Antier, cuando la Procuraduría Fiscal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público determinó que no había delito que perseguir en las aportaciones del banquero prófugo Carlos Cabal Peniche al PRI tabasqueño para la campaña del entonces candidato a gobernador Roberto Madrazo Pintado, se generó una lamentable divergencia entre dos instituciones del Poder Ejecutivo: la propia Secretaría de Hacienda, por una parte, que eximió de esa forma al gobernador y a su partido de toda culpabilidad, y la Procuraduría General de la República, según la cual sí existen elementos suficientes para prefigurar delitos fiscales en los exorbitantes gastos electorales de Madrazo.

De hecho, mientras que para la PGR, en las triangulaciones por medio de las cuales el dinero de Cabal fluyó hasta la campaña estatal priísta de 1994, no sólo podían presumirse delitos fiscales sino también ilícitos relacionados con el lavado de dinero, a criterio de la oficina de Hacienda que exoneró a Madrazo, ``se carece de elementos para formular querella''.

Se confirma, de esta forma, que la permanencia en el cargo del actual titular del Ejecutivo estatal tabasqueño constituye una indeseable fuente de conflictos en el ámbito local, pero también en el terreno federal y hasta en el internacional, si se considera que, ayer, Andrés Manuel López Obrador, virtual presidente del PRD y principal impugnador de Madrazo, presentó el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Ciertamente, el más importante de estos conflictos no es la diferencia de criterio entre la SHCP y la PGR, sino la irritación por lo que la opinión pública percibe como falta de voluntad política para hacer justicia y ejercer la ley en el Tabascogate y el grave escepticismo que el caso genera entre importantes sectores de la sociedad ante las vías institucionales para resolver los diferendos políticos y legales, así como la sensación generalizada de que, en el asunto de Madrazo y sus sospechosos dineros de campaña, la impunidad está terminando por imponerse.

En el terreno político el saldo de la decisión de la Procuraduría Fiscal no es menos negativo, en la medida en que introduce factores de tensión innecesarios entre la nueva dirigencia del Partido de la Revolución Democrática y el gobierno federal, en un momento en que resulta sumamente necesaria la normalización de las relaciones entre perredistas y autoridades federales.

A pesar de la determinación de la SHCP, aún quedan vías legales para dirimir el conflicto: el Tribunal Fiscal de la Federación y el amparo contra el dictamen exonerador de la Procuraduría Fiscal.

Los demandantes deben agotar tales recursos y mantener en todo momento la querella en el marco de la legalidad institucional. Por su parte, las dependencias del Ejecutivo Federal deben abandonar su reticencia a investigar las fundadas sospechas en contra del gobernador tabasqueño.