A pesar de que voceros de la Secretaría de Relaciones Exteriores sostienen que en México no existen los 200 etarras que menciona la prensa española y aún menos etarras en actividad, y añaden que no se realizarán deportaciones masivas a pedido del gobierno español, los diarios de España son concluyentes: México, según ellos, ha concedido la aplicación retroactiva de las extradiciones y deportará a todos los presuntos etarras que pida Madrid, salvo Esteban Zubiri, protegido por un fallo de la justicia mexicana. Ellos sostienen, además, que la negociación dirigida por el secretario de Estado de Seguridad español, Ricardo Martí Fluxá, ha sido el paso previo para asegurar el viaje que realizará en septiembre próximo a nuestro país el presidente del gobierno de España, José María Aznar. O sea que la amenaza de extradición de los presuntos etarras y la modificación, para empeorarlo, del Tratado de Extradición entre México y España, firmado en noviembre de 1978, serían concesiones destinadas a obtener la buena voluntad de Madrid.

Los principios políticos y legales no pueden depender de consideraciones coyunturales y, menos aún, ser modificados en función de las mismas, abriendo paso a posibles graves violaciones del derecho internacional. Qué base jurídica existe para aplicar una ley con carácter retroactivo y empeorando, para colmo, la situación del presunto reo? Cómo es posible violar el espíritu mismo de la Constitución, que garantiza los derechos y es liberal, para convertir a los organismos policiales mexicanos en meros ejecutores de las decisiones de la policía extranjera, sin que las víctimas de las extradiciones hayan cometido en nuestro territorio ningún delito, ninguna acción fuera de la ley?

Cómo es posible, por ejemplo, declarar que ``los actos de terrorismo'' no serán considerados delitos políticos y, por lo tanto, serán posibles de extradición, sin definir previamente qué se entiende por terrorismo y, peor aún, dejando esa definición (y la prueba de la acusación) en manos del gobierno español, deseoso de acabar con sus adversarios? Cómo es posible arrancar a la justicia mexicana la posibilidad de evaluar si hay un delito previo antes de aprobar la extradición, dejando así a la policía española el absurdo poder de ``probar'' con su simple orden de aprehensión que el sospechoso es un delincuente, cuando cualquiera es inocente mientras no se pruebe lo contrario? Además, la concesión de la extradición de los acusados de pertenecer a una organización política declarada ``terrorista'' por un gobierno extranjero (Hidalgo, Morelos, no eran acaso ``terroristas'' para la corona española, no eran ``criminales'' para Franco los republicanos españoles que se refugiaron en México?), viola una larga y honrosa tradición que hizo siempre de nuestro país una tierra de asilo. No defendemos ni las ideas ni las acciones de nadie: simplemente defendemos nuestra Constitución y nuestra tradición internacional, de las que estamos orgullos como mexicanos. Y esperamos no tener que ruborizarnos si nuestro país se agrega a la larga lista de naciones donde sólo cuentan las voces de las policías de los países fuertes.