La represión ``no está en nuestros planes'': Salgado
Miriam Posada y Alonso Urrutia El secretario de Seguridad Pública, Enrique Salgado Cordero, advirtió que la policía sólo hará uso de la fuerza pública cuando se hayan agotado todos los recursos de la razón. ``La represión no forma parte de nuestros planes de acción porque nuestra función es prevenir el delito'', agregó.
Salgado Cordero reconoció la gravedad del problema y señaló que la delincuencia organizada ha rebasado a las corporaciones policiacas, por lo que para hacer frente al gran problema de inseguridad ``se debe actuar de manera dura e inflexible, enérgica, contra esa delincuencia organizada'' dentro de los marcos de la ley.
Comparecencia, Manuel Jiménez Guzmán, Enrique Tomás
Salgado
Cordero y José Espina. Foto: Frida Hartz
El general de División sostuvo que la presencia de los militares al mando de la corporación no debe ser motivo de preocupación social. ``De ninguna manera se piense que el Ejército va a patrullar las calles ni que vaya a asumir las funciones que competen a los cuerpos de seguridad pública'', expuso.
Al fijar sus posturas, los diversos partidos insistieron en que el combate a la seguridad pública se rija por el respeto a las garantías individuales y no se caiga en ``tentaciones autoritarias''. A la insistencia de los partidos sobre la militarización, Salgado dijo que su estancia es transitoria.
Reconoció que los capitalinos tienen toda la razón en sus críticas a la policía, ``su actitud está plenamente justificada porque no es posible que persistan algunas actitudes'' que se han desarrollado en la corporación.
Lamentó el poco respeto y confianza que la sociedad tiene en la corporación, pero recuperarla ``no puede ser por decreto ni por secuencia del discurso'', sino por una transformación real de la policía mediante la capacitación.
Durante la reunión que el titular de la SSP sostuvo con miembros de la Asamblea de Representantes del DF (ARDF) --en el salón Reforma de un hotel capitalino--, Salgado Cordero dijo que es urgente aumentar salarios a los policías, mejorar su calidad de vida y trabajo, ``pero no hay dinero suficiente''. Por lo pronto se buscará mejorar las prestaciones ante la situación económica.
En entrevista, el líder de la ARDF, Manuel Jiménez Guzmán, admitió que es urgente la ampliación de recursos para la SSP, por lo que ya lo platicó con el regente y sólo faltaría una reunión con el general Salgado para conocer sus necesidades y aprobar la ampliación en los primeros días del periodo de sesiones.
Salgado señaló que ante la gravedad de la situación no es posible hacer primero una reestructuración de la policía y después combatir el delito, se trata, dijo, de actuar simultáneamente de manera dura e inflexible contra la delincuencia y la corrupción.
Desde el inicio de su administración ha revisado 286 expedientes de policías, de los cuales 141 fueron destituidos, 45 suspendidos, a 39 se les aplicaron correctivos disciplinarios y siete fueron absueltos.
Acompañado de cinco de los principales mandos de la SSP reconoció que la delincuencia rebasó la capacidad de las organizaciones policiacas, dijo que no puede fijar plazos para abatir el crimen y destacó que los operativos continuarán sin violar derechos .
Al establecer la postura del PRI, Rafael Luviano dijo que los problemas económicos y sociales no justifican la impunidad de la delincuencia, y tampoco la corrupción existente en la policía. En materia de seguridad es necesario terminar con el divorcio entre sociedad y autoridades, para lograr una mayor eficacia en los programas.
Por su parte, el panista José Espina aseveró que ``la sociedad no puede ser víctima nuevamente de la discrecionalidad de la policía ni de acciones unilaterales.
En su intervención, el perredista Eduardo Morales se pronunció en contra de que el rumbo de los programas de seguridad pública sea la represión. ``La ciudad requeriría para combatir al crimen organizado parte de la experiencia de contrainsurgencia, pero no contra la población ni contra las fuerzas políticas y sociales, sino contra los criminales''.
Por su parte, el ecologista Arturo Sáenz Ferral lamentó que la seguridad pública siga equiparándose con medidas persecutorias