Inicia delegación de la CIDH su visita de diez días a México

David Aponte La delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA) inició ayer una visita de 10 días en territorio nacional, para observar la situación de los derechos humanos, realizar inspecciones en Chiapas y Guerrero, y observar en la frontera norte, in situ, los problemas de los trabajadores indocumentados, informó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

La delegación del organismo, integrada por Claudio Grossman, John Stanley Donaldson, Carlos Manuel Ayala Corao, Oscar Luján Fappiano, Robert Kogot Goldman, Jean Joseph Exume y Alvaro Tirado Mejía, viajó a territorio nacional por invitación del gobierno mexicano, formulada el 21 de noviembre de 1995 por el canciller José Angel Gurría, detalló la dependencia mexicana.

El haber extendido la misma constituye una expresión de compromiso del gobierno del presidente Ernesto Zedillo a nivel internacional, y de la importancia que la actual administración ofrece a dicha instancia. ``El gobierno de México recibe a los miembros de la CIDH con el propósito de dar a conocer los avances en el terreno de la promoción y protección de los derechos humanos en nuestro país'', señaló.

La cancillería consideró que la pluralidad de las fuentes a las que tendrá acceso la delegación del organismo, con sede en Washington, representa un acto de voluntad política del gobierno federal ``para exponer de manera objetiva, detallada y atenta, todo lo relacionado con los casos que sobre los derechos humanos han interesado a la opinión pública''.

De esa forma, los miembros de la CIDH tendrán reuniones con el presidente Zedillo, el secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet; el canciller, José Angel Gurría; el procurador general de la República, Antonio Lozano Gracia; el secretario de la Defensa Nacional, general Enrique Cervantes Aguirre; el procurador capitalino, José Antonio González Fernández; representantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y personalidades políticas y académicas, indicó.

La delegación también viajará a Chiapas y Guerrero para conversar con las autoridades locales y representantes de organismos no gubernamentales. En el caso de Guerrero, hay una petición del Partido de la Revolución Democrática para investigar el caso Aguas Blancas.

En un comunicado de prensa, la SRE mencionó que los representantes del organismo también viajarán a Tijuana para conocer profundamente la situación de los derechos humanos de los trabajadores migratorios. Esta petición surgió a partir del caso Riverside, California, donde policías locales propinaron una brutal golpiza a dos connacionales indocumentados.

El gobierno mexicano considera que la conciencia universal de los derechos humanos se puede fortalecer, a partir de una cooperación internacional que tome en cuenta los esfuerzos nacionales, la responsabilidad de los Estados en la materia, y el respeto a las soberanías nacionales, manifestó.

La cancillería mexicana estimó que los avances en materia de defensa de los derechos humanos ``no deben ignorarse ni disminuirse. El Estado mexicano, de conformidad con los principios consagrados en la Constitución Política, comparte la responsabilidad y preocupación de la comunidad internacional para proteger y vigilar los derechos fundamentales del ser humano, por lo que ha suscrito y ratificado diversos ordenamientos de alcance universal y regional''.