Guerrero: dónde estaba la seguridad nacional?
El que negó al EPR, ahora en la policía capitalina
Cuando el general de división Enrique Tomás Salgado Cordero fue enviado a Guerrero como comandante de la Novena Región Militar, el 7 de febrero de 1995, dijo que la guerrilla en esa entidad ``es cosa del pasado''. Esa postura, de negar sistemáticamente la existencia de grupos armados en territorio guerrerense, la mantuvo hasta junio de 1996, cuando fue designado titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal.
Más aún, luego de un extenso recorrido por el estado, ya como jefe militar de Guerrero, fue más explícito: ``En el estado no hay comunidades en extrema pobreza y no existen grupos armados guerrilleros. En cuanto a informaciones que se propalan de la existencia de grupos armados, entre comillas de guerrillas, no existen tales. El movimiento armado es sólo historia; ahora las condiciones son otras, prevalece en la población el espíritu de trabajo y de progreso.``Hasta el momento nadie sabe la razón por la que Enrique Tomás Salgado Cordero fue promovido como comandante de la Novena Región Militar a la Secretaría de Seguridad Pública. Si acaso, la promoción fue resultado de los importantes nexos políticos de otro general del Ejército Mexicano, Arturo Salgado Cordero, al parecer hermano de Enrique Tomás y quien fuera encargado, en el Estado Mayor Presidencial, de las giras de Carlos Salinas de Gortari.
Se sabe, eso sí, que la inseguridad pública en el Distrito Federal se elevó al rango de razón de Estado, debido a los altos índices de criminalidad que prevalecen en una de las ciudades más pobladas del mundo y su zona metropolitana. Por eso la llegada de militares de alto rango para hacerse cargo de la seguridad de los capitalinos, tarea que por cierto el propio Salgado Cordero había desechado como labor a cargo del Ejército.
Lo curioso del caso es que a poco menos de un mes de que Salgado se hiciera cargo de la titularidad de la policía capitalina apareciera públicamente un grupo armado que se identificó como Ejército Popular Revolucionario (EPR), cuyo surgimiento pareció más bien emergente a raíz del asesinato colectivo de campesinos en el vado de Aguas Blancas que reivindica la lucha armada del pueblo ``frente a la violencia institucionalizada'' y que plantea ``el derrocamiento del gobierno antipopular y antidemocrático, la restitución de la soberanía popular y el castigo a los culpables de la opresión política, la represión, corrupción, miseria y hambre''.
Pero llama la atención que a casi dos semanas de la aparición del EPR, ni el Ejército Mexicano ni el aparato de seguridad o inteligencia nacionales hayan definido el carácter del nuevo grupo alzado. Sorprende que si el EPR se constituyó y obtuvo armamento a raíz del crimen colectivo de Aguas Blancas, ni el responsable militar de Guerrero u otros organismos de seguridad nacional hayan detectado y hasta descubierto el surgimiento de un grupo armado como éste.
Apenas el pasado viernes, en su gira por el estado de Nuevo León, Ernesto Zedillo respondió algunas preguntas de reporteros locales respecto del EPR. Expresó: ``tuvimos hace unos días un incidente a todas luces lamentable, porque apareció en una reunión pública un grupo con armas prohibidas, haciendo una proclama violenta y agresiva contra el Estado de derecho, y eso por sí mismo, aunque no incurrieron en ningún acto de violencia física contra ninguna de las personas que estaban allí presentes, constituye un motivo de preocupación. La verdad es que sería prematuro hacer un juicio sobre esa circuntancia, porque no sabemos realmente quiénes son esas personas, qué intereses tengan, quiénes les hayan financiado las armas con las que aparecieron. Lo que hemos decidido desde el primer momento es aplicar la ley''.
Contrasta esa declaración, con una nota informativa publicada en el semanario Proceso (número 1027 de fecha 7 de julio) en la que se dice que según fuentes de la Sedena, el EPR ``es una agrupación militar de verdad y no un grupo de individuos imputables únicamente por el delito de portar armas de uso exclusivo de las fuerzas armadas''.
Si el Ejército Popular Revolucionario es una agrupación guerrillera de verdad, por qué no le da el gobierno un trato igual, una salida negociada como la que le dio al EZLN?En el fondo, cualquiera que sea el origen del EPR, queda al descubierto que no hay instancia alguna capaz de detectar ni la inconformidad ciudadana producto de la crisis o el surgimiento de grupos emergentes ante la ausencia de mecanismos efectivos de impartición de justicia. Si el EPR es un grupo guerrillero real, la exoneración de Rubén Figueroa Alcocer y la inexistente aplicación de justicia en Guerrero habrían sido el germen de su aparición.