Doble carpetazo en la Cámara: Maseca y leche radiactiva

Oscar Camacho Guzmán El carpetazo que la mayoría priísta dio en la madrugada de ayer a la investigación del pago a Maseca por 6 millones de dólares en 1989 exonerando de responsabilidad a todos los funcionarios involucrados, desde el entonces secretario de Programación Ernesto Zedillo, hasta el ex titular de Comercio Jaime Serra Puche, constituye tan sólo el primer paso para sepultar las indagatorias sobre corrupción en la Conasupo, pues se prevé que en los próximos días el PRI cierre también la investigación sobre la importación de leche contaminada en 1986.

Ante ello, legisladores del PAN y del PRD anunciaron que evalúan la posibilidad de no participar más en la Comisión Consaupo de la Cámara de Diputados, por considerar que los priístas han hecho todo lo posible, valiéndose de su mayoría númerica, para frenar, desviar o desechar cualquier denuncia en la que aparezcan involucrados funcionarios o ex funcionarios importantes de la administración de Carlos Salinas de Gortari o bien del actual gobierno.

El carpetazo a la denuncia que hizo el diputado Adolfo Aguilar Zínser sobre presuntas irregularidades en el pago de Conasupo a Maseca en 1989, sin que existiera sustento legal alguno para ello, lo dieron los diputados del PRI a las 2:30 de la madrugada de ayer jueves, luego de ocho horas de intensos debates en una reunión que comenzó a las seis de la tarde del miércoles.

Los priístas se valieron de un informe que presentó el despacho de auditores Bladinieres y Compañía que fue contratado por sugerencia del propio PRI, en el que se afirma que el pago a Maseca por parte de Conasupo fue ``legítimo'', aunque a lo largo de las 34 cuartillas se acepta también que en el momento de hacerse dicho pago no existía norma legal alguna que facultara u obligara a Conasupo a cubrir el daño financiero ocasionado a la empresa Maseca.

El propio documento señala que la norma que obliga ya a Conasupo a pagar daños si se retrasa en el pago de subsidios fue establecida al año siguiente de que el Consejo de Administración de esa paraestatal facultara a Ignacio Ovalle a negociar un finiquito con Maseca que concluyó en una reparación del daño por 6 millones de dólares.

El texto pone especial énfasis en exonerar de responsabilidad alguna a todos los funcionarios que en su momento pudieron haber intervenido en la toma de decisiones, y de manera fundamental señala que ninguna responsabilidad cabe al entonces secretario de Programación y Presupuesto, Ernesto Zedillo, por el hecho de no haber convocado a los cuerpos jurídicos de la SPP, Contraloría y Secofi para que opinaran sobre si debía hacerse o no el pago.

El texto indica que la SPP no incurrió en responsabilidad por el hecho de que no era de su facultad decidir si se hacía o no el pago y que determinó no convocar a los departamentos jurídicos de esas tres dependencias debido a que no habría efectos presupuestos que modificar para cubrir dicho pago.

Sin embargo, en el mismo documento se indica líneas adelante que de hecho sí hubo afectación a otros programas así como transferencias de presupuesto para cubrir la afectación.Durante las ocho horas, el PRI rechazó todas las sugerencias y peticiones que hicieron el PAN y el PRD: con la mayoría de sus votos los priístas se opusieron a que la sesión fuera abierta a la prensa; rechazaron luego la petición de citar al dueño del despacho Bladinieres y Compañía para que aclarara si el informe que conoció la Comisión Conasupo sobre el pago a Maseca, y que sirvió de base para exonerar a Zedillo, Serra Puche y otros funcionarios, era realmente de ese despacho, pues prevalecía la sospecha de que lo hubieran elaborado los propios priístas.Tras esas dos solicitudes, el PRI se negó también a aceptar una moción suspensiva que hizo el PAN para analizar con mayor detenimiento el informe de Bladinieres y Compañía; los priístas votaron en contra de que se consultara también a la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados para que diera una opinión al respecto, y finalmente hicieron de lado las propuestas del PRD para posponer la votación.

Por último, con su mayoría númerica, la fracción del PRI en la Comisión Conasupo determinó que se votara el documento-informe de Bladinieres y lo aprobó en todos sus términos.

Con ello, dio por cerrada la denuncia de Adolfo Aguilar Zínser, y en consecuencia deteminó que el pago a Maseca por 6 millones dólares en 1989 fue ``legítimo'', que se realizó para reparar el daño ocasionado por el retraso en el pago de subsidios por importación de maíz a la empresa de Roberto González Barrera, y que no hubo infracción a norma legal alguna por parte de los funcionarios de Secofi, Secogef, SPP, ni de la propia paraestatal Conasupo.

Expresión grotesca del PRI: PRD y Acción Nacional

Concluida la reunión de la Comisión Conasupo, los diputados del PRD y PAN dieron una conferencia de prensa a las 2:30 de la madrugada en el Palacio Legislativo de San Lázaro, en la que consideraron como expresión grotesca la actitud de los priístas, y aseguraron que el documento de Bladinieres y Compañía contiene una serie de inconsistencias que no permiten sustentar la conclusión a que llegaron los priístas para votar a favor de aprobar dicho informe.

Carlos Navarrete y Víctor Manuel Quintana, del PRD, así como Manuel Beristáin, Kurt Thompsen y Alfonso Martínez, del PAN, lo mismo que el diputado independiente Adolfo Aguilar Zinser, afirmaron que de acuerdo con el documento de Bladinieres no está suficientemente aclarada la responsabilidad de Ernesto Zedillo en el pago, y aseveraron que el tono del documento coloca a Maseca como ``una empresa héroe'' que sólo trabaja para hacer el bien al país.

PAN y PRD analizan dejar comisión

En la rueda de prensa, los panistas fueron los primeros en anunciar que ante la cerrazón y falta de seriedad de los priístas, habían abandonado la reunión antes de que se votara el texto y anunciaron que evaluarían los trabajos de dicha comisión con el coordinador de su fracción, Ricardo García Cervantes, a fin de determinar cuál sería su posición y si continuarían o no en la misma.

Posteriormente, el día de ayer, el diputado Carlos Navarrete señaló que si la actitud del PRI en el caso de la denuncia sobre Maseca se mantiene en otros temas, el PRD se retiraría también y comenzaría a trabajar para que se incluyeran modificaciones a la ley con el fin de otorgar nuevas facultades y normas de trabajo a las comisiones investigadoras que se forman en la Cámara de Diputados.