A más de un año de la matanza de campesinos en el vado de Aguas Blancas, Guerrero, por efectivos policiales de ese estado, persisten fundamentadas sospechas sobre la responsabilidad, en ese suceso, del entonces gobernador Rubén Figueroa, y de varios de sus principales colaboradores. Pero las investigaciones correspondientes se han ido empantanando y archivando en diversas instancias judiciales federales y estatales.

Algo semejante ha ocurrido con la denuncia por los desproporcionados e ilegales gastos de campaña del PRI tabasqueño en 1994. En un rebote entre distintas dependencias desde la Procuraduría General de la República hasta la Procuraduría Fiscal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pasando por la Suprema Corte de Justicia y la Procuraduría General de Justicia de Tabasco, el caso prácticamente ha sido archivado a pesar de que en su momento se documentó fehacientemente que, en esa entidad del sureste, el partido gubernamental había excedido con mucho, el tope autorizado para gastos de campaña, y pese a que en el curso de las investigaciones se encontró que parte de los dineros fue aportado por el banquero prófugo Carlos Cabal Peniche, en triangulaciones que podrían estar relacionadas con el lavado de dinero.

Ahora parece que tocará el turno del carpetazo a la investigación que una comisión de la Cámara de Diputados ha venido realizando sobre operaciones presuntamente irregulares realizadas por Conasupo en el sexenio anterior. Los dos asuntos más inquietantes en esta investigación son, sin duda, los pagos presuntamente indebidos realizados por esa paraestatal a la empresa Maseca, y la importación de leche contaminada por radiactividad. Con respecto al primero, no ha sido esclarecido por qué Conasupo pagaba intereses sobre sus adeudos con la corporación, mientras que ésta no cubría más que el monto neto de sus deudas con la paraestatal. El segundo podría configurar delitos de extrema gravedad, porque en la adquisición de la leche contaminada no sólo pudo haberse cometido un desfalco a Conasupo, sino que se puso en riesgo la salud de un número indeterminado de mexicanos.

Cerrar la pesquisa legislativa sobre Conasupo sería inconveniente desde cualquier punto de vista. En el caso de las tansferencias monetarias con Maseca se ha querido involucrar al presidente Ernesto Zedillo, dado que éste tuvo algún contacto con el caso cuando fue secretario de Programación y Presupuesto. Es preciso que la investigación continúe hasta sus últimas consecuencias, entre otras cosas, para despejar cualquier sospecha sobre la figura presidencial. Cancelar la investigación en forma apresurada, mediante el simple voto de la mayoría priísta en la comisión investigadora, tendría el efecto inverso.En términos generales es preciso poner fin a la práctica del carpetazo en sus numerosas modalidades. Cada pesquisa cerrada antes de tiempo, cada renuncia de los organismos fiscalizadores a ir al fondo, cada falta de respuesta a inquietudes ciudadanas, contribuyen a agravar la crisis de credibilidad en las instituciones y el escepticismo de la opinión pública acerca de la vigencia de un Estado de derecho.