Riesgo de nueva revuelta por las condiciones inhumanas de la zona

Andrea Becerril, enviada, y Jorge A. Cornejo, corresponsal/ I, San Quintín, B. C., 16 de julio La paz porfiriana impuesta desde fines de los años setenta en este valle, el centro agrícola más importante del estado, empezó a resquebrajarse.

El descontento brotó entre los más de 35 mil jornaleros agrícolas, indígenas en 70 por ciento, a los que se mantiene en condiciones de explotación extrema.

Jornaleros en el Valle de San Quintín
Foto: Víctor Mendiola

La situación laboral y social no dista mucho de la que persistía antes de la Revolución de 1910: jornadas extenuantes en las que participan familias completas de indígenas -traídos mayoritariamente de la mixteca oaxaqueña-; empleo de menores, niños de seis años o menos en las pesadas labores de siembra y recolecta, vigilados por guardias blancas en ranchos cercados, habitando en galerones sin luz, agua potable y muchas veces ni letrinas.

Por más de dos décadas así han laborado y pese a las denuncias de organizaciones indígenas y de derechos humanos, nada se hace para sacarlos de la miseria y la marginación. Debió ocurrir una verdadera revuelta, la que protagonizaron el pasado día 6 los jornaleros del rancho Santa Anita, para que el problema saliera a la luz y trascendiera más allá de este San Quintín, 300 kilómetros al sur de Tijuana.

Angustiados por no recibir su salario desde dos semanas atrás, los jornaleros, los oaxaquitas, como aquí se les llama con carácter despectivo, se atrevieron a manifestar públicamente y de manera espontánea su reclamo del pago por horas y horas bajo el polvo y el sol, en la recolección de tomate destinado a la exportación.

De acuerdo con versiones de varios de los participantes, de la información que transmitió ese día XEQIN, ``La voz del Valle de San Quintín'' -radiodifusora del Instituto Nacional Indigenista (INI)-, unos 200 trabajadores del rancho Santa Anita bloquearon a partir de las 15 horas la carretera Transpeninsular a la altura de la colonia Lázaro Cárdenas, para exigir su salario retenido. ``¡Hambre, hambre!'', gritaban en el español que medio hablan.

Como no hubo respuesta, los inconformes trataron de ocupar las oficinas de la empresa, propiedad del acaudalado empresario jalisciense Arturo Lomelí Villalobos -ligado al grupo del banquero prófugo Carlos Cabal Peniche- pero fueron desalojados con violencia por agentes de la policía municipal.

Silvestre García González y Martín Nepomuceno, indígenas de Tlapa, Guerrero, que laboran en el rancho Santa Anita, comentan que la policía golpeó a un niño de unos cinco años, lo que provocó el enojo de los manifestantes, quienes bloquearon la carretera Transpeninsular con un autobús propiedad de la empresa. Algunos niños lanzaron piedras contra los comercios establecidos a la orilla de la carretera.

A las 17 horas, el administrador de la empresa Santa Anita, Gabriel Olivas, se comprometió a pagar al día siguiente una primera parte de los salarios adeudados y el resto un día después.

Sin embargo, a partir de las 18:30 horas se habían sumado a los manifestantes varios grupos de jóvenes de entre 12 y 18 años, bandas de pandilleros a quienes se conoce como cholos, y fueron ellos los que iniciaron los actos vandálicos. Saquearon los comercios, incendiaron un autobús de la empresa y causaron destrozos a tres patrullas.

Santa Anita y ejido Eréndira, los primeros focos de alarma

El poblado se llenó de gritos y ruidos de cristales rotos. Los jóvenes entraron en el mercado Abigal, en licores Orta y se llevaron víveres, cerveza y vino. El saqueo duró hasta las 10 de la noche, cuando la policía municipal logró dispersar la revuelta. Hubo después una redada y 67 detenidos, entre ellos 29 niños y un anciano.

Estos últimos fueron liberados al otro día. En la cárcel de San Quintín, en dos celdas de 3.5 metros de ancho por 5 de largo, quedaron 37 detenidos, de ellos 18 indígenas. Se les acusó de motín, lesiones, daño en propiedad privada y robo.

El lunes 8 se dictó auto de formal prisión a 28 de los presos por el delito de robo. El INI, mediante el abogado Adán Pérez, pagó la fianza para que salieran en libertad condicional siete indígenas sin recursos para pagar los mil pesos de caución. Las 110 horas que permanecieron recluidos fueron ``una pesadilla'', toda vez que apenas les daban de comer, el hedor en las minúsculas celdas era insoportable porque debían orinar dentro, en piletas de cemento sin salida para el líquido.

Familiares de otros detenidos cubrieron también la fianza y sólo 12 muchachos, algunos de ellos migrantes de Sinaloa y Veracruz -que habían llegado en busca de empleo-, fueron trasladados al penal de Ensenada.

El comandante de Seguridad Pública de San Quintín, Miguel Ortega Castillo, justificó la situación: ``No tenemos recursos, nosotros nos cooperábamos para darles aunque fuera un sandwich''.

Luego, señaló que es la primera vez que una rebelión de ese tipo ocurre en el poblado. ``Por lo general esta gente, los oaxaquitas, son muy calmados'', señaló.

Para él la reacción de los jornaleros fue un tanto exagerada y descartó que el saqueo de 25 comercios se debiera al hambre. ``Más bien tenían sed, lo primero que se robaron fue cerveza y licor'', aclaró.

Sin embargo, Rafael Núñez Contreras, supervisor de turno con nueve años de servicio, comentó en voz baja que a los campesinos se les golpeó con macanas ``porque andaban muy alborotados''.

En la pared, frente a las celdas donde se mantuvo hacinados a los detenidos, el 8 de julio había seis cascos antimotines, dos de ellos con marcas en los visores, testimonio fiel del enfrentamiento de los 21 oficiales adscritos a la delegación con los 200 campesinos que exigían el pago de sus salarios.

El comandante Ortega rechazó la posibilidad de que los hechos violentos pudieran repetirse en otros ranchos y lo mismo aseguró el dirigente cetemista Jesús Espinosa Morales. ``No, los trabajadores son muy calmados, fueron vándalos los que saquearon los comercios, esto no se va a repetir'', aseguraron.

No obstante, una semana antes hubo otro brote de rebeldía en el ejido Eréndira, campo perteneciente al consorcio Agrícola Peninsular, también por el pago atrasado de sus jornales. Se habla de que los trabajadores intentaron quemar el rancho. El secretario de Trabajo del gobierno de Baja California, Eleazar Verástegui, negó la versión y sostuvo que los inconformes canalizaron sus inquietudes por la vía legal y emplazaron a huelga a la empresa en demanda de la firma de contrato colectivo.

Entre los patrones, los ricos productores de tomate de San Quintín, hay preocupación y las autoridades estatales volvieron a poner los ojos en el valle.

Al otro día de la revuelta por el caso Santa Anita, temprano se reunieron en las instalaciones de la delegación municipal el procurador general de Justicia de Baja California, José Luis Anaya; el secretario de Fomento Agropecuario, Genaro Bojórquez; el presidente municipal de Ensenada, Manuel Montenegro, así como el director de Trabajo y Previsión Social, Eleazar Verástegui.

De la reunión salieron dos compromisos: los empresarios de Santa Anita asumieron pagar los daños causados y las autoridades laborales del gobierno de Héctor Terán prometieron llevar a cabo un diagnóstico de la situación existente en los demás ranchos, a fin de identificar posibles focos de tensión y prevenirlos a tiempo.

El gobierno de Baja California reiteró asimismo su apoyo a la Unión de Productores de San Quintín, a fin de resolver situaciones de emergencia que pudieran generar nuevos brotes de inconformidad.

``Si las autoridades locales y federales no intervienen y permiten que se sigan violando los derechos mínimos de los jornaleros la situación va a explotar y las protestas seguirán porque no encuentran alternativas'', afirmó Víctor Clark Alfaro, director del Centro Binacional de Derechos Humanos de Baja California