Proponen crear una comisión que investigue la venta de paraestatales

Ismael Romero y Ricardo Alemán Los grupos legislativos de los partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática afirmaron en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión que en materia de lucha contra la corrupción, el Ejecutivo se ha quedado sólo en las palabras. Los segundos pidieron poner un alto al ``principio de complicidad'' y crear una comisión especial que investigue la privatización de todas las empresas públicas, para lo cual deberá llamarse a declarar a Carlos Salinas, Jaime Serra, Pedro Aspe, Jacques Rogozinsky y empresarios beneficiados.

En la tribuna, el senador perredista Héctor Sánchez López señaló que si el presidente Ernesto Zedillo no pasa al terreno de los hechos, esto lo convertirá en ``cómplice de la corrupación salinista''.

El Partido Revolucionario Institucional, por conducto del senador José Murat, dijo que no sólo rechazaba la corrupción de funcionarios públicos, sino también la de los particulares, pero agregó que la lucha en contra de ella no debe convertirse en una ``cacería de brujas, en un asunto de veganzas, cobro de cuentas o en una estrategia de sospechas hacia todos''.

Específicamente, su compañero de bancada, el senador José Luis Soberanes Reyes, exigió que no se involucrara a Zedillo en los presuntos pagos indebidos de Conasupo a Maseca, pues pretender hacerlo ``es caer en posiciones facciosas, obsesivas y de intención perversa por alcanzar notoriedad, sobre la base de difamación y la falta de verdad''.

Condenas a Aguilar Zínser

Sin mencionarlo, Soberanes Reyes aludió al diputado independiente Adolfo Aguilar Zínser, contra quien lanzó calificativos por haber revelado información sobre el caso Maseca a un periódico estadunidense. Por ejemplo, dijo que los legisladores priístas rechazaban ``la irresponsabilidad y protagonismo enfermizo de quienes mencionan hechos o personas, sólo para acreditar sus presuntas virtudes cívicas y democráticas''.

También dijo que los priístas rechazan ``la aparente intención de algunos de ofender a las instituciones del país y debilitarlas emitiendo opiniones escandalosas no sustentadas''. Para rematar, señaló que ``las convicciones democráticas no se acreditan emitiendo presunciones irresponsables''.

El perredista Sánchez López deploró que mexicanos tengan depositados en bancos estadunidenses (islas Gran Caimán) más de 94 mil millones de dólares, 55 por ciento de la deuda externa. E inmediatamente lanzó una crítica al jefe del Ejecutivo por hacer declaraciones contra la corrupción que ``suenan huecas, faltas de consistencia'', además de que muestran ``una profunda discrepancia entre las palabras y los hechos''.

El senador oaxaqueño dijo que en el caso Maseca, lejos de invitar a los involucrados a rendir testimonio, el Ejecutivo atacó a Aguilar Zínser. Respecto de la revisión de las privatizaciones, señaló que si no se investiga se truncarán las buenas intenciones del gobierno de abatir la corrupción.

Desmienten a diputado priísta

El diputado panista Juan Antonio García Villa, presidente de la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda, coincidió con el perredista en que ``la retórica y los pronunciamientos líricos'' del Presidente, en materia anticorrupción, no corresponden a una realidad perceptible, y mencionó que el Ejecutivo envió al Congreso una iniciativa de reformas a la Constitución, para crear un órgano superior de fiscalización, ``notoriamente insuficiente''.

Por ello, agregó, los pronunciamientos del Presidente no corresponden realmente a una actitud abierta, franca, cuyo propósito sea combatir la corrupción. García Villa propuso crear un marco jurídico eficaz que aleje a todos del amarillismo y la cacería de brujas, y con ello crear una verdadera cultura de la fiscalización en México.

Previamente, el panista desmintió al presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, Antonio Sánchez Gochicoa, quien afirmó el martes que la cuenta pública de 1993 estaba revisada y con ello la privatización de Imevisión. El panista dijo que esta venta nunca se auditó, ya que sólo se practican auditorías a una muestra que se toma de todo el gasto gubernamental.

En el debate también participaron Alfonso Primitivo Ríos, diputado petista, y la senadora Irma Serrano.

Más tarde, el tema de la corrupción fue abordado nuevamente cuando el diputado del PRD Víctor Quintana se refirió al caso Conasupo. Afirmó que la Comisión Investigadora ha tropezado con muchos obstáculos y advirtió sobre el peligro de ``un punto de quiebra'' en las pesquisas; además, dijo temer un ``mayoriteo'' priísta para cerrar las tres principales líneas de investigación: la relación de la empresa con sus principales clientes y filiales, la compra y distribución de leche radiactiva y la desaparición de 2 mil 366 toneladas de leche en polvo.

Quintana retomó después el caso Maseca y afirmó que los priístas se han rasgado las vestiduras sin haber leído el documento completo presentado a la comisión por Aguilar Zínser. Se mostró preocupado de que en agosto se den resultados de investigaciones que han sido lentas, y se quejó de que el Ejecutivo está interfiriendo en la función investigadora del Legislativo.

Ismael Orozco Loreto, diputado del PRI, pidió la palabra para repetir párrafos de la intervención del senador Soberanes, relacionada con el caso Maseca. Esto fue aprovechado por el perredista Quintana para subir nuevamente a la tribuna y decir que en este asunto sólo era suficiente con que se dijera quién autorizó el pago de 15 millones de pesos a Maseca.

El diputado priísta Juan Manuel Acevedo salió al paso y le dijo a Aguilar Zínser que había roto, con sus declaraciones, un código de ética de la Comisión Conasupo, y que si quería saber quién autorizó el pago, él se lo podía decir ``a título personal''. No lo hizo, porque argumentó que sería ``prejuzgar'' y con esta intervención, acabó el debate.