Luego del comunicado público que los cuatro dirigentes de los partidos que tienen asientos en el Congreso y el secretario de Gobernación firmaron el día 17, y de la mesa redonda que los primeros llevaron a cabo el mismo día en el auditorio del Instituto Federal Electoral (IFE), uno refrenda la impresión de que la reforma electoral y la del gobierno del DF son posibles en el corto plazo, y que uno de los temas de mayor diferendo (composición del Congreso) anuncia nuevos campos de problemas que cabalgan entre la reforma electoral propiamente dicha y la reforma del Estado; y esto último hay que asumirlo para abordarlos con todas sus implicaciones.

En materia electoral se han logrado importantes avances en los temas de justicia electoral, órganos y procedimientos, condiciones de la competencia, partidos, coaliciones, agrupaciones políticas. Es decir, aquella agenda que busca inyectar absoluta imparcialidad a los árbitros, reglas y procedimientos comiciales parece marchar por buen rumbo. Algo similar sucede con las hasta hoy asimétricas condiciones de la competencia, ya que en relación al financiamiento, topes en gastos de campaña, acceso a medios de comunicación, etcétera, las coincidencias no son escasas. El contencioso electoral con la posibilidad de iniciar juicio de constitucionalidad a las leyes electorales, la integración de los tribunales al Poder Judicial, el destierro del colegio electoral para calificar la elección presidencial, entre otras, también marcha. Y en relación a las reglas para registrar partidos, integrar coaliciones, reinaugurar la figura de las agrupaciones políticas, los consensos parecen al alcance de la mano.

Algo similar se puede decir de la reforma al gobierno del DF. Sobre todo porque el acuerdo de elegir en 1997 a través del voto universal, secreto y directo, al jefe de gobierno citadino debe servir para allanar el camino.

Subsisten diferencias en relación a la integración de los órganos colegiados del IFE o en torno a los montos permitidos de financiamiento privado, entre otros, pero no parecen ser temas que puedan (o deban) bloquear eventuales acuerdos.

Donde las diferencias son profundas es en relación a la integración del Congreso, y es probable que por lo pronto lo mejor sea una solución de compromiso. Y ello porque el tema no puede ser resuelto (creo) dentro de los marcos estrechos de una reforma electoral, ya que el tema tiene que ver con algo más complejo y vasto como es el sistema de gobierno, las relaciones entre poderes, las posibilidades de una democracia sustentable.

Las fórmulas de integración del Congreso siempre han sido parte de la agenda de las reformas electorales. De hecho en 1977 fueron un pilar de la reforma política. Las dos posiciones contrapuestas desde entonces han sido (simplificando) las de aquéllos que hemos pugnado por una traducción de votos en escaños de la manera más exacta posible, y quienes defienden que son necesarios mecanismos de asignación de asientos que garanticen la conformación de una mayoría absoluta en el Poder Legislativo. Las modalidades que han tomado sendas posiciones son más que variadas.

Ese debate, sin embargo, tenía un sentido en los marcos de un sistema ``casi monopartidista'' y no competitivo, y empieza a tener otro con el aumento de la competitividad y dada la edificación aún incompleta de un auténtico sistema de partidos. Sin competencia real el tema de la fórmula de asignación de curules tenía que ver casi exclusivamente con la justicia de la opción ya que la mayoría absoluta de todas formas se encontraba garantizada.

No obstante, con la conformación de un sistema de partidos, cada vez más competitivo, el asunto no resulta tan sencillo. Quienes planteamos la representación proporcional (a partir de un sistema mixto) debemos hacernos cargo de la eventualidad nada remota de que ningún partido tenga mayoría absoluta de votos (más del 50 por ciento) y por ello mismo se imposibilite la construcción de mayorías absolutas en las Cámaras, lo que desataría profundas dificultades de ``gobernabilidad''.

Quienes siguen apostando a fórmulas artificiales para construir esas mayorías absolutas a través de cláusulas de gobernabilidad abiertas o disfrazadas, tendrán que reconocer que la debilidad de esa ``ingeniería constitucional'' reside en su artificialidad, lo que eventualmente puede generar una espiral de problemas producto de la no coincidencia entre votos y representación.

Nos encontramos ante un tema que difícilmente puede resolverse a satisfacción dentro de los limitados marcos de una reforma electoral. Porque el tema mismo anuncia que los cambios en el sistema de partidos y el sistema electoral están empujando a modificaciones conceptuales y normativas en torno al propio sistema de representación y gobierno. O para decirlo de otra manera, un régimen presidencial que tiende a ser acompañando por un sistema tri o multipartidista, tendencialmente incapaz de generar mayoría absoluta de votos, deberá generar nuevas reglas constitucionales y legales para la construcción de congreso y gobierno, que no pueden ser aquéllas válidas durante la larga etapa de monopartidismo fáctico y elecciones insípidas.