Gracias al compromiso adquirido por 34 organizaciones no gubernamentales de Asia, Africa, Europa y América se estableció en febrero pasado en Quito, Ecuador, una red de vigilancia civil, Oilwatch Internacional lleva por nombre, con el fin de apoyar y fortalecer iniciativas locales en su lucha contra los efectos negativos de la explotación del petróleo y sus derivados, así como educar y concientizar al público, y a los políticos y la tecnoburocracia en particular, sobre la necesidad de vigilar ambiental y socialmente la actividad petrolera. Acaba de constituirse la filial mexicana en una concurrida reunión realizada en Coatzacoalcos. Durante dos días, dirigentes sociales y sindicales, miembros de la comunidad académica y organizaciones no gubernamentales de Veracruz, Tabasco, Campeche, Oaxaca y el Distrito Federal, expusieron los elementos claves que caracterizan a la citada industria, sus efectos ambientales y sociales, así como los problemas que enfrentan las organizaciones ciudadanas en su lucha por un desarrollo armónico.

En Coatzacoalcos se resaltó la importancia histórica que el petróleo ha tenido para el país, especialmente durante este siglo: un recurso estratégico para el desarrollo que debe ser bien administrado y seguir en manos del sector público, al igual que la petroquímica básica y secundaria. El investigador José Luis Manzo refirió la creciente dependencia que arrastramos ahora, pues lo prioritario para el gobierno ha sido el pago de la deuda externa contratada básicamente con bancos estadunidenses, extrayendo y exportando hidrocarburos hacia el vecino del norte. Mientras, los ingresos obtenidos no se han dirigido en la cantidad requerida para mantener y mejorar la infraestructura petrolera y petroquímica y aminorar sus efectos en la sociedad y el ambiente.

Nada más acertado fue celebrar en una ciudad costera como Coatzacoalcos, la reunión para formar la filial mexicana de Oilwatch pues ejemplifica los desajustes ocasionados por el petróleo. Con precisión Alejandro Toledo recordó que el Golfo de México es la zona más productiva en cuanto a recursos oceánicos y costeros y, de mantenerse las tendencias actuales, por lo menos una quinta parte de la población del país dependerá en el siglo próximo de los recursos allí existentes: en sus ricas plataformas continentales se genera el 90 por ciento del gas natural y el 80 por ciento de los hidrocarburos, mientras sus pesquerías representan el 40 por ciento de la producción nacional. Sin embargo, advirtió sobre la enorme contradicción que existe entre la velocidad de las perturbaciones ocasionadas por las actividades humanas y la lentitud de las estructuras científicas y de decisión para controlar y reaccionar ante los cambios que se ocasionan a la naturaleza y a la población local.

No solamente es la contaminación por la extracción y el transporte del ``oro negro'', los subproductos y desechos originados en los procesos de transformación, por los accidentes de buques y las fugas en ductos (asuntos que el investigador Alfonso Vázquez Botello ilustró fehacientemente), sino también los impactos sociales y económicos: desde los daños a la salud de quienes viven en las áreas petroleras, hasta la modificación de la estructura productiva de las comunidades donde se ubican los campos de extracción y que repercuten en áreas más amplias. Raymundo Saury puso el ejemplo de Tabasco, donde el petróleo modificó drásticamente el panorama económico y social. Baste citar el desplazamiento de la producción de granos básicos y de otros cultivos (copra, cacao y plátano) a los que se agrega la pesca y el surgimiento de fuertes conflictos sociales que se expresan en el plano político y en la necesidad de indemnizar a los afectados, pero sin mitigar los daños a lagunas, suelos, vegetación, recursos hídricos, flora y fauna. Tales indemnizaciones, y su secuela: la industria de la reclamación, no resuelven el problema económico local, alientan la corrupción de funcionarios y líderes, dividen a las comunidades, y crean un clima de tensión política.

En fin, quienes constituyeron el Oilwatch Mexicano (su sede será Villahermosa), están convencidos de que solamente con la participación democrática en la toma de decisiones sobre el universo petrolero, con información veraz y oportuna para medir sus efectos ambientales y sociales, será posible hacer las cosas distinto. Sobre esto último se recalcó la necesidad de modificar la actual política de información de Pemex, pues impide fundamentar diagnósticos, críticas y propuestas, promover acciones de prevención, mitigación y rehabilitación de las áreas afectadas por los hidrocarburos y sus derivados. El derecho a la informacin debe hacerse realidad en el caso de recursos renovables básicos que pertenecen a todos los mexicanos, pero sobre los cuales decide un exclusivo grupo tecnocrático. La meta es lograr que se utilicen en beneficio de la sociedad, en base a políticas que alienten el mejoramiento de los esquemas productivos y tengan en cuenta al medio y a la población. No como hasta ahora.