Versión de que Bancomext es investigado; ofrece Gurría a empresarios la protección del gobierno

El canciller José Angel Gurría afirmó ayer, ante importantes empresarios del país, que el gobierno mexicano defenderá sus intereses y los protegerá de los eventuales efectos de la Ley Helms-Burton. Todas las opciones están abiertas, incluso el Tribunal Internacional de La Haya, la Organización Mundial de Comercio (OMC) y los mecanismos del Tratado de Libre Comercio, insistió.

En la reunión privada, los dirigentes de los grandes corporativos manifestaron su preocupación al señalar que el problema aún no está resuelto y están latentes los efectos de esa controvertida legislación, como una espada de Dámocles, por lo que urgieron a las autoridades nacionales a establecer mecanismos legales. Plantearon, además, la creación de una ley de protección a inversionistas con intereses en el extranjero.

A su vez, Raúl Ramos Tercero, subsecretario de Normatividad de la Secretaría de Comercio, indicó que el gobierno federal continúa en las consultas que se iniciaron desde hace varias semanas con el gobierno estadunidense para que la Helms-Burton sea revocada y no perjudique a los empresarios.

En tanto, en los trabajos de la mesa redonda La Ley Helms-Burton a la luz del derecho, organizada por el Partido Revolucionario Institucional, funcionarios públicos y del PRI recomendaron a los empresarios del país que no acaten aquella disposición legal, y pidieron a las autoridades mexicanas que realicen ``varias protestas diplomáticas'' ante Estados Unidos.

Integrantes de la misma fracción priísta, pero en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, apoyaron la posición del gobierno del presidente Ernesto Zedillo de reservarse el derecho de tomar las medidas conducentes para proteger a las firmas nacionales contra lo establecido por dicha ley.

La tarde de ayer, el secretario de Relaciones Exteriores (SRE), José Angel Gurría, se reunió durante dos horas con la Comisión de Grandes Empresas de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex). Ante este grupo, integrado por firmas como IBM, Femsa, Dupont, Sidek, Bayer, Arancia, Cemex, GBI, Bancomer, Apasco y Grupo Mexicano de Desarrollo (GMD), entre otros, el funcionario federal habló acerca de las repercusiones de la Helms-Burton.

En el acto, que encabezó por el lado empresarial Carlos Abascal Carranza, dirigente nacional de la Coparmex, Gurría Treviño reiteró que es compromiso indeclinable del gobierno mexicano dar una salida adecuada al conflicto surgido con dicha legislación, y que van por buen camino las alternativas que se analizan para tal objetivo.

Respecto de la entrada en vigor de esa ley, el titular de la SRE reiteró que México se reserva el derecho de tomar todas las medidas, internas e internacionales necesarias para defender los intereses tanto de las empresas mexicanas como de sus connacionales.

De igual manera, expuso que en lo interno continúan los trabajos de la ley antídoto, la cual será un mecanismo de defensa para los empresarios, tanto contra aquella disposición como para enfrentar conflictos de otras regiones del mundo.

Durante la reunión privada, efectuada en conocido hotel de Polanco, los empresarios pidieron que se analice con cuidado y ``prudencia'' una Ley Antídoto ``que, más que ayudar, pueda estorbar''.

Por otra parte, el senador José Luis Soberanes dijo que la decisión del presidente de Estados Unidos, William Clinton, de aplicar la ley, constituye un atentado contra el derecho internacional y busca socavar la soberanía de las naciones, al obstaculizar la sana convivencia entre los países.

Al hablar durante la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, externó que la posición del gobierno mexicano reivindica los principios fundamentales del derecho internacional, en los que se establece la posibilidad de que cualquier individuo o empresa invierta en cualquier país con pleno respeto a su legislación.

Soberanes señaló que los legisladores mexicanos tienen hoy la responsabilidad y la obligación de profundizar en la conformación de mecanismos legales idóneos que tengan como propósito neutralizar a la Helms-Burton y otorgar certidumbre jurídica a las personas y a las empresas mexicanas con intereses en Cuba.

Sin embargo, en el Congreso se confirmó que hasta ayer niguna de las cámaras trabaja sobre un proyecto de ``ley antídoto''.

Por último, el embajador de Francia en México, Bruno Delaye, en visita a Monterrey, Nuevo León, informó que el gobierno de esa nación europea presentará ante la Organización Mundial de Comercio (OMC) el caso de la extraterritorialidad de la Ley Helms-Burton, y agregó que hasta ahora sólo una empresa francesa ha recibido la carta de advertencia de sanciones.

(Raúl Llanos, Ismael Romero, Ricardo Alemán, David Aponte, José Ureña y Armando Torres, corresponsal)

David Aponte La ley antídoto contra la Helms-Burton debe otorgar las bases legales para que el gobierno de México ``limite la entrada'' a territorio nacional a los empresarios o ciudadanos estadunidenses que demanden a las firmas mexicanas que tienen vínculos comerciales en el extranjero, en este caso con Cuba, consideró el senador Fernando Solana.

Adicionalmente, el ex canciller propuso que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) impulse convenios con Canadá y los países de la Unión Europea para que las contrademandas de empresarios mexicanos tengan efectos sobre los bienes de estadunidenses ``en otras partes del mundo''.

En Tlatelolco, el subsecretario de Asuntos Bilaterales de la cancillería, Juan Rebolledo Gout, informó que el gobierno de México solicitará a Washington revisar los aspectos que tienen los ``efectos más serios sobre las empresas de otros países''. Las autoridades mexicanas no van a dejar de trabajar y de denunciar los efectos extraterritoriales de la también llamada ``Ley de Solidaridad Democrática y Libertad Cubana'', precisó.

``Nosotros tenemos la esperanza de que este proyecto extraterritorial no tenga alcance ni realidad alguna en el futuro. Esta sería nuestra intención'', expuso.

Rebolledo Gout dijo que la cancillería mexicana mantiene comunicación con los ministerios de Relaciones Exteriores de otras naciones, y sostiene comunicación continua con el gobierno de Estados Unidos, para hacer sentir la preocupación internacional sobre los efectos de la Helms-Burton, que son contrarios al derecho internacional.

Por separado, el consultor jurídico de la SRE, Miguel Angel González Félix, manifestó que la ley estadunidense sigue teniendo una ``cara negativa'' que propicia ``un clima de distorsión'' y grandes temores entre las empresas de otras naciones, a pesar que el presidente Clinton suspendió por seis meses las represalias previstas en el Título tercero.

La determinación del Ejecutivo estadunidense resta presión y hace posible que el contexto de revisión sea diferente, ``pues el periodo electoral habrá pasado'' en Estados Unidos. No obstante, la ley entrará en vigor el próximo primero de agosto, agregó.

Durante una conversación en sus oficina de la Torre de El Caballito, el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Fernando Solana, opinó que México requiere una ley antídoto contra cualquier iniciativa extranjera con pretensiones extraterritoriales, para proteger los intereses de los mexicanos y ``como una prueba de dignidad nacional''.

Es cierto que el derecho internacional protege a México y a las naciones que tienen relaciones comerciales con terceros países, pero es urgente un marco legal interno en función de los intereses de nuestro país, argumentó.

``Clinton está respondiendo a sus intereses respecto de su país y de su partido, y no es posible que el mundo esté sometido a los vaivenes de la política electoral estadunidense... Para que México pueda defender sus intereses frente a potencias de una dimensión mucho mayor que la nuestra, no hay más que un camino, y es el de actuar inteligentemente, con talento diplomático (y) dentro del marco del derecho'', afirmó.

Solana manifestó que hay interés de senadores y diputados para que el proyecto de ley antídoto o espejo entre al Congreso de la Unión lo más pronto posible, incluso abrirle un espacio en el periodo extraordinario que debatirá la reforma política.

Del contenido, insistió en que es necesaria la prohibición de la aplicación de la Helms-Burton o cualquier otro marco jurídico externo con pretensiones extraterritoriales en México; la negativa para que las empresas mexicanas ofrezcan información a gobiernos extranjeros; el rechazo del sistema judicial mexicano a los fallos de tribunales de otros países, y la posibilidad de realizar contrademandas.

``Las sanciones tienen que ser relativamente altas porque se trata de un interés importante'', dijo.