Entregó López Obrador pruebas del caso a la OEA

Salvador Guerrero Chiprés Andrés Manuel López Obrador, virtual triunfador en la elección interna para dirigir al PRD, denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) las irregularidades cometidas durante el proceso electoral de 1994 en Tabasco.

Criticó ante este organismo internacional las deficiencias del proceso judicial que se presentaron con posterioridad y que tuvieron su último episodio en la decisión de la Secretaría de Hacienda, la cual consideró que no existen delitos fiscales en torno a las donaciones que presuntamente hizo el banquero Carlos Cabal Peniche a la campaña electoral del gobernador Roberto Madrazo.

López Obrador ocupó alrededor de 20 minutos para describir ante Claudio Grossman, presidente de la CIDH, los datos centrales de lo que constituyó ``una clara violación a las reglas de la competencia electoral y a los derechos humanos de los tabasqueños''.

Como parte de un grupo conformado fundamentalmente por diputados perredistas, el dirigente señaló en entrevista posterior a su encuentro con la directiva de la CIDH, que la decisión de la Secretaría de Hacienda es ``un saludo'' que le mandaron del Ejecutivo Federal el mismo día en que se ratificó la tendencia que lo convertiría en el dirigente de la tercera fuerza política en el país.

``Hablé. Señalé toda la historia. Señalé que no hay condiciones democráticas en las contiendas electorales en México'', comentó el tabasqueño.

E indicó que ante los dirigentes del organismo hizo una descripción general de cómo por primera vez en la historia política del país se logra probar y demostrar las irregularidades en el financiamiento de una campaña del PRI.

Agregó que a pesar de que la Procuraduría General de la República (PGR) informó oficialmente del gasto de 72 millones de dólares para la campaña de Madrazo Pintado, no hubo respuesta ni consecuencia judicial ni de la Procuraduría local, ``a cargo de un empleado del gobernador'', ni de la PGR.

Relató que durante la reunión privada, celebrada en un hotel de la avenida Juárez y Reforma, destacó que no había respuesta del gobierno federal ante la evidente ilegalidad en que habría incurrido el mandatario tabasqueño.

El control del financiamiento de una campaña, señaló, ``es un punto clave para la democracia del país. Mientras no haya control del gasto de campaña no habrá elecciones limpias ni libres en México''.Qué significado tiene la decisión de la Secretaría de Hacienda?Eso demuestra que están actuando por consigna, que están rechazando las evidencias que se han presentado.

Qué implica la coincidencia cronológica entre el proceso electoral del PRD y la decisión de Hacienda?Es un saludo que me mandaron del Ejecutivo Federal.

Precisó que ante Grossman y los demás directivos de la CIDH habló sobre los paquetes que fueron presentados como evidencia de las irregularidades de los gastos realizados en la campaña priísta. Aclaró que no fue en representación del PRD, sino como parte agraviada en un proceso con tales deficiencias.La dirigencia perredista se reunirá este miércoles con la CIDH.

En lo que llamó ``su testimonio'' ante aquel comité internacional, López Obrador afirmó que ``no hay condiciones democráticas en las contiendas. No dependen nada más de la ley electoral, hay asuntos como el gasto, el uso de presupuesto público para favorecer al PRI y a su candidato y que ese uso no tiene ningún tipo de control''.

Informó que en 20 días o un mes se entregará un expediente completo a la CIDH para documentar las afirmaciones que fueron presentadas por la noche.

La CIDH recibió durante más de tres horas a dirigentes de una veintena de organismos no gubernamentales vinculados a la defensa de los derechos humanos.

Grossman, Jhon S. Donalson, Oscar Luján, John Josep Eyme y Robert Goldman, directivos del CIDH escucharon los planteamientos de violencia contra las mujeres, los periodistas, la ecología, los derechos de los trabajadores, secuestros, represión a dirigentes sociales, persecución y hostigamiento de dirigentes de organizaciones indígenas, entre otras.

Adolfo López, del Frente Popular Francisco Villa, informó que en la reunión representantes de organismos de Chiapas y Guerrero aludieron a la aparición del Ejército Popular Revolucionario (EPR) y a la ``desmesurada'' respuesta del gobierno federal al intensificar la militarización del país, registrada también en la zona de las huastecas.

Por parte del Centro Nacional de Comunicación Social, se presentó un estudio que muestra que entre 1988 y 1996, 57 periodistas fueron asesinados en México.