Detecta la CNBV lavado de dinero

Víctor Cardoso El vicepresidente jurídico de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Pedro Zamora, reconoció ayer que ese organismo ha detectado operaciones de lavado de dinero en distintas instituciones financieras.

En conferencia de prensa, el funcionario prácticamente exoneró a Adriana Salinas de Gortari de los ilícitos cometidos en la Unión de Crédito del Valle de México (Unicreva), y consideró difícil determinar la legalidad o ilegalidad de las transferencias que realizó Raúl Salinas a través del City Bank.

Por su parte, el vocero de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Alejandro Valenzuela, informó que la dependencia ``se reserva el ejercicio de sus facultades en el caso de que sean proporcionados nuevos elementos de juicio'' sobre las transferencias de fondos de las empresas Lomas Mil y San Carlos World Trade México, al fideicomiso que el Partido Revolucionario Institucional en Tabasco (PRI-F2939-1) tenía en el Banco Unión, y con las que presuntamente se habría financiado parcialmente la campaña electoral del actual gobernador Roberto Madrazo Pintado.

Durante la conferencia semanal que el vocero de la SHCP ofrece para evaluar la situación económica del país y en la que invitó a participar a Pedro Zamora, ambos funcionarios abordaron los temas de lavado de dinero, las acusaciones que comprometen a familiares del ex presidente Carlos Salinas, y explicaron el financiamiento recibido por el PRI-Tabasco para la última campaña a la gubernatura.

Zamora dijo que una de las primeras investigaciones sobre lavado de dinero se realizaron en el Banco Unión-Cremi en los que el principal acusado es Carlos Cabal Peniche, contra quien se han presentado cerca de 20 denuncias penales.

Aclaró que en ninguna de las investigaciones se ha determinado que el origen de los recursos haya procedido de actividades relacionadas con el narcotráfico, ``más bien ha sido por la comisión de otros ilícitos'', apuntó.

Sin embargo, en previsión de que se presente ese tipo de casos, señalaron que las autoridades hacendarias han promovido diversos ordenamientos que permitan un mayor control de las operaciones financieras. Los bancos crearán contralorías internas encargadas de vigilar incluso el modo y niveles de vida de sus empleados para detectar cualquier ingreso adicional.

También se exige a los bancos el reporte de operaciones sospechosas, y se presentará una nueva reglamentación para evitar la libre transferencia de recursos de un banco nacional a otro en el extranjero.

Valenzuela explicó que las operaciones de lavado de dinero realizadas entre el primero de enero de 1990 y el 13 de mayo de 1996 se penalizan bajo el principio del artículo 115 bis del Código Fiscal de la Federación como delitos fiscales, y a partir de esa fecha, con las modificaciones hechas al ordenamiento, son consideradas ya como delitos penales.

Explicó que las mecánicas, en el caso de Unión y Cremi, fueron de defraudación respecto de los depósitos que existían en los bancos, en los cuales fueron utilizados créditos para crear empresas, es decir, se hicieron ``autopréstamos'' con dinero de los depositantes.

Puntualizó que en el caso de la arrendadora Havre el dinero se utilizó para crear empresas ``fantasmas''. Se sacaban recursos de la banca de desarrollo para otros fines, ``pero la figura delictiva asociada al narcotráfico no fue detectada en estos grandes ilícitos'', insistió.

Sobre Unicreva, caso en el que se involucró a la hermana Adriana del ex presidente Carlos Salinas, informó que ``en términos generales se han cubierto los créditos, con lo cual la generación de un quebranto para la Unión que se ha disipado y por lo tanto la posibilidad de continuar con alguna acción de tipo penal se ve muy remota''.

Pedro Zamora declinó puntualizar el monto de la restitución. ``No tengo ahorita el dato exacto'', pero ``diría que la cantidad que se prestó como principal y los intereses que la misma generó se cubrieron al 100 por ciento. No tengo conocimiento de que la señora (Adriana) Salinas hubiera estado acreditada; como lo mencioné aparecía su esposo o ex esposo como acreditado en esas empresas, junto con sus hermanos'', precisó.

Informó que en torno a ese caso se han girado 19 órdenes de aprehensión contra quienes se dedicaron a crear empresas para obtener recursos de manera ilegal. Están incluidos Luis Yáñez de la Barrera, ex esposo de Adriana Salinas; su hermano Eduardo, y Fernando Garza Gutiérrez.

Ellos utilizaron recursos de Unicreva para crear empresas ex profeso para obtener los recursos, dijo Zamora. Extraoficialmente, se crearon más de 150 empresas y obtuvieron 2 mil 200 millones de pesos.

Sobre las transferencias de recursos Méxoco-Nueva York ordenadas al City Bank por Raúl Salinas, Zamora dijo que el problema es que no se abrió ninguna cuenta a nombre de las personas que transfirieron los fondos. ``Resulta difícil que tengamos alguna investigación en torno a lo legal o ilegal de la transferencia de esos recursos''.

Dijo que la nueva reglamentación que emita la Secretaría de Hacienda está enfocada a controlar y evitar que se dé ese tipo de transacciones libremente, incluso entre los propios bancos.

Sobre el PRI-Tabasco y los recursos utilizados para financiar la campaña de Roberto Madrazo, Valenzuela explicó que una vez analizada la averiguación hecha por la PGR, la SHCP opinó que los recursos depositados en el fideicomiso PRI-F2939-1 que el partido tenía en Banco Unión ``no pueden constituir delito de carácter fiscal'', porque en México los partidos políticos son sujetos excepcionales, ya que son personas morales no contribuyentes en términos de los artículos 70 y 73 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

La CNBV determinó que en las transferencias realizadas por Lomas Mil y San Carlos World Trade de México ``no se desprende la comisión de ningún ilícito de carácter financiero que haya causado daño patrimonial a Banco Unión o Arrendadora Unión, en términos de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito''.