Releva Samper a su canciller, a quien vinculan con el narco

Afp, Ap, Ansa, Efe y Reuter, Santafé de Bogotá, 10 de julio El gobierno del presidente colombiano Ernesto Samper enfrentaba hoy un paro de 24 horas iniciado por los trabajadores petroleros y del sector de telecomunicaciones en rechazo a planes para abrir los dos estratégicos sectores a la inversión privada.

Además, continuaba por tercer día consecutivo el bloqueo a la frontera con Ecuador en el sureño estado de Nariño por parte de comunidades indígenas y concejales de 14 municipios, que exigen la ejecución de obras de desarrollo, mientras un grupo de indígenas mantiene ocupadas la oficina de Asuntos Indígenas y las de la Conferencia Episcopal, en protesta por la falta de tierras, las persecuciones que sufren en algunas zonas del país y la falta de ayuda al gobierno.

A pesar de la tensión que provocó una amenaza formulada ayer por el ministro de Defensa, Juan Carlos Esguerra, de que enviaría tropas a Nariño para levantar el bloqueo --que ha dejado pérdidas por 2.5 millones de dólares diarios--, el ministro del Interior, Horacio Serpa, dijo que los problemas que enfrenta la administración de Samper están en proceso de solución.

En un intento por atenuar el enfrentamiento con Estados Unidos, Samper designó a su hasta ahora ministra de Educación, María Emma Mejía, como nueva titular de Relaciones Exteriores, en sustitución de Rodrigo Pardo, a quien la Fiscalía General investiga por su presunta responsabilidad en el ingreso de dinero procedente del narcotráfico en la campaña electoral de Samper, en 1994.

Mejía fue relevada a su vez por la conservadora Olga Duque de Ospina, a pesar que el partido opositor manifestó su rechazo a la designación. Con estos nombramientos suman ya cuatro el número de mujeres en el gabinete de Samper, y Mejía se convierte en la segunda mujer que asume la cartera del Exterior; la primera fue Noemí Sanín, durante la administración de César Gaviria.

El embajador estadunidense aquí, Myles Frechette, insistió en que la extradición es la única alternativa que tienen Washington y Santafé de Bogotá para avanzar en la lucha contra el narcotráfico, al tiempo que trascendió que el centenar de propiedades confiscadas por la Fiscalía General a los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, líderes del cártel de Cali, fueron valuadas en unos 46 millones de dólares. En tanto, el ex tesorero de campaña de Samper, Santiago Medina, quien hasta ahora gozaba del beneficio de arresto domiciliario, sufrió esta noche un amago de infarto luego que un juez determinó que debe retornar a prisión.

Tras la exoneración de Samper en el proceso que le siguió el Congreso a raíz de filtraciones de dinero del narcotráfico en su campaña electoral, la principal discrepancia entre ambos países es la negativa colombiana a extraditar a Estados Unidos a los encarcelados líderes del cártel de Cali, ya que la Constitución colombiana prohíbe la extradición de sus ciudadanos.

En tanto, el congresista liberal José Guerra de la Espriella se entregó hoy a las autoridades para enfrentar acusaciones de enriquecimiento ilícito con apoyo del narcotráfico. Guerra es el noveno legislador detenido por esta situación.

A pesar de la adhesión a los paros convocados por la Unión Sindical Obrera, que congrega a los petroleros, y por los trabajadores de Telecomunicaciones, la medida de fuerza, dijo el gobierno, no provocó la suspensión de la producción de crudo ni tampoco aisló telefónicamente al país.

En el paro participaron alrededor de 3 mil trabajadores sindicalizados de los 8 mil de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones y 7 mil de los 11 mil de la Empresa Colombiana de Petróleos (Ecopetrol).

Los trabajadores petroleros se oponen a que la estatal sea dividida en varios organismos autónomos que manejarían separadamente la producción, refinación y comercialización de petróleo y gas, lo que, sostienen los sindicalistas, representará el primer paso a la privatización de Ecopetrol.

Los trabajadores de telecomunicaciones, que dejaron operando el servicio de llamadas de larga distancia por discado automático, rechazan la planeada concesión a la iniciativa privada de los servicios de telefonía de larga distancia nacional e internacional. ``El gobierno está regalando por 300 millones de dólares a las empresas extranjeras un negocio que vale 2 mil millones de dólares'', dijo el dirigente de los telefonistas, Everto López.