En las plantaciones del valle de San Quintín, Baja California, decenas de miles de indígenas provenientes del centro y sur del país sufren condiciones de explotación y de opresión que constituyen un motivo de vergenza. Hacinados, casi a la intemperie, privados de los más elementales servicios, centenares de estos trabajadores agrícolas emprendieron diversas acciones de protesta a principios de este mes porque, para colmo, no se les habían pagado sus salarios.

Esos sucesos permitieron conocer a fondo las infamantes circunstancias en que viven, o mejor dicho sobreviven, los jornaleros en ese fértil valle bajacaliforniano. Pero es pertinente sospechar que tales circunstancias se reproducen en otras empresas agrícolas del país, y necesario es indagar al respecto.

La información mencionada, además de provocar indignación, debe ser motivo de alarma. El trato que los propietarios de las plantaciones de San Quintín otorgan a sus trabajadores no sólo constituye un riesgo de conflictos sociales de magnitud mucho mayor a los hasta ahora ocurridos, sino que cuestiona los avances en materia de derechos laborales, seguridad social, reforma agraria e integración nacional logrados por los mexicanos a lo largo de todo este siglo.

En otro sentido, la vida de los jornaleros en San Quintín presenta, con toda su crudeza, el callejón sin salida en que se encuentran millones de campesinos indígenas, atrapados entre la marginación, el olvido oficial y el acoso que padecen sus comunidades, por un lado, y las nada alentadoras perspectivas de la emigración, sea a Estados Unidos con los consabidos peligros de agresión y muerte que les espera en el país vecino o a otros puntos del propio territorio mexicano: barrios marginales de las grandes ciudades o enclaves agrícolas como los de Baja California, en donde la sobrexplotación y el racismo los coloca en circunstancias no muy diferentes a las que sufrían los peones de hacienda a principios de este siglo. El país no les está ofreciendo ningún futuro a sus campesinos indígenas.

Aun antes de que el sexenio pasado terminara, el ejemplar fracaso de Vaquerías demostró que el modelo de reactivación agraria basado en las grandes agroindustrias podía no ser viable desde el punto de vista económico. Hoy, San Quintín indica que la solución al problema del campo no reside en la vuelta a las haciendas, porque ello significaría un derrumbe de la legalidad nacional.

A la luz de lo que sucede en las plantaciones de Baja California y, probablemente, en muchos otros sitios del territorio nacional se hace más evidente la imperiosa necesidad de impulsar una reactivación del campo mexicano, no sólo con la meta del éxito económico sino también con pleno respeto a los derechos humanos, laborales y comunitarios de millones de campesinos indígenas.