La PGR, anulada en el Tabascogate

Roberto Garduño y Juan Manuel Venegas La determinación de la Procuraduría Fiscal de la Federación ``dejó sin elementos para actuar'' a la Procuraduría General de la República (PGR), que oficialmente determinó que transacciones financieras de Banco Unión y Arrendadora Unión en favor del PRI de Tabasco ``no estuvieron apegadas a la exigencia y formalidad legal'' y pidió actuar ``de conformidad con las disposiciones fiscales aplicables al caso''.

Para la PGR sí existen elementos que configuran delitos fiscales en las transferencias de fondos que hiciera Carlos Cabal Peniche al PRI de Tabasco. Un alta fuente gubernamental muy cercana al caso indicó que la determinación de la Procuraduría Fiscal se contradice con los elementos de prueba que presentó el 6 de junio la PGR.

El mismo funcionario, que conoce el expediente de la investigación que realizó la PGR, adujo que por espacio de casi un año peritos especialistas en materia contable y fiscal, agentes del Ministerio Público y expertos financieros trabajaron en la revisión de cada uno de los documentos que presentó Andrés Manuel López Obrador y que se integraron a las averiguaciones previas DO/5057/95 y DO/5058/95.``Nos sorprendió la decisión de la Procuraduría Fiscal, porque peritos de esta institución trabajaron con funcionarios de la PGR'', comentó la fuente.

En su informe final que sobre el caso dio a conocer la PGR el 6 de junio, destacó: ``Se solicitó a la Procuraduría Fiscal de la Federación que designara peritos en la materia que pudieran dedicarse de tiempo completo a la revisión de la documentación, para una vez conocido el origen y destino de los recursos administrados por el Comité Directivo del PRI del estado de Tabasco y el contenido de los recibos, facturas y talonarios de cheques que obran en la documentación, así como los montos de los gastos efectuados, dictaminaran sobre la posible comisión de delitos fiscales''.

La determinación dada a conocer el lunes por la Secretaría de Hacienda ``contradice el trabajo que realizaron sus propios peritos'', señaló el funcionario consultado y explicó:``En sus conclusiones, la PGR señaló claramente que había encontrado irregularidades en materia fiscal en las transferencias que el Banco Unión y la Arrendadora hicieron al PRI a través de las empresas Lomas Mil y San Carlos, y esos resultados fueron avalados por el trabajo de los especialistas de la Procuraduría Fiscal.''La primera resolución de la PGR en torno a sus pesquisas destacó que las transacciones financieras del Banco Unión y Arrendadora Unión en ese entonces propiedad del ahora prófugo Carlos Cabal Peniche no estuvieron ``apegadas a la exigencia y formalidad legal de la materia, por lo que se actuará de conformidad con las disposiciones fiscales aplicables al caso''.

Todo estaba dado para que la Procuraduría Fiscal de la Federación pudiera, desde entonces, presentar la querella correspondiente por las operaciones financieras que involucran al Banco y Arrendadora Unión, las empresas Sociedad Lomas Mil y San Carlos World Trade México, así como al Comité Directivo Estatal del PRI de Tabasco.

Con documentos cotejados con diversas instituciones bancarias y bajo la continua supervisión de agentes del Ministerio Público, la PGR encontró que en seis meses el Comité Directivo Estatal del PRI en Tabasco ``erogó efectivamente la cantidad de 128 millones de pesos'' y dejó entrever la posibilidad de que hubo delitos relacionados con el lavado de dinero en las transferencias mencionadas.La Sociedad Lomas Mil, cuya directiva está integrada por personas relacionadas con hechos delictivos a Carlos Cabal Peniche, recibió 12 millones 440 de la Arrendadora Unión, para que los destinara al Fideicomiso PRI F-2939-1, que operó del 5 de agosto de 1993 al 11 de noviembre de 1994. Uno de los directivos de Lomas Mil, Paul Karam Kassab, está acusado por la PGR por el delito de lavado de dinero.

Dicho personaje también está vinculado a las operaciones de la empresa San Carlos World Trade México, la cual recibió de Banco Unión un millón de pesos. Sobre estas transferencias, la PGR encontró que no se apegaron ``a la exigencia y formalidad legal de la materia'' y declaró que actuaría en razón de la querella judicial que pudiera presentar la Procuraduría Fiscal.

La autoridad fiscal determinó que no se encontraron elementos que pudieran ser considerados delitos contra la Ley de Instituciones de Crédito que el Banco y la Arrendadora Unión realizaron al fideicomiso del PRI que presidía Roberto Madrazo Pintado.