Renuncia el ministro de Defensa argentino

Stella Calloni, corresponsal, Buenos Aires, 16 de julio El ministro de Defensa argentino, Oscar Camilión, renunció esta noche luego que un juez pidiera su desafuero para que declare en el caso de la venta irregular de armas a Ecuador y Croacia, pero el presidente Carlos Menem decidirá si acepta su dimisión a su regreso del viaje que inició hoy a Estados Unidos.

Si el mandatario peronista acepta la renuncia de Camilión, como se prevé, habrá perdido en menos de una semana a dos miembros de su gabinete, tras la salida del ministro de Justicia, Rodolfo Barra, por el escándalo de su militancia juvenil en un grupo antisemita.

Menem viaja a Estados Unidos, donde sostendrá un breve encuentro con el presidente Bill Clinton, con una carga pesada detrás. La oficialista Confederación General del Trabajo (CGT) anunció esta tarde un paro general para el próximo 8 de agosto; otros gremios disidentes marcharán el 26 de julio, en protesta por la política económica del gobierno.

Las últimas medidas anunciadas por el ministro de Economía, Domingo Cavallo, y que afectan los salarios de millones de trabajadores, provocaron el rechazo generalizado en todos los sectores, incluyendo al gobernante Partido Justicialista.

Siete gobernadores informaron que no adoptarán estas medidas, ya que la situación provincial bordea los límites de un conflicto social. La coalición opositora Frente País Solidario (Frepaso) propuso una resistencia social con una campaña para que se demande al Estado, en caso de prosperar las medidas de eliminar las asignaciones familiares a quienes ganen más de mil pesos (dólares) y una bonificación a los llamados tikets (vales) de despensa, en un país donde la canasta familiar supera los mil 200 dólares.

Si se imponen estas medidas, mediante otro decreto de Necesidad y Urgencia, con las ``manos libres'' que dejaron al presidente los legisladores justicialistas, los salarios se verán reducidos entre 6 y 17 por ciento. Las medidas auguran más desempleados en un país donde 4 millones 300 mil personas están afectadas por la desocupación y la subocupación.

El gobierno intenta paliar el abultado déficit fiscal a unos días de que nuevamente el Fondo Monetario Internacional envíe a sus hombres a monitorear la marcha del plan económico. ``Sin considerar la seriedad de la recesión, el gobierno esperaba mil millones de dólares más en la

recaudación impositiva y al no lograrlo nuevamente volvió su presión sobre los sectores más humildes y la ya empobrecida clase media''.

``La indignación general proviene de que se conoce que sólo los grandes negocios de la carne evaden unos 800 millones de dólares y también entre los ultraricos hay una evasión generalizada y ahora se golpea una vez más a la población'', denunciaron los dirigentes de la CGT.

La Unión Cívica Radical (UCR), mayor fuerza de oposición, convocó a los sectores nacionales y de la producción a iniciar una acción común contra ``este estado de la marginación de la sociedad tan severo''.

Por una parte, la economía mantiene un comportamiento deprimido y por la otra, no sólo no hay generación de empleos, sino que todos los indicadores apuntan hacia un empeoramiento de la situación. Saúl Ubaldini, quien durante años fue secretario general de la CGT y hoy está en su dirección, advirtió que ``se llegó al límite tantas veces anunciado. Estas son medidas autoritarias, contra el pueblo, sin ningún reparo en lo que va a significar para el país. Se trata de una rebaja de sueldos en salarios caídos en 40 por ciento, se burla a los trabajadores, y se violan varios artículos constitucionales''.

``Nosotros vamos a buscar la unidad para un plan de acción con todas los otros sindicatos.'', dijo a La Jornada. También consideró que con estas medidas de ajuste se acaba con la mínima legislación laboral del justicialismo, lo que ``Juan Domingo Perón jamás hubiera aceptado''.

``No vemos --añadió-- ninguna voluntad para rectificar el modelo, y además se violan leyes conquistadas con mucho sacrificio, para favorecer a los poderosos y llevar a la indigencia y la exclusión a las mayorías''.

En este complejo escenario político, el juez Jorge Urso pidió el desafuero del ministro Camilión para ser interrogado sobre el desvío de armas a Ecuador en 1995, en momentos que ese país estaba en guerra no declarada con Perú por cuestiones limítrofes y también a Croacia, en violación a leyes internacionales.

La renuncia de Camilión, reclamada por la oposición, era esperada luego que el juez Urso señaló que existe sospecha de que el ministro podría haber incurrido en el delito de ``encubrimiento'' en el desvío de armas.

Según observadores, Camilión sería a su manera un ``chivo expiatorio'', porque las más altas autoridades del gobierno se hallan comprometidas en la triangulación de armas, aunque insisten en que se trató de un ``engaño'' de empresas intermediarias.

Por otra parte, el juez Juan José Galeano advirtió que si 11 de los 14 policías provinciales detenidos por el atentado a la mutual judía de Buenos Aires, el 18 de julio de 1994, se niegan a declarar qué hicieron con el vehículo que se utilizó como coche-bomba, y que produjo la muerte de casi un centenar de personas, podrían ser acusados de ``participación secundaria'' en el atentado.

Mientras, la policía bonaerense suprimió cinco divisiones de narcotráfico donde trabajaban 99 policías de los 480 de la Dirección de Lucha contra las Drogas, aparentemente como resultado de una investigación periodística que reveló la vinculación de altos oficiales con los narcotraficantes.

Otro escándalo emerge: el justicialismo pretende dejar a los radicales --que ganaron la intendencia capitalina-- grandes deudas no calculadas, mientras Cavallo busca que ahora la capital deje de recibir 30 por ciento de los valores impositivos, lo que analistas consideran una forma de chantaje y obstaculización del futuro gobierno municipal