Durante décadas, la Secretaría de Gobernación fue un elemento estabilizador de la política mexicana. Catedral del oficio político dominante con sus claroscuros terribles: de los suaves tratos concertadores, a los sótanos del espionaje y la represión, Gobernación era una instancia rectora, conductora, encauzadora.

Tanta era la concentración de poder en las oficinas de Bucareli, que durante décadas fue para sus titulares una antesala de las candidaturas presidenciales priistas. El aroma del poder, y el peso imperativo de las decisiones allí tomadas, eran las características de Gobernación.

Sin embargo, como todo en el sistema político vigente, la Secretaría de Gobernación también fue perdiendo fuerza y eficacia. El arribo de las generaciones tecnocráticas, financieras y proestadunidenses al poder generó un desplazamiento del oficio político característico de las décadas anteriores, y los secretarios de Gobernación fueron quedando simplemente como virtuosos operadores de decisiones cada vez más frívolas e irresponsables.

Una revisión somera de los secretarios recientes, los de la etapa más difícil de la crisis global de México, nos muestra a funcionarios relegados a funciones menores, ajenos a las verdaderas tareas de seguridad nacional (como en el caso de Fernando Gutiérrez Barrios), rebasados por estallidos como el de Chiapas (Patrocinio González Garrido), enredados entre la búsqueda de la salvación personal y el protagonismo visceral (Jorge Carpizo), ahogados por las circunstancias (Esteban Moctezuma) o sospechosos de ser faccionarios (Ernesto Chuayffet).

No es gratuito el recuento del fracaso de los secretarios de Gobernación: brújulas obligadas para la navegación política nacional, su descompostura impide corregir las desviaciones derivadas de las inexperiencias o errores presidenciales, y al mismo tiempo impide amortiguar el impacto de los crecientes conflictos políticos y sociales mediante.

En ese marco, parece insuficientemente apreciada la información publicada el sábado reciente en La Jornada bajo la firma de Oscar Camacho e Ismael Romero. En un trabajo virtualmente exclusivo sólo El Día obtuvo una pálida aproximación al tema, los reporteros informan de una reunión privada sostenida en el Palacio Legislativo de San Lázaro por los dirigentes del PAN y el PRD, Felipe Calderón y Porfirio Muñoz Ledo, en la que de manera inusitada acordaron ``unir voluntades'' para impulsar de manera conjunta la reforma electoral.

Como primer paso en ese esfuerzo común, mencionan Camacho y Romero, los dos partidos pedirían a Gobernación que deje de ser actor de la reforma política y se sujete a su carácter de mediador. PAN y PRD, en esa tesitura, mantendrían un constante intercambio de información para evitar confusiones informativas que obstruyeran el camino de las negociaciones y la búsqueda de consensos.

En otra parte de la nota mencionada se consignan comentarios partidistas que hacen ver a la Secretaría de Gobernación como un órgano que en el proceso de la reforma política prefiriera un manejo tortuoso, engañoso y de beneficio grupal, en lugar de un ejercicio institucional en el que por encima de las aspiraciones o preferencias personales o de grupo estuviera el interés colectivo.

Esa insólita descalificación del papel de Gobernación por parte de los dos principales partidos de oposición coloca a Ernesto Chuayffet en una situación incómoda y delicada, pues en el seno del equipo gubernamental, y en los decires políticos, se habla con frecuencia del desbordado apetito político de los principales personajes de Bucareli, no sólo del secretario, aunque desde luego a éste le dedican especial atención, en la medida que lo ligan con uno de los grupos políticos más activos del estado de México y que se presume en su cotidiano actuar el objetivo de fortalecer su figura política con miras más altas.

Preocupa en general el desgaste de una pieza clave del engranaje político, como es la Secretaría de Gobernación, pero sobre todo el entrampamiento del proceso de la reforma política. Comentarios hechos fuera de nota por directivos partidistas afirman que en Gobernación se han dado casos en los que se usa privilegiadamente el conocimiento de la posición de cada uno de los tres partidos principales, incluido el PRI, para así obtener ventaja en la negociación colectiva, e inclusive, para enfrentar a los partidos y de esa manera retrasar las posibilidades reales de acuerdo.

Sean cuales fueren los resultados de esta insólita crítica de PAN y PRD al actuar de Gobernación, esta semana será crucial para llegar a los acuerdos finales para la reforma política, entre otras cosas porque la tinta de la pluma de Muñoz Ledo está por secarse, y la firma de López Obrador sería más difícil de conseguir.

A menos que de verdad lo que se busque sea que no haya reforma.