Resulta necesario reflexionar sobre las declaraciones de los ocho campesinos detenidos en días pasados y acusados de pertenecer al Ejército Popular Revolucionario. Cuatro de ellos, los más recientemente capturados, negaron terminantemente cualquier relación con el grupo armado aparecido en Aguas Blancas, y además dejaron constancia de haber sido torturados para inculparse e involucrar a personajes como el diputado local Ranferi Hernández Acevedo. Los otros cuatro, aun aceptando en su declaración haber participado en la irrupción armada de Aguas Blancas, se dijeron movidos por el interés de una ayuda económica y no por consideraciones políticas e ideológicas.

Justamente por las múltipes aristas del caso Guerrero, es necesario insistir en la necesidad de que se mantenga un vigoroso respeto al marco jurídico, y que se dé transparencia plena a todos los actos de los organismos e instituciones encargadas de estos temas, para evitar que aparezcan presuntas violaciones y agravios como los que han movido ya al envío de visitadores de la Comisión Nacional de Derechos Humanos a aquella entidad para investigar las quejas de los detenidos que dicen haber sido torturados.

La historia demuestra con claridad los estragos que produce al cuerpo social el exceso de quienes, para sujetar a otros al imperio de la ley, no son también los primeros en sujetarse a ese marco. Es obligación de todos hoy, en los momentos difíciles que se viven, preservar como marco de referencia el de la legalidad y combatir puntualmente todo tipo de excesos y abusos.