Prohíben emplear a menores en San Quintín

Antonio Heras y Jorge Alberto Cornejo, corresponsales Las autoridades laborales de Baja California ordenaron a los productores del Valle de San Quintín suspender el empleo de niños en los campos agrícolas de esa zona, informó en Mexicali Eleazar Verástegui Galicia, director de Trabajo y Previsón Social del gobierno estatal.

Entro otras disposiciones, la dependencia dictaminó que deberá brindarse a los jornaleros un abasto suficiente de agua para beber, instalarse letrinas y lavamanos y delimitarse los lugares para realizar comidas, servicios de los que en general carecen hasta ahora los trabajadores.

Las disposiciones prevén la puesta en marcha de un programa de atención a niños jornaleros, que incluye unidades móviles para brindar atención médica, servicios escolares, guardería y actividades recreativas; estas unidades deberán seguir a los grupos de trabajadores agrícolas por las principales regiones de labor en el estado, como Valle de Mexicali, La Trinidad, Meneadero y San Quintín.

En tanto, funcionarios del gobierno local se entrevistaron ayer con líderes campesinos y representantes patronales del Valle de San Quintín para acordar medidas que permitan resolver en un corto plazo las principales carencias de los miles de trabajadores migrantes agrícolas en esa región.

A su vez, el Centro Binacional de Derechos Humanos en Tijuana anunció que se integra una comisión de organizaciones no gubernamentales de ambos lados de la frontera, que evaluarán las condiciones de vida de los campesinos que el pasado 3 de julio se manifestaron violentamente para demandar el pago de salarios atrasados y mejores condiciones de empleo.

La delegación oficial está encabezada por Carlos Fernández Ruiz, coordinador del gabinete del gobernador Héctor Terán -cargo que no existía antes de esta administración- y por el subsecretario general de Gobierno, Rodolfo Valdez.

Las reuniones de las autoridades con líderes campesinos y empresarios agrícolas de San Quintín se efectuaron en privado en el salón sindical de electricistas (SUTERM), en Tijuana. Al término, Fernández Ruiz comentó que tanto la parte patronal como los trabajadores mostraron disposición para resolver las diferencias y evitar que resurjan los brotes violentos.

Llamado de atención: Clark

Por su parte, Víctor Clark Alfaro, director del Centro Binacional de Derechos Humanos en Tijuana, indicó que el movimiento violento de los más de 700 campesinos que demandaron mejores condiciones de vida no es sólo una llamada de atención para el gobierno, sino para toda la sociedad bajacaliforniana, que debe reaccionar ante el atropello que viven miles de connacionales, muchos de ellos menores de edad, víctimas de la explotación patronal.

Se tiene programado que una delegación de por lo menos 20 personas -entre representantes de organismos de derechos humanos de ambos lados de la frontera y periodistas, también binacionales- acuda a San Quintín la segunda quincena de agosto para evaluar las condiciones de vida de los campesinos