obligarlo, por medio de la violencia, a que resolviera las demandas de los campesinos.