Otra burla, la investigación de Tv Azteca
Promesas de fiscalización incumplidas

El 1 de septiembre de 1995, en su primer Informe de Gobierno, una de las más llamativas promesas del presidente Ernesto Zedillo contenida también en el Plan Nacional de Desarrollo era la creación de un órgano superior de fiscalización de la administración pública federal. Adscrita al Poder Legislativo, esa instancia sería independiente, imparcial, transparente y confiable, ``y un paso decisivo en la lucha contra la corrupción y la impunidad''.

El Ejecutivo envió al Congreso, el 28 de noviembre de ese mismo año, la iniciativa correspondiente, en la que se estipula que el nuevo órgano tendría las facultades de fiscalización, investigación sobre el manejo y aplicación de los fondos o dineros y de los recursos o bienes federales, determinación de daños y perjuicios, ``y promoción de las responsabilidades administrativas y penales''.Sin embargo, la iniciativa quedó congelada en la Cámara de Diputados, luego de que legisladores de oposición encontraron una contradicción entre el espíritu prometido por el Presidente y la propia exposición de motivos. Resulta que la iniciativa propone que sea el Congreso de la Unión el que designe a los titulares del nuevo órgano fiscalizador, a partir ``de propuestas que someta a su consideración el Presidente de la República''. Es decir, no existiría la prometida independencia y el gobierno federal seguiría siendo juez y parte.

La historia de las promesas presidenciales respecto a la fiscalización de la administración pública federal debe recordarse a propósito de la ``recomendación'' emitida por la Comisión Permanente a la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Cámara de Diputados, para que esa instancia investigue la privatización del paquete de medios incluidos los canales 7 y 13 de la desaparecida Imevisiónconcesionado al grupo empresarial de Ricardo Salinas Pliego, y que dio origen a la llamada guerra de las televisoras.

Contrasta, por un lado, el incumplimiento de los ofrecimientos del Ejecutivo en casos como el de crear una instancia fiscalizadora en la lucha contra la corrupción y la impunidad, y la salida político-legal que se ha dado a casos como los de Tabasco y Guerrero, y recientemente a las denuncias sobre irregularidades en la concesión de los canales de Televisión Azteca.

La investigación que realizará la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Cámara de Diputados correrá la misma suerte que otros escándalos como los mencionados de Tabasco y Guerrero. Es decir, se les da un tratamiento por la vía legal, pero todo termina en una burla al dictarse el resultado final por motivos políticos.

Resulta que la investigación que realizará la Contaduría Mayor de la Cámara de Diputados se reducirá a un informe sobre la legalidad o ilegalidad de la privatización de Televisión Azteca y se entregará a la Comisión de Vigilancia. Dicho informe ni siquiera se discutirá en el pleno de la Cámara de Diputados. Y por si fuera poco, no existen los procedimientos que permitan fincar responsabilidad penal a los funcionarios o concesionarios que eventualmente pudieran haber incurrido en ilícitos.

En pocas palabras: no existe garantía alguna para que las concesiones otorgadas al grupo financiero que preside Ricardo Salinas Pliego se cancelen si es que se descubren irregularidades o tráfico de influencias. Todo podría quedar en otro engaño, porque ni siquiera existen facultades para que la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor cite a declarar a los funcionarios involucrados en el proceso de licitación que culminó con la concesión de los canales 7 y 13 a Televisión Azteca.

Por lo pronto, en una primera revisión que realizaron los especialistas de la Contaduría Mayor de Hacienda se descubrió que en 1994, cuando la saliente 55 Legislatura revisó la Cuenta Pública de 1992, apareció el expediente de la privatización de Imevisión, cuyo proceso se realizó en 1993. Nadie pudo explicar la razón de esa aparente irregularidad.Además, al revisar la Cuenta Pública de 1992, se detectó que el caso específico de Imevisión nunca se sometió a un proceso integral. En realidad, la concesión de lo que hoy se conoce como Televisión Azteca nunca se revisó. Nadie sabe por qué, pero debe recordarse que la 55 Legislatura tenía como presidenta de la Gran Comisión de la Cámara de Diputados a la priísta María de los Angeles Moreno, a quien se acusó de falsificar la firma del desaparecido Manuel Muñoz Rocha cuando el presunto responsable del asesinato de José Francisco Ruiz Massieu solicitó licencia a su cargo de diputado federal.

Muñoz Rocha, como se sabe, era uno de los hombres más cercanos de Raúl Salinas de Gortari. Y también como mera referencia, debe recordarse que al final de la 55 Legislatura María de los Angeles Moreno fue designada Mujer del Año por el entonces presidente Carlos Salinas.