A juicio penal, 26 jornaleros de San Quintín, BC

Andrea Becerril, enviada, y Jorge Alberto Cornejo, corresponsal San Quintín, BC La jueza Silvia López Cortés dictó esta noche auto de formal prisión a 26 trabajadores agrícolas implicados en los disturbios del miércoles pasado; 13 ya habían salido libres bajo fianza y el resto permanece encarcelado.

Originalmente se había consignado a 37 jornaleros por los delitos de motín, daño en propiedad ajena, lesiones y robo. A la mayoría se le exculpó de los tres primeros delitos, excepto a Ernesto Bohórquez Lucero, alias El Neto, a quien se encontró culpable de daño en propiedad ajena, y a 12 compañeros más por robo.

Cuatro de los detenidos son indígenas y podrían salir libres mañana si el Instituto Nacional Indigenista paga los mil nuevos pesos que el juzgado mixto de paz fijó como caución a cada uno de los inculpados.

La situación de los 13 trabajadores migrantes que no han podido cubrir esa suma es precaria. Desde el jueves, cuando los detuvieron, los mantienen en dos celdas de 3.5 por 5 metros sin bañarse y prácticamente sin comer. Los mingitorios están desbordados de orines.

Aristeo Manzo, Antonio Calletano y Javier Villalobos, entre otros reos, comentaron que el jueves, cuando los encarcelaron, los visitó el procurador de Derechos Humanos de Baja California, Antonio García Sánchez, y aunque se comprometió a estar al pendiente de su situación nada ha hecho. La mayoría de los detenidos no tiene familia o alguien que pueda depositar la fianza, ya que proceden de varios estados como Oaxaca y Veracruz.

El comandante de Seguridad Pública de San Quintín, Miguel Ortega Castilla, dijo que no hay recursos para mantener a los reos y que los propios policías han tenido que cooperar para comprarles algunos alimentos.

Mientras, pese a lo dicho por las autoridades laborales estatales, la empresa Empacadora Santa Anita no ha recibido sanción alguna por haber retenido durante tres semanas los salarios de su personal, lo que motivó la rebelión de los trabajadores que derivó en un saqueo de tiendas y establecimientos.

El gerente de la empresa, Gabriel Oliva, aseguró que no los han multado, como se había dicho, y se negó hacer más declaraciones. ``Sólo en presencia de mi abogado podría hablar'', argumentó.

A su vez, el comandante de la policía, Miguel Ortega Castillo, sostuvo ante los reporteros que durante la operación para contener la revuelta no se utilizó la violencia y que fue uno de los comerciantes quien disparó al aire para impedir que su establecimiento fuera saqueado. Sin embargo, los detenidos aseguran que los golpearon con macanas, las cuales forman parte del equipo antimotines que la policía local estrenó ese día.