José Ureña
Clase política

Mobil Oil en la petroquímica mexicana.

Los ejecutivos de esa empresa estadunidense andan felices y tienen razón. Es la primera transnacional escogida por el gobierno mexicano para incursionar en una industria hasta ahora exclusiva del Estado y su proyecto va muy avanzado.

Instalarán su planta en Nuevo León, probablemente cerca de Monterrey, y en una posición de privilegio para exportar a Estados Unidos. Si no hay contratiempos, la construcción comenzará entre septiembre y noviembre.

Tomada esta determinación, el Poder Legislativo puede quedarse con sus recomendaciones de no desincorporar activos de Petróleos Mexicanos (Pemex) en tanto no haya un consenso para ello y reglas claras en las ventas.

Dice la recomendación 9 de la subcomisión plural de diputados:

``Hay insuficiencia en la información que el Ejecutivo ha dado a la sociedad respecto a los procedimientos, propósitos y beneficios del proceso motivo de los trabajos de la subcomisión. Por lo tanto, es deseable una mayor claridad con el diseño de una estrategia de comunicación''.

Plantas al norte, lejos de las zonas petroleras

La estrategia diseñada involucra asuntos que podría cuestionar cualquier nacionalista. En principio se acata la recomendación de generar riqueza mediante el concurso de capital de riesgo y la idea de evitar conflictos con el sindicalismo nacional.

Es decir, al llegar la Mobil Oil --y probablemente luego la Exxon-- se podrán pregonar acatos al reclamo del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) y a los apoyos congregados en torno suyo.

Sí, pero podría callarse que los complejos puestos a la venta no tienen competitividad internacional porque fueron instalados a partir de 1949 y que la inversión se estancó desde 1986 cuando el Estado retiró los subsidios y desreguló la industria.

Por algo Pemex Petroquímica está muy abajo de DuPont, Dow, Exxon, Shell, Monsanto, Amoco, Mobil y Chevron, y por decisión superior pronto deberá competir aun en el mercado interno con esos gigantes.

Las transnacionales que negocian concesiones han prometido tecnología de punta y, al traerla, pronto estarían en condiciones de absorber el mercado nacional. Sería la muerte de los complejos mexicanos, que hoy por hoy no se pueden vender por la oposición social y las condiciones de mercado.

El proyecto general contempla también la separación de las zonas productoras de hidrocarburos de las nuevas petroquímicas. Yacimientos y extracción están en el sur mexicano, en tanto que la industria procesadora estaría en el norte.

Así, con la lejanía de los movimientos contrarios a la desincorporación, el gobierno da certidumbre a quienes de fuera quieran venir a procesar una materia prima que el Estado reservó para la nación en 1938 con la decisión de Lázaro Cárdenas.

La Mobil pone el capital, México su infraestructura

El proyecto para la construcción de la petroquímica en Nuevo León llevará al menos tres años. Es decir, parece difícil que los cuestionamientos de nacionalistas y de la izquierda alcanzaran suficiente resonancia para impactar el proceso electoral intermedio de 1997.

Para ese tiempo comicial apenas comenzaría el debate sobre aspectos que parecen secundarios a pesar de ser sustantivos. Uno de ellos es cómo se abastecería de materia prima --etano, gas natural y derivados de petróleo crudo-- a la petroquímica de la Mobil Oil en el norte del país.

El plan es muy simple: el gasoducto construido en tiempos de José López Portillo y Jorge Díaz Serrano, que va de Veracruz a Tamaulipas y Nuevo León, se transformaría en poliducto y por ahí se trasladarían los insumos que requiera la Mobil Oil. Más claro: la infraestructura nacional al servicio de una transnacional.

Todo esto está en marcha, a punto de la instrumentación. Cuando se anuncie oficialmente la concesión pueden repuntar las acciones de la Mobil en Nueva York y hasta cesar las gestiones del embajador James Jones, quien acude a funcionarios mexicanos para saber cuándo se iniciarán estas desincorporaciones.

Esto sucede mientras en el país crecen las oposiciones y algunos analistas lo hacen con gran lucidez. Uno de ellos es Sergio García Ramírez, presidenciable en 1988, quien remitió un documento al Partido Revolucionario Institucional (PRI) del que se extraen algunas opiniones:

``No fue fácil recuperar los yacimientos del subsuelo. No lo fue contener la codicia de muchos hombres y no pocas naciones. No lo fue levantar la industria petrolera. No lo fue emprender, en torno de ésta, el aprovechamiento de los derivados del petróleo, que permitiría a la nación --precisamente a ella y no sólo a unos cuantos nacionales o a un puñado de extranjeros-- utilizar en su beneficio los rendimientos de lo que todavía llamamos `oro negro'. Un oro cuyas minas se están agotando. Un oro que puede fugarse de las arcas nacionales.

``Si estas ventas no nos trajeron beneficios económicos, sí trajeron, en cambio, otro género de resultados: una sospecha o una certeza que nos quita el sueño; sospecha o certeza sobre los verdaderos motivos de muchas privatizaciones y la identidad de sus beneficiarios reales. Al debate sobre economía, se añade el debate sobre la moral pública y privada, no menos importante que aquél, y mucho más grave.

``El Estado, el gobierno, los funcionarios, son apenas administradores de la riqueza del pueblo. No pueden disponer de esta riqueza sin consultar previamente a quien les otorgó el poder para actos de administración, pero no para actos de dominio: el pueblo mismo''.

Junto a esta opinión está la de Javier Zenteno, gerente jurídico de Pemex y galardonado con presea de honor profesional por el presidente Zedillo, ante quien dijo apenas el viernes que los abogados petroleros son herederos ``de la gesta de 1938, en cuya acta de nacimiento quedó confirmada la grandeza del derecho y la preeminencia de la ley''.

Los senadores cuestionaron, Lozano Gracia se contrarió

El martes 9 el procurador Fernando Antonio Lozano Gracia no la pasó bien ante los senadores. Mal comenzó la entrevista al advertirles que no proporcionaría información del caso Colosio por tener impedimentos legales.

Luego les dijo que está cerca la sentencia para Othón Cortés, presunto segundo tirador el 23 de marzo de 1994, y que él está convencido de su culpabilidad. Le pidieron pruebas, pero no las entregó. De nuevo argumentó prohibición jurídica.

La reunión pintaba para ser intrascendente cuando intervino el senador José Luis Soberanes, uno de los hombres más cercanos al candidato presidencial asesinado. De acuerdo con la versión, se apoyó en información aparecida aquí los dos domingos anteriores:

--Yo me siento muy preocupado por el rol que se le ha asignado a Fernando Gómez Mont. Preocupado porque participa y decide en cuestiones de investigación exclusivas de la fiscalía especial que encabeza Pablo Chapa Bezanilla.

--No entiendo...

--Sí, procurador. Fernando Gómez Mont es cuñado de Enrique Luengo Creel, defensor oficial de Raúl Salinas de Gortari. Es, además, socio de despacho de Rubén Valdés Abascal y ahora, según información de La Jornada que aquí presento, ambos fueron a Nueva York y se entrevistaron con Carlos Salinas de Gortari como sus abogados.

Lozano Gracia quiso intervenir. Soberanes siguió:

--Mi preocupación y la de otros senadores es por saber qué papel juega en este asunto el licenciado Gómez Mont. No puede ser asesor del procurador y asesor del Presidente, al tiempo que interviene en la investigación del asesinato de Luis Donaldo y representa a alguien que debiera investigarse.

Por fin intervino el procurador general de la República. Dijo que Gómez Mont efectivamente es asesor suyo y que en especial lo contrató para elaborar la ley contra el crimen organizado. Pero se abstuvo de dar mayores juicios y, por supuesto, de clarificar las funciones del abogado panista.

Lozano Gracia no desmintió la información difundida aquí, no defendió a Gómez Mont. Eso permitió decir al senador José Luis Soberanes que, como está planteada su situación, el visitante de Carlos Salinas de Gortari aparece al menos interesado en frenar las investigaciones.

El procurador no desdijo al legislador sinaloense y ex colaborador de Colosio. Y para mala suerte del funcionario panista, los senadores prometieron que insistirán en acceder a la averiguación y que fundamentarán jurídicamente su derecho. Todo por escrito, claro.

La cosecha

La inteligencia nacional anda sobre dos pistas. La primera documenta cómo un político cercano a Luis Echeverría, que se dice de izquierda, que traicionó en 1994 al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y que persigue de cerca a Carlos Salinas, es el principal informante de México del senador republicano Hollings, un político de extrema derecha e impulsor, junto con Jesse Helms, de medidas que afectan al país... La otra toca a un político sonorense incrustrado en la Procuraduría General de la República (PGR). Es una investigación por fuera que puede dar dolores de cabeza a Lozano Gracia y su equipo. Pronto habrá noticias... El embajador Horacio Flores de la Peña está por dejar la República Checa. Apenas si cobrará completo el mes de julio. El asunto tiene ciertas implicaciones porque el presidente Zedillo y el canciller José Angel Gurría andan a la búsqueda de un hombre que no sea ``izquierdista nostálgico''. La primera señal de su remoción fue hace tiempo, al quitarle el cargo de embajador concurrente en la república Eslovaca, a la que ahora atiende Roberta Lajous... Grábese usted el nombre de Antony Ryan, Tony para políticos de muchas partes del mundo. Ryan tiene una compañía de aviación --Ryan Air--, es cónsul honorario de México en Dublín desde 1991, se dedica a ventas diversas --commodities en el argot empresarial--, su caballerango fue contratado por Raúl Salinas de Gortari y de Irlanda llegó la leche y otros productos descompuestos, de mala calidad y caros, que importó hace tiempo precisamente Raúl Salinas de Gortari. Por sus actividades, Ryan y los Salinas de Gortari parecen buenos socios. Pero hay otros caminos que pudieron andar juntos: en Island Man, Escocia, los bancos mantienen cuentas secretas a las que nadie tiene acceso. Es un paraíso fiscal. Si se confirman más datos, no dude usted que pronto los Salinas recuperarán los principales encabezados de la prensa nacional y extranjera... El presidente Zedillo intervino en el conflicto de las televisoras tras varios intentos fracasados del secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet. En enero, luego de la difusión del video de la matanza de Aguas Blancas, Emilio Azcárraga Milmo estuvo con Chuayffet y éste lo llevó a Los Pinos. Ofreció no volver a caer en el amarillismo. Con el video se cobró algunos pequeños daños que le hizo el gobernador Rubén Figueroa Alcocer en Guerrero, como el retiro del apoyo estatal al Festival Acapulco, y la afectación de propiedades que luego vendió a bajo precio a los Saba, socios de Ricardo Salinas Pliego en Televisión Azteca... Otro capítulo, o fondo del enfrentamiento Televisa-Tv Azteca, es que Salinas Pliego gana y gana el mercado que más dividendos daba a Azcárraga: las telenovelas. Se llevó artistas, encareció el mercado nacional, compra series que comercializa y está en riesgo una clientela esparcida en casi 160 países... El asunto del club de golf Tepoztlán va hacia su resolución definitiva. Como la esfera estatal fue incapaz, el asunto se dialoga en Gobernación. Al frente de las pláticas está Juan Burgos Pinto, director general de Gobierno y coordinador de la campaña de Jorge Carrillo Olea. Burgos es reconocido por los tepoztecos desde que en 1994 Carrillo insultó a las lideresas del pueblo al decirles viejas escandalosas y la comunidad apedreó su vehículo. Horas después Burgos comía y bebía con ellos. La mañana llegó con el pueblo bailando en la plaza pública.