Hay persecución política contra el vasco Zelaia, considera el juez

David Aponte Al expresar su opinión, desde el punto de vista jurídico, acerca del juicio de extradición de Andoni Zelaia Otaño, el juez octavo de distrito en materia penal, Gonzalo Hernández Cervantes, consideró que el vasco es un activista político y sindical y que las organizaciones a las que perteneció eran y son opuestas al régimen del gobierno de España.

Zelaia Otaño, acusado por las autoridades españolas de los delitos de homicidio, robo y de pertenecer a ``comandos autónomos anticapitalistas'' de la organización separatista Euskadi Ta Askatasuna (ETA), es una persona que ``sufre de persecución política por parte del Estado reclamante de la extradición'', señaló.De acuerdo con la información proporcionada por la defensa del extranjero, el juez mencionó que los miembros de las organizaciones política y sindicales a las que perteneció Zelaia Otaño pueden considerarse perseguidos por sus ideas y pensamientos independentistas.

El suscrito tiene fundados motivos para suponer que la solicitud de extradición formulada por el gobierno de España el 4 de noviembre de 1995 ha sido presentada a las autoridades mexicanas con la finalidad de perseguir a un individuo a causa de sus opiniones políticas, indicó.

Incluso, agregó que otra persona ya fue sentenciada en los tribunales españoles por los delitos que le imputan a Zelaia Otaño, según la documentación con la que cuentan las abogados del vasco, Pilar Noriega y Maricarmen Fernández.

El 4 de julio, el juez Gonzalo Hernández Cervantes resolvió que no procedía la solicitud de extradición de Zelaia Otaño.

Durante el juicio II-96, el gobierno de Madrid siempre le atribuyó la autoría del homicidio del taxista Amancio Barreiro Gens, y el robo de 3 mil pesetas, hechos ocurridos en septiembre de 1978.

Posteriormente, lo vinculó a ``comandos autónomos anticapitalistas'' de ETA. Como pruebas, la Guardia Nacional de España presentó un panfleto que reivindicaba el asesinato del taxista Barreiro.

La opinión jurídica del juez fue turnada a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para que esa dependencia del Ejecutivo federal resuelva en forma definitiva sobre la petición de extradición del gobierno de Madrid.