En la inauguración del seminario internacional Justicia y Sociedad en México, realizada ayer en Palacio Nacional, el presidente Ernesto Zedillo tocó uno de los problemas fundamentales que enfrenta el país en la hora presente: la carencia de un sistema eficaz y creíble de procuración e impartición de justicia. Como lo explicó en ese mismo acto el director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, José Luis Soberanes, la crisis de credibilidad de las instituciones correspondientes desde las corporaciones policiales hasta los tribunales, pasando por procuradurías y ministerios públicos se debe a que éstas se encuentran corroídas por la corrupción y empantanadas por el exceso de formalismos procesales, rezago de expedientes y burocratismo, lo que propicia una tendencia de los ciudadanos a la autoprotección y a la ``justicia por propia mano''.

En afán de la objetividad, debe reconocerse el sostenido esfuerzo que el actual gobierno ha realizado, desde sus primeros días, para sanear y corregir algunas de las desviaciones imperantes en las instituciones judiciales del país. Cabe destacar, como parte de ese empeño, la serie de reformas legales emprendidas en los primeros meses de la gestión zedillista para deslindar y precisar las funciones de los órganos judiciales, así como para agilizar su funcionamiento.

Pero, en el mismo espíritu, no debe omitirse el hecho de que estos esfuerzos no han logrado, hasta ahora, que la sociedad perciba un cambio real en el accionar de la justicia nacional. Por supuesto, el problema no es únicamente de percepción: han pasado más de tres años del homicidio del obispo Juan Jesús Posadas Ocampo; más de dos desde el asesinato de Luis Donaldo Colosio; casi 24 meses del crimen de José Francisco Ruiz Massieu, y más de un año de la muerte de Abraham Polo Uscanga, por citar sólo los casos más sonados de los años recientes, y en todos ellos persisten las dudas, las incongruencias y las inconsistencias en las respectivas investigaciones.

A los ojos de la opinión pública, estos casos no sólo revelan la poca eficiencia y las actitudes erráticas de las dependencias que debieran procurar e impartir justicia, sino, más grave aún, una falta de voluntad política para llevar las pesquisas hasta el fondo. Para despejar en algo este escepticismo generalizado bastaría con llamar a declarar ante el Ministerio Público a las más altas personalidades del gobierno anterior, no porque se considere a priori que estén involucradas en el homicidio de Lomas Taurinas, sino porque es por demás razonable suponer que pueden aportar información valiosa para llegar al esclarecimiento final de ese crimen que conmovió al país. La pertinencia de esas comparecencias se ve reforzada por la necesidad de esclarecer las recientes revelaciones sobre los millonarios negocios realizados por Raúl Salinas de Gortari y diversos empresarios nacionales cuando el hermano del primero ocupaba la Presidencia de la República.

Otro punto negativo en el balance de la procuración de justicia en lo que va del presente sexenio es la impunidad de que disfrutan Roberto Madrazo Pintado, contra quien hay sólidas pruebas que hacen presumir la comisión de graves delitos electorales cuando era candidato a la gubernatura de Tabasco, y Rubén Figueroa Alcocer, gobernador de Guerrero con licencia, sobre cuya participación en la matanza de Aguas Blancas existen indicios que no han sido suficientemente investigados.

El descrédito de la justicia ante la sociedad no va a revertirse únicamente con reformas legales y con la depuración y reorganización de los organismos judiciales y policiacos. Es preciso, además, que el gobierno manifieste voluntad política para llegar al fondo de la verdad en la serie de asesinatos de los años anteriores, en los escándalos financieros de Raúl Salinas y sus socios, y en los casos de Tabasco y Guerrero.