La votación directa de los afiliados independientemente de cuán amplia haya sido la difusión de las mesas y la afluencia a las urnas da voz a las bases partidarias y legitima a quien sea elegido, sentando así un importante precedente que es aún más interesante si se considera que la suma de todos los gastos de las campañas de las tres planillas para encabezar el PRD no llega a un millón de pesos.

Como se sabe, otros partidos también han hecho anteriormente campañas internas para escoger a sus dirigentes pero, a diferencia del PRD, han utilizado un sistema indirecto mediante el cual pocas decenas de personas designan a la dirigencia de posiciones políticas que habrán de capitalizar millones de votos ciudadanos. En el caso del PAN, por ejemplo, unos 170 consejeros eligieron al presidente de ese partido que, con cerca de 17 millones de votos, constituye la segunda mayoría en México.

Una campaña electoral larga como la realizada por el PRD, que tuvo eco en la prensa y en la opinión pública y movilizó a cientos de miles de personas que asistieron a reuniones de todo tipo, es por lo tanto una novedad porque ayuda a politizar a los ciudadanos y a organizar a una parte importante de la sociedad que, después de la elección, estará en mejores condiciones para participar en la vida política y pesar en las decisiones de los organismos partidarios.

En otro sentido, el ejercicio emprendido por el PRD beneficia al propio partido, en la medida en que ensancha su base electoral y le permite dirimir sus diferencias internas en un nivel nacional y con un grado incuestionable de transparencia. Esto vale incluso para las impugnaciones al proceso que ayer mismo anunciaron miembros de la planilla que encabeza Heberto Castillo. Es de esperar que éste y otros disensos se resuelvan en forma satisfactoria, ante la sociedad y en pleno apego a la legalidad estatutaria de la organización.

Procesos como éste, que, con todo y sus incidencias, se realizan en forma abierta y de cara a la ciudadanía, pueden ser un factor importante para contrarrestar la crisis de credibilidad que afecta al conjunto de las instituciones y procedimientos partidarios y electorales en el país.

Finalmente, cabe resaltar la actitud de no injerencia y respeto que las autoridades federales, estatales y municipales han mantenido salvo deplorables excepciones ante el proceso electoral perredista, lo cual es un indicador adicional del camino que, a pesar de todo, se ha recorrido en México en materia de civilidad, tolerancia y pluralismo.