En diferentes ámbitos se han acumulado dudas sobre los procesos de desincorporación de empresas paraestatales que tuvieron lugar durante el sexenio pasado. Las dudas, en algunos casos, han dado sustancia a una polémica de excesos verbales lamentables, como ha ocurrido entre Televisión Azteca y su competidora Televisa.

Por coincidencia o no, en la caída bursátil de ayer, las pérdidas más pronunciadas correspondieron a acciones de firmas de algunos de los empresarios que, en el régimen anterior, tuvieron tratos con Raúl Salinas de Gortari.

Aunque es claro que el quebranto de 3.1 por ciento que sufrió ayer la bolsa mexicana fue la culminación de una tendencia a la baja que venía de días atrás, y que la razón principal de esa caída debe buscarse en Wall Street en donde ocurrió un brusco descenso de 2.9 por ciento, no puede descartarse que las sospechas de irregularidades en los procesos de privatización de importantes entidades terminen por expresarse en escepticismo financiero.

La necesidad de atajar tal posibilidad debe ser un aliciente adicional para investigar y esclarecer a fondo el conjunto de desincorporaciones que se realizaron durante el sexenio pasado.

En esta perspectiva, la Contaduría Mayor de Hacienda de la Cámara de Diputados y la Procuraduría General de la República tienen en sus manos una tarea sin duda ardua, pero necesaria. No se trata sólo de verificar que las ventas de empresas públicas hayan sido realizadas conforme a derecho y, en caso contrario, de fincar las responsabilidades que correspondan, sino de contribuir al restablecimiento de la credibilidad y acaso, también, de evitar una crisis de confianza financiera.

Por esas razones, en el momento actual, ambas instancias tienen ante sí el deber de investigar a fondo los procesos de desincorporación realizados durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, de informar puntualmente a la sociedad acerca de los resultados de su trabajo y, dependiendo de ellos, confirmar o despejar inequívocamente las sospechas que hoy se expresan.