La Jornada 20 de julio de 1996

Diputados de PRI, AN y PRD, contra la extradición retroactiva

Oscar Camacho y Laura Gómez Diputados del PRI, PAN y PRD demandaron ayer al Ejecutivo que se retire el carácter retroactivo establecido en el Tratado de Extradición con España, por considerar que constituye un agravio a la Carta Magna y al principio general y abstracto que deben tener las leyes.

En el Palacio Legislativo de San Lázaro, representantes de las tres fuerzas políticas más importantes del país demandaron que el Senado revise de inmediato el tratado, en tanto que priístas y perredistas exigieron que el procurador general, Antonio Lozano Gracia, dé una explicación pública de todos los aspectos del acuerdo que negoció con las autoridades españolas.

Los cuestionamientos a la aplicación retroactiva del Tratado de Extradición se dieron ayer en distintos ámbitos, e inclusive el Frente Mexicano Pro-Derechos Humanos envió una carta al presidente Ernesto Zedillo, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al Congreso de la Unión y a los partidos políticos, para que frenen esa ``inadmisible medida'', que atenta contra la Constitución y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

PRI: el Senado debe revisar el tratado En la Cámara de Diputados, el priísta Carlos Reta Martínez, secretario de la Comisión de Relaciones Exteriores, se mostró ``sorprendido'' de que en la información oficial se hable de ``una aplicación retroactiva'', pues sostuvo que ninguna ley puede tener carácter de retroactividad, ni por ende destinatario específico.Tras apuntar que el carácter retroactivo no se corresponde con la Constitución, Reta el primero que se manifestó por que el Senado revise este acuerdo de extradición con España, así como que el procurador Antonio Lozano Gracia explique el contenido de lo convenido.

En este aspecto, dijo que si bien corresponde a los titulares de cada dependencia la definición de acuerdos con sus contrapartes de otros países, también es cierto que ``existe una legislación que determina los puntos a que debe sujetarse la elaboración, aprobación y aplicación de los tratados. Y lo que el procurador haya planteado debe sujetarse a estos principios y respetarse la Constitución''.

La Constitución prohíbe la retroactividad de leyes: PAN Patricia Garduño, diputada panista de la Comisión de Justicia, cuestionó también el carácter retroactivo de la ley, pues enfatizó en distintas ocasiones que la Constitución es ``muy clara'' en la prohibición expresa de aplicar una ley como lo aceptó México con España.

``Si esto se permite entonces se estará consintiendo la vulneración del sistema jurídico por así convenir a otros intereses distintos a la aplicación de la justicia'', indicó.La diputada del PAN se manifestó también en favor de que el Senado de la República actúe en forma urgente y haga en primer lugar una declaración y después revise el contenido del Tratado de Extradición con España, pues ``México no debe plegarse'' a aceptar situaciones que vayan en contra de su Constitución.

Sobre los motivos que pudieran estar influyendo para que México aceptara firmar un tratado con ese contenido, Patricia Garduño indicó:``No lo afirmo, pero existen suficientes elementos para sospechar que tiene que ver con otro tipo de intereses'', y en específico con la necesidad de que España apoye a México para la firma de un tratado de libre comercio con la Unión Europea, pues ``cuando se firmó el TLC con Estados Unidos el gobierno aceptó disposiciones que violentaban diversos principios de las leyes nacionales, entre ellas las laborales. Entonces dijo cedimos mucho con tal de quedar bien. Por eso esta la sospecha de algo similar''.

La legisladora panista responsabilizó, sin embargo, ``al gobierno y al PRI'' de aplicar a su modo la ley, y agregó que en esta ocasión el carácter retroactivo tiene destinatario específico, lo que juzgó va en contra del principio general y abstraco que deben tener todas las leyes.

Eso se llama persecución: PRD En la fracción del PRD, la legisladora Mara Robles, de la Comisión de Relaciones Internacionales, manifestó que este ``es uno más de los gravísimos errores del gobierno mexicano que contribuyen a debilitar las instituciones y en especial la política exterior del país''.

Mara Robles cuestionó al procurador general, Antonio Lozano Gracia, pidió que dé una explicación pública de ``todo lo que negoció con España'' y dijo que el carácter retroactivo ``negociado por Lozano va en todo la lógica de la vulneración que ha hecho con leyes como las que permiten el espionaje, las detenciones arbitrarias y otras propuestas por el procurador''.

Afirmó también que ``se está imponiendo la idea casuística'' cuando las leyes deben ser generales. ``Eso se llama persecución y no de otra forma'', apuntó.La diputada perredista dijo que si bien en su partido no se defiende a los grupos terroristas, ``debe quedar claro que entre los que pelean por la independencia vasca y los grupos terroristas hay una línea muy tenue, pero también grandes diferencias conceptuales y de método. Desgraciadamente, las mentalidades policiacas no saben diferenciar entre los grupos terroristas y los luchadores por la independencia vasca, y con este tratado se corre ese riesgo''.

La retroactividad, propia de dictaduras: FMPDH En una carta enviada al presidente Zedillo, a la Suprema Corte, al Congreso y a los partidos, el Frente Mexicano Pro Derechos Humanos manifestó que el carácter retroactivo en las leyes es un rezago antidemocrático y propio de las dictaduras, porque su vigencia permite que los efectos de una nueva ley o acuerdo se apliquen a situaciones jurídicas nacidas bajo el imperio de la antigua legislación, lo cual creará un ámbito de persecución, terror, angustia e inseguridad jurídica generalizada.