En Texas y California, urgencia de ``mano de obra barata y dócil''

Triunfo Elizalde/ I Siete organizaciones no gubernamentales (ONG) de derechos humanos, dedicadas en la frontera norte de México a auxiliar a quienes aspiran a pasar hacia Estados Unidos o son deportados, afirman que existen condiciones para establecer un Acuerdo Migratorio Temporal para Trabajadores Mexicanos.

En la actualidad, señalan, en California y Texas urge la ``mano de obra barata, dócil y renovable'' de los inmigrantes para levantar las cosechas de fresa, uva, melón, sandía, tomate y papa, al grado que ``hasta Pete Wilson estaría dispuesto a la firma de un convenio de esa índole''.

Empero, acotan, tanto en Estados Unidos como en México son funcionarios los que por razones ``eminentemente políticas, electorales y demagógicas'' se oponen a un nuevo acuerdo.

Desde Tijuana, José Luis Canchola, de la Academia Mexicana de Derechos Humanos y la Coalición de ONG Pro Defensa del Migrante, precisa que ``a Pet Wilson lo que le interesa es contribuir a salvar las cosechas del sur de California'', donde sólo para la pizca del tomate se requieren 10 mil jornaleros. ``El problema migratorio va a seguir por la globalización de la economía, porque no se tomó en cuenta el impacto negativo que el TLC iba a tener en materia de trabajadores inmigrantes, y ahora vivimos las consecuencias porque cada día hay más desempleo en todas partes''.

Comenta que de ``poco más de un millón'' de personas que anualmente llegan a diversos puntos de la frontera en busca de trabajo en Estados Unidos, por Tijuana, Mexicali y Tecate se interna medio millón. Son gente que trata de ocuparse en diversas actividades, sobre todo en el campo, en los estados de California, Colorado, Oregón, Chicago, Texas y Washington. Quizá por eso el mayor número de deportados se registra también por Baja California. Sólo a Tijuana son regresadas ``unas 400 mil gentes''.

De hecho, a esta ciudad de 2.5 millones de habitantes arriba el mayor número de indocumentados, de los cuales 80 por ciento son mexicanos; el resto ``es gente que viene de 65 países, centroamericanos y chinos en especial''.

Debido a ello, hasta el Departamento de Defensa de Estados Unidos se involucra en el diseño de estrategias para el control fronterizo. ``Nosotros estamos de acuerdo con el derecho de cada nación de cuidar el ingreso de extranjeros, lo que censuramos es la forma en que se hace''.

Canchola, ampliamente conocido por su actividad en favor de los derechos humanos de los trabajadores migrantes, luego de criticar a los consulados mexicanos, que ``lejos de atender los problemas de los mexicanos en California están dedicados sólo a asuntos comerciales y económicos'', afirma que funcionarios de la Secretaría de Gobernación ``hacen demagogia cuando declaran que se está logrando un mayor control de la corriente migratoria ilegal, pues sabido es que al gobierno de México le conviene esa actividad, ya que anualmente le reporta miles de millones de dólares''.

Víctor Clark Alfaro, del Centro Binacional de Derechos Humanos de Tijuana, asevera que ni al gobierno de Estados Unidos ni al de México les interesa un acuerdo migratorio laboral: el primero ``tendría que reconocer, aunque fuera de manera temporal, derechos de trabajadores extranjeros, exigir que sus patrones les paguen lo justo, y garantizar vivienda y servicios de salud''; el segundo, ``nada quiere saber de reformas a la Constitución, por ejemplo el artículo 11 que garantiza el libre tránsito de los mexicanos, además de que no podría asegurar el respeto de la cuota de mano de obra que se fijara. Siempre sería rebasada por el exceso de desempleo al interior del país''.

Agregó que la contratación de ilegales ``es un gran negocio, es motivo de corrupción. Se contrata en condiciones de desventaja, porque se sabe que se trata de gente desesperada, gente que acepta ganar poco: 3.50 o máximo 4 dólares la hora, por jornadas de cinco, y vivir en hoyos, casuchas o ciudades perdidas.

``Ejemplo, los miles de indígenas mixtecos del condado norte de San Diego, que irónicamente están frente a La Joya, donde políticos y millonarios mexicanos tienen residencias de más de medio millón de dólares, y que no quieren saber nada de sus paisanos.``Resulta irónico, pero real: los más acérrimos enemigos de los indocumentados mexicanos son sus propios connacionales, tanto en las ciudades fronterizas del país como de Estados Unidos, en especial California, Oregon, Washington, Nevada, Arizona y Texas. ``Por ello, sería recomendable que se firmara un nuevo acuerdo migratorio. No hay que olvidar que los inmigrantes, legales o ilegales, además de los residentes, representaron para la economía de México un flujo de divisas por 3 mil 695 millones de dólares en 1995'', considera Clark Alfaro.

También de Tijuana, Gioscchino Campesse, del Centro Scalabrini Casa del Migrante-México, apunta: ``Un acuerdo entre México y Estados Unidos para contratar trabajadores mexicanos pudiera ser positivo, pues evitaría muchos abusos de los gabachos, los agentes del Servicio de Inmigración y Naturalización, además de las policías municipal, estatal y federal mexicanas, que no se limitan a detener a los indocumentados, sino que los golpean, los roban, los explotan y maltratan por encima de sus derechos humanos''.

Cita, como ``situación especial'' desde que se implantó en 1994 la Operación Guardián, el caso de los deportados mexicanos con muchos años en Estados Unidos. ``Son gente que tiene 10, 15 y hasta 20 años de trabajar en ese país y que de pronto son sacados, sin darles oportunidad de nada, con las manos vacías, sin darles tiempo de avisar a sus familias. Los sacan a lugares donde no conocen a nadie. No quieren irse a sus lugares de origen, porque ya no tienen familiares: a todos se los han traído. Sufren mucho y son fáciles presas de engaños, explotación e intimidación''.

Agrega que un caso similar de ``tristeza y dolor'' lo viven los indocumentados centroamericanos en especial guatemaltecos, hondureños y salvadoreños, que ``llegan a tierra de nadie, no son nadie: simples extranjeros en México y en Estados Unidos''.