Enviados de la CIDH se entrevistan con las viudas de las víctimas y varios sobrevivientes

Maribel Gutiérrez, corresponsal, Acapulco, Gro., 19 de julio Cuatro integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) visitaron hoy Coyuca de Benítez y Atoyaquillo, comunidad de la sierra, donde se reunieron con viudas de los campesinos asesinados en el vado de Aguas Blancas, y con sobrevivientes de la matanza del 28 de junio de 1995.

Por la tarde, recibieron denuncias y testimonios de violaciones a los derechos humanos en el estado por parte de dirigentes sociales, indígenas, representantes del Partido de la Revolución Democrática (PRD), de las autoridades municipales de Atoyac, de ciudadanos, y de representantes de la Red Nacional de Derechos Humanos ``Todos los Derechos para Todos''.

Los observadores de la CIDH, John Stanley Donaldson, primer vicepresidente de ese organismo de la OEA, Domingo Acevedo, secretario ejecutivo, y los comisionados Robert Kogot Goldman y Alvaro Tirado, cumplieron su primer día de visita a Guerrero, con el apoyo del gobierno del estado. Las reuniones fueron cerradas, sin acceso a los medios de comunicación.

Con las viudas hubo dos reuniones. Una, por la mañana, en la cabecera municipal de Coyuca de Benítez, organizada por la presidencia municipal, a la que asistieron cuatro viudas que en los últimos meses se han identificado con las posiciones del gobierno del estado.

Al mediodía se reunieron con once viudas y varios sobrevivientes, en la comunidad de Atoyaquillo.

Antes del inicio de la sesión, salieron del lugar donde se realizó la reunión la casa de Martina Reza, madre de dos campesinos asesinados el 28 de junio de 1995 los representantes de la Red y los apoderados legales de los deudos, encabezados por el secretario de Asuntos Jurídicos del Partido de la Revolución Democrática, Samuel del Villar, con el fin de que se quedaran sólo los directamente afectados, y para evitar que se hablara de alguna manipulación.

Funcionarios de la Secretaría de la Mujer del gobierno del estado habían manifestado que los deudos y los sobrevivientes se sentían presionados por el PRD y por la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS).

El comisionado Robert Kogot dijo a los reporteros que la presencia de los integrantes de la CIDH en esta comunidad de la sierra de Coyuca obedece a los hechos de Aguas Blancas, para verificar las denuncias que han recibido, y sacar datos que se integrarán a un informe.

En Atoyaquillo hablaron varios de los sobrevivientes de la matanza. El campesino Juan Pastrana relató lo ocurrido el 28 de junio del año pasado, cuando agentes de la Policía Motorizada dispararon contra campesinos que viajaban en una camioneta de pasajeros, algunos de ellos para realizar diversas actividades en Coyuca, y otros para trasladarse a una manifestación en Atoyac. Explicó que en esa ocasión él fue herido de bala en la cabeza, cerca del oído, que esa lesión le hace perder el equilibrio por lo que está incapacitado para trabajar, y agregó que no ha recibido la atención adecuada.

Por la tarde, el director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, David Fernández Dávalos, explicó que la Red presentó un informe sobre la situación general de los derechos humanos en el estado de Guerrero. Un apartado del documento se refiere a la ``creciente militarización de algunas regiones del estado, como Costa Grande, Costa Chica, La Montaña, la zona centro y el alto Balsas. ``Desde antes de la aparición del Ejército Popular Revolucionario (el pasado 28 de junio) vemos que hay un proceso creciente de presencia del Ejército en el estado de Guerrero, pero se agudiza y se legitima entre comillas ante la opinión pública después de la aparición del EPR''.

Afirmó que la militarización ``trae consecuencias negativas para la población, desde que se ensucian las fuentes de agua, se controla el desplazamiento de la población, se les requisan alimentos, se hacen cateos sin orden judicial, y en zonas del estado ya cuentan las tortillas que se llevan a los peones y sólo permiten tres tortillas por peón''.

Planteó que ``mientras no se declare un estado de emergencia o de conmoción interna, no está legitimada ninguna presencia del Ejército de tal magnitud en las comunidades de Guerrero''. En el informe se denuncian casos de violencia política y de impunidad. Fernández Dávalos manifestó: ``Vemos la procuración e impartición de justicia como algo que ha desaparecido de Guerrero''.

María Luisa Méndez, viuda del abogado Norberto Flores Baños, asesinado por policías judiciales del estado el año pasado, asistió para denunciar que no se ha investigado a los autores intelectuales del homicidio, principalmente al ex secretario general de Gobierno, Rubén Robles Catalán. Militantes del PRD de Tecpan de Galeana entregaron información sobre la impunidad en el caso del asesinato de la doctora Martha Morales Vázquez, dirigente perredista en ese municipio, asesinada por pistoleros a sueldo el 14 de octubre del año pasado.

El dirigente del ``ayuntamiento popular en rebeldía de Rancho Nuevo Democracia'', Marcelino Isidro de los Santos, entregó un informe sobre la violencia política contra los mixtecos y amuzgos de la Costa Chica y Montaña, con una lista de diez campesinos asesinados por motivos políticos en esa región.

Andrés Rosales, dirigente del PRD en la Tierra Caliente, presentó denuncias sobre la violencia política en el municipio de Cutzamala, donde han sido asesinados tres perredistas y tres más han sido heridos en atentados.