Crece la cifra de presos 25% al año en el país

Ismael Romero En las cárceles del país, la readaptación social enfrenta obstáculos por los graves problemas del sistema penitenciario nacional, entre ellos la sobrepoblación, causa de frecuentes riñas, fugas, motines y homicidios; la falta de mecanismos reales que permitan la libertad bajo fianza a procesados de bajos recursos económicos; el uso de instalaciones vetustas e inadecuadas, algunas de las cuales datan del siglo XVII, y deficiencias en el trabajo, la capacitación para el mismo y en la educación, que son los tres puntos básicos que deben cumplir los internos para su rehabilitación.

La actual estructura carcelaria -tres centros del gobierno federal, ocho del Departamento del Distrito Federal, 274 de los gobiernos estatales y 150 de las autoridades municipales (437 en total)- adolece de instalaciones adecuadas para la readaptación por el trabajo, la capacitación para el mismo, la educación y la salud, ya que son insuficientes los servicios de mantenimiento y rehabilitación.

Su equipo electrónico es limitado, y por sus propias características de sofisticación multiplica el grado de deterioro; el parque vehicular, en un 60 por ciento, se encuentra en condiciones de uso inadecuado; los gastos de operación por concepto de transportación aérea son muy elevados; la industria penitenciaria, elemental para la readaptación por medio del trabajo, no cuenta con la maquinaria, herramientas ni refacciones para cumplir con su propósito, y el personal de vigilancia no siempre dispone del equipo de seguridad que corresponde al servicio de alto riesgo que presta.

A esto se agrega que sólo han sido capacitadas ocho mil 477 personas de las aproximadamente 30 mil que integran la plantilla laboral del sistema, entre ellos personal administrativo, técnico (psicólogos, trabajadores sociales, médicos, enfermeras, odontólogos, pedagogos, profesores, abogados y criminólogos), de seguridad y custodia.

Lo anterior es parte del diagnóstico que la Secretaría de Gobernación elaboró como parte del Programa de Prevención y Readaptación social 1995-2000, publicado ayer en el Diario Oficial de la Federación.

En el documento se consigna también que la tendencia delictiva ha ido creciendo en los últimos años. La población penitenciaria ha aumentado, en promedio anual, 25.59 por ciento, de tal suerte que los espacios disponibles en las cárceles, 91 mil 548, están saturados. El exceso de presos, hasta diciembre de 1995, era de dos mil 26.

Tal hacinamiento puede verse tanto en las cárceles viejas como en las nuevas, donde se reciben con frecuencia numerosas recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por problemas en las instalaciones, actividades laborales, aplicación de reglamentos, separaciones, servicio médico, actividades educativas, capacitación, abuso de poder, maltrato, cobros indebidos, segregación, sobrepoblación y privilegios, entre otros.

El progama dado a conocer por el Ejecutivo busca contrarrestar deficiencias en la prevención de delitos y en la readaptación social, mediante los siguientes programas:

``De Prevención del delito; de Readaptación Social; de Adaptación de Menores Infractores; de Reinserción Social; de Infraestructura Penitenciaria; de Actualización de Expedientes y Libertad Anticipada; de Profesionalización de Recursos Humanos y de Modernización y Mejoramiento de la Administración''.

En el Diario Oficial se subraya que el Programa traduce la firme voluntad gubernamental de prevenir las conductas antisociales y establecer condiciones de vida decorosa para los internos, respecto de sus derechos fundamentales y auténticas posibilidades de readaptación y reinserción social.

En el diagnóstico se establece que, de acuerdo con datos estadísticos disponibles, existe una tendencia delictiva creciente del 13 por ciento durante el periodo 1990-1994. Las entidades federativas que reportan el mayor número de consignados y sentenciados son: México, Jalisco, Veracruz, Tamaulipas, Sonora, Chihuahua, Tabasco, Guanajuato y San Luis Potosí. La población entre 20 y 39 años de edad es la que se involucra mayormente en la comisión de ilícitos.

En los últimos años, indica la evaluación, ha habido una actividad en aumento en los delitos en la que predomina el crimen organizado, cuya acción delictiva ha rebasado el ámbito de los ataques a la salud y ahora comete también asaltos bancarios y secuestros.

Entre las entidades federativas que tuvieron mayor incidencia delictiva en el periodo de 1981 a junio de 1995, están Jalisco y estado de México, además del Distrito Federal, que reúnen el 47 por ciento de asaltos cometidos durante este periodo.

Entre las acciones criminales mejor organizadas se encuentran los delitos de secuestro, de los cuales 293 ocurrieron hasta el 5 de julio de 1995, y las entidades con el mayor número de ellos son Chiapas, Guerrero, Morelos, Oaxaca y Sinaloa.

Según la dependencia, el fenómeno delictivo y de conductas infractoras obedece a diversos factores, entre ellos:

``Deterioro de las condiciones económicas y sociales; agudización de la pobreza extrema; inestabilidad laboral, desempleo y subempleo; insatisfacción de las necesidades básicas de amplias capas de la población; acceso marginal a las oportunidades de educación, servicios de salud y habitación.

``Deserción escolar en todos los niveles, crisis estructural de la familia, que impacta especialmente en los niños y en los jóvenes; violencia intrafamiliar; desintegración familiar; brecha generacional y esnfrentamiento de valores que se presentan en las familias inmigrantes en las grandes ciudades.

``Difusión de programas en los medios colectivos de comunicación con altos contenidos de violencia y sexo; proliferación de barrios marginados; construcción de grandes conjuntos habitacionales carentes de áreas deportivas, de esparcimiento y espacios para la vida comunitaria; insuficiente participación de la sociedad civil en los programas de prevención de la delincuencia; limitaciones en los programas de readaptación social destinados a menores y adultos, y deficiencias en los programas de apoyo a la reinserción social de liberados de instituciones de readaptación social y de tratamiento de menores infractores''.

Los retos que se plantea el Programa son instituir una política eficaz de prevención del delito, mejorar el tratamiento de readaptación y adaptación social para evitar la reincidencia, y racionalizar el costo social que conlleva el manejo de centros penitenciarios y de menores infractores