En anticipación a la entrada en vigor de la Ley Helms-Burton, el gobierno mexicano desplegó un amplio esfuerzo en defensa del sector privado mexicano. Las secretarías de Relaciones Exteriores y de Comercio han recurrido a diversos foros regionales y multilaterales para minimizar los efectos negativos de la legislación estadunidense sobre los negocios de varias compañías mexicanas. Una de ellas, la empresa de telecomunicaciones Domos se encuentra, como ejemplo, en riesgo de que ITT que tenía inversiones en Cuba antes de la Revolución interponga una demanda en su contra por 130 millones de dólares.

Según el despacho de abogados, Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton, que asesora a la Secretaría de Hacienda, ``la ley (Helms-Burton) puede ser inconsistente con el TLC porque crea responsabilidades e impone sanciones por llevar a cabo actos de comercio con propiedades confiscadas''. Un estudio jurídico de Secofi confirma que varios títulos de la ley caen en contradicción con los principios y postulados del TLC, pues atentan contra la seguridad y la protección de la inversión extranjera, y reducen las facilidades de tránsito de empresarios e inversionistas. Todos coinciden que la Helms-Burton es un atentado contra el libre comercio.

Aun así, Bill Clinton decidió ponerla en práctica pero suspendió por seis meses el derecho de llevar a cabo acciones legales contra las empresas extranjeras que inviertan en bienes ``confiscados'' a ciudadanos estadunidenses por el gobierno cubano. El Título III de la ley Helms-Burton establece que ``cualquier persona (estadunidense o extranjera) que ``venda, transfiera, distribuya, provea, tramite, administre, compre, rente, reciba, posea, controle, o adquiera'' propiedades nacionalizadas o expropiadas por el gobierno cubano a partir del 1 de enero de 1959, puede ser demandado por ciudadanos estadunidenses en tribunales de su propio país.

Varios gobiernos se han expresado en contra del carácter extraterritorial de la Helms-Burton: la Unión Europea amenazó con ejercer medidas similares en contra de los empresarios y empresas estadunidenses; y Canadá y México han efectuado consultas multilaterales en busca de soluciones dentro del marco del TLC. Por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores adoptó una posición más agresiva en contra de la ley estadunidense que la Secretaría de Comercio: por ello, a iniciativa del canciller, José Angel Gurría, la Organización de Estados Americanos (OEA) condenó la aplicación de la Helms-Burton. Y en respuesta a la decisión de Clinton, la Cancillería emitió un comunicado ratificando que: ``México se reserva el derecho a tomar todas las medidas, internas e internacionales, necesarias para defender los intereses tanto de las empresas mexicanas como de sus nacionales''.

Dentro del gobierno existen diferencias fundamentales de criterio con respecto a las medidas precisas a tomar para proteger a los inversionistas mexicanos en Cuba. Las gestiones diplomáticas que realizó Gurría en preparación de la reunión de la OEA en Panamá le causaron un gran disgusto a congresistas republicanos y demócratas de Estados Unidos, y el presidente Zedillo no tiene mucho capital político en Washington. Por eso, en los niveles más altos del gobierno no se quiere que México aparezca como ``el líder'' de la campaña internacional en contra de la legislación estadunidense.

Por esta razón la Secretaría de Comercio sigue una estrategia en slow track que privilegia los mecanismos administrativos que contiene el TLC. A Secofi le preocupan las posibles repercusiones que podrían tener medidas adoptadas por el gobierno mexicano en forma unilateral. El subsecretario de Negociaciones Comerciales Internacionales, Jaime Zabludovsky, ha expresado serias dudas sobre la posible efectividad de una ``ley antídoto'' como la que varios legisladores contemplan redactar en el próximo periodo extraordinario de sesiones del Senado de la República.

Dentro del Congreso mexicano existe un movimiento a favor de que se debata y apruebe una ley que proteja a los inversionistas mexicanos contra los efectos de la Helms-Burton. Según uno de los promotores, el senador Fernando Solana, ``la ley (antídoto) debería expresamente establecer que el sistema judicial mexicano no reconocerá actos o sentencias de sistemas judiciales de otros países que los hayan emitido en cumplimiento de leyes extranjeras, con pretensión o efectos extraterritoriales. Debe también prohibirse que las personas físicas o morales den información a gobiernos extranjeros sobre actividades de sus propios negocios, cuando esa información sea solicitada con base en leyes que violan el derecho internacional''.

La decisión de Clinton de suspender temporalmente el derecho de llevar a cabo acciones legales en contra de empresas extranjeras con negocios en Cuba abre un compás de espera, y pospone el conflicto más grave hasta después de las elecciones presidenciales; sin embargo, la presión sobre los inversionistas extranjeros en Cuba continúa. El gobierno mexicano puede esperar seis meses antes de ``tomar medidas, internas e internacionales, necesarias para defender los intereses'' de las empresas mexicanas o puede mostrar firmemente su oposición a la Helms-Burton antes de que sus efectos se materialicen del todo.