Más allá de cifras, indicadores y movimientos de protesta, la historia de Gabriel Méndez y Cecilia Galván ilustra de manera puntual el callejón sin salida en que la situación económica ha colocado a esas terminaciones de la sociedad que son las personas.

La historia documentada en cinco párrafos en la página 21 de La Jornada del 11 de julio es la siguiente: Gabriel y Cecilia, albañil desempleado y vendedora de chicles, residentes de Ciudad Juárez, tuvieron un niño. La madre acudió a una clínica particular, la cual, después del parto, les presentó una cuenta de 600 pesos. Había que pagarla para poder sacar al recién nacido, pero la pareja no tenía dinero en efectivo. Tampoco disponía de tarjeta de crédito, ni de un Cete o un Tesobono, ni siquiera de una de esas cuentas en Suiza que ahora alimentan el ``qué dirán''. Su único bien en este mundo era un recién nacido llorón al que había que sacar del sanatorio privado.

La pareja no tuvo más remedio que empeñar al bebé con una prestamista de nombre Matilde Hernández. Como antes, cuando se podían contratar créditos hipotecarios, uno le daba de garantía al banco la misma casa que estaba comprando. Supongo que acudieron los tres a la clínica, la agiotista pasó a la caja, pagó la cuenta, y recibió a cambio una especie de orden de salida, parecida a las que expiden las cajas de las agencias automotrices cuando uno va a pagar para retirar su coche después del servicio de los 20 mil kilómetros.

Matilde Hernández recibió a cambio de sus 600 pesos un bulto leve y gritón, y se lo llevó consigo. Cecilia y Gabriel volvieron a casa con las manos vacías, una deuda de 600 pesos más intereses, y una patria potestad hipotecada. Debe haber sido grande la curiosidad de los vecinos y las vecinas, que tras haber visto salir a Cecilia con una panza de nueve meses, luego observaron que regresaba sin panza y sin hijo. Ella habría podido decir que lo perdió o que el niño permanecía internado por complicaciones posparto. Pero seguramente le resultó difícil mentir y terminó confesando que lo había usado de garantía crediticia. Como cuando México dio en prenda sus exportaciones petroleras para el rescate financiero del 95.

Así fue que, según las propias autoridades, llegó a sus oídos la historia. Cecilia y Gabriel fueron aprehendidos, al igual que Matilde Hernández. ``La Procuraduría de la Defensa del Menor los acusa de tráfico de menores, delito considerado grave en Chihuahua, y que no permite la libertad bajo fianza''. Este último dato tal vez no sea irrelevante para la agiotista, pero para la pareja lo es: aunque pudieran optar por la libertad provisional, no tendrían dinero para pagar la fianza. La única entidad que les prestaba respaldo fianciero sabrá Dios a qué precio está encarcelada junto con ellos, y el único bien que podían ofrecer en garantía está bajo custodia del DIF, ``donde permanecerá mientras se define la situación jurídica del matrimonio. Si se ratifica la demanda, les quitarán la patria potestad''.

Gabriel y Cecilia son ciudadanos acosados. Para ellos, el sistema de salud, las leyes, las instituciones de justicia y la economía, no son instancias que regulen y hagan posible la vida en sociedad. Son, simplemente, sitios inhabitables.