Marginación jurídica de jornaleros por intereses creados, dice Pronasol

Matilde Pérez U. La ley laboral requiere un cambio para que se respeten los derechos de los 3.6 millones de jornaleros agrícolas, aseveró la coordinadora del Programa del Nacional de Solidaridad para este sector productivo (Pronjag), Lourdes Sánchez. Subrayó que en los seis años que tiene este programa ha sido imposible terminar con resistencias e intereses políticos y económicos generados en 40 años, aunque se han logrado significativos adelantos.

Para transformar la situación prevaleciente es necesario cambiar leyes y reglamentos, así como especificar mecanismos para garantizar a los jornaleros agrícolas el ejercicio real de sus derechos, puntualizó.Tras mencionar que los productores evaden todas las prestaciones estipuladas en el artículo 123 constitucional, insistió en que la legislación actual contenida en la Ley Federal del Trabajo es insuficiente para que los jornaleros agrícolas accedan a la seguridad social que la Constitución otorga a los mexicanos.

La inseguridad se ahonda cuando los contratos colectivos otorgan a los patrones el derecho de contratar a los trabajadores libremente y sin la obligación de conservar la misma cantidad de plazas de una temporada a otra. Los patrones fijan libremente los horarios de trabajo y los días de descanso y, con la necesidad de que se incorpore el núcleo familiar para elevar el ingreso, se pasa por alto la prohibición de emplear mano de obra de menores de 14 años y que la jornada de trabajo para menores de 16 años sea de seis horas.

Marginados del cuerpo jurídico y operativo de seguridad social, los jornaleros agrícolas enfrentan discriminaciones y abusos que empiezan desde que el enganchador (agentes de los patrones para reclutar mano de obra) llega a las comunidades y continúa en los campos agrícolas, donde se hacina a los trabajadores en galerones de cuatro por cuatro metros carentes de todos servicios e incluso pernoctan bajo los árboles o en bodegas, como es el caso de los indígenas coras, tepehuanos y huicholes de la zona serrana de Nayarit, Jalisco y Durango que bajan a los valles de la costa nayarita para cosechar tabaco y frijol.

En entrevista, la coordinadora del Pronjag subrayó: ``Hay mucho por hacer, pero no es una cuestión de voluntad política, sino de cumplir con la legalidad, con los derechos constitucionales y laborales'', insistió.

En los campos agrícolas ``no hay ninguna instancia de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social que regule estas situaciones de injusticia. Todo mundo piensa que la relación laboral se da en la ciudad; por ello tratamos de que la STPS se incorpore con nosotros y vigile en las zonas donde estamos trabajando, pues hay que acercarse y agotar los programas de trabajo en la realidad. Procuración de Justicia del Instituto Nacional Indigenista ha intervenido para defender ciertas cuestiones laborales porque nosotros allí no tenemos capacidad de acción y es una cuestión que no nos corresponde''.

Sin embargo, agregó romper con esos intereses sin violentar la situación ni provocar que los jornaleros sean ``boletinados'' y no se les acepte contratar en otros campos es un trabajo ``delicado, tipo hormiga. Es una situación compleja que requiere de estrategia'', insistió.

Explicó que entrar a los campos de cultivo privados requirió de una estrategia de trabajo conjunta con los propietarios, quienes mantenían resistencias y temores, los cuales persisten en el caso de San Quintín. Pero allí se trabaja junto con el INI y el gobierno del estado para hacer entender a los particulares que los trabajadores tienen derechos y que éstos deben respetarse.

Según el análisis realizado por el Pronjag, los estados que reciben la mano de obra son: Sinaloa, Sonora, Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Comarca Lagunera en Durango, Tamaulipas y Nuevo León, mientras que las zonas de expulsión son Oaxaca, Guerrero y Michoacán. A su vez, Veracruz, Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí, Guanajuato, Jalisco, Nayarit y Chiapas se caracterizan por tener zonas de atracción y de expulsión. Por ello, 40 por ciento de los jornaleros son indígenas, la mayoría mixtecos, triquis y zapotecos de Oaxaca; nahuas, mixtecos y tlapanecos de Guerrero; purépechas de Michoacán, tepehuanos y mexicaneros de Durango.

Respecto al trabajo de los niños en esos campos agrícolas, Lourdes Sánchez aclaró que no lo justifica, pero ``es un acto de sobrevivencia de las familias. Una tercera parte de la población jornalera migrante está compuesta por mujeres; 53 por ciento de ellas son madres de familia y 30 por ciento niños cuyas edades fluctúan entre siete y 14 años''.

Aclaró que el trabajo de los promotores del Pronjag no tiene como objetivo formar sindicatos, ``eso es absurdo''; además, ese tipo de organizaciones está muy desacreditada entre la población jornalera, la cual se niega a pertenecer a cualquier agrupación laboral que no ofrezca una nueva y auténtica alternativa sindical. Recordó que, según datos de la Secretaría de la Reforma Agraria, en 1985 estaban registrados 365 sindicatos de trabajadores agropecuarios afiliados a la Confederación Nacional Campesina y a la CTM, los cuales, en su conjunto, reunían 45 mil agremiados.

Explicó que en los seis años de existencia del Pronjag se ha trabajado en vivienda y saneamiento ambiental, alimentación y abasto, salud y seguridad social, educación, cultura y recreación, capacitación, empleo y productividad, así como en procuración de justicia, en Sinaloa, Sonora, Baja California, Baja California Sur, Morelos, Durango, Nayarit, Veracruz, Oaxaca, Guerrero, Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí y Guanajuato, en beneficio de 309 mil 238 personas de 157 municipios.

El programa no sólo se aplica en los campos agrícolas, sino también en las zonas de expulsión, y se aclara que la introducción de servicios y labores de alimentación, salud y vivienda no es ``ningún regalo del Estado ni de los patrones, sino parte de sus derechos. Nuestra intención es que la gente viva y trabaje en mejores condiciones'', abundó y explicó que en cuanto a la educación, después de un trabajo constante de cuatro años, se comprendió que los niños jornaleros requieren un modelo especial, apegado a los ciclos agrícolas. El modelo está casi listo.

``Estos son pasos pequeños pero constantes, porque se trata de impulsar el cambio dentro de un proceso complicado, de muchas cabezas'', concluyó.