Riesgoso, militarizar la seguridad pública: CIDH

David Aponte y Elena Gallegos La Comisión Interamericana de Derechos Humanos advirtió a México que la utilización de las fuerzas armadas en funciones policiacas o de seguridad ciudadana puede causar ``serias violaciones'' a los derechos humanos en virtud de la naturaleza militar y entrenamiento de los elementos, dijo ayer el presidente del organismo internacional, Claudio Grossman.

En un comunicado sobre su primera visita a México, el decano de la CIDH dijo que la impunidad aún es un ``problema grave'' en México, a pesar de que algunos casos ya derivado en procesos y sanciones contra funcionarios que violaron los derechos humanos. Además, los asesinatos del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, José Francisco Ruiz Massieu y Luis Donaldo Colosio continúan sin ser ``plenamente esclarecidos'', mencionó. El organismo dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA) insistirá en el combate a la impunidad como un requisito para la seguridad de los ciudadanos y el mantenimiento del Estado de derecho, expuso.

Claudio Grossman, presidente de la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos, en conferencia de prensa acompañado
de Jorge Dayne. Foto: José Dayne

Sobre el caso Aguas Blancas, comentó que el organismo tomó nota de que la responsabilidad legal y el encubrimiento no se han determinado, pese a que el presidente Ernesto Zedillo y la Suprema Corte de Justicia de la Nación manifestaron que es necesaria una investigación completa del asesinato de 17 campesinos en esa región de Guerrero.

En cuanto a la visita a Chiapas, Grossman afirmó que la comisión indagará las denuncias de que existen grupos como las guardias blancas que se oponen a la paz, e información sobre homicidios, secuestros y la exclusión de niños en escuelas por motivos de intolerancia religiosa.

El presidente de la CIDH dio a conocer a la prensa una ``apreciación preliminar y provisional'' de la visita a México, la primera en los 37 años de su existencia. Después de diez días de estancia, destacó que la comisión tuvo amplia libertad para entrevistarse con quien quisiera y para desplazarse a cualquier lugar del país.

La CIDH constató que existe un amplio debate sobre el tema de los derechos humanos, lo que valora positivamente. ``La presencia del tema en la agenda de la sociedad mexicana es importante para el fortalecimiento de la democracia y el Estado de derecho'', dijo a los periodistas mexicanos y extranjeros.

El debate sobre el tema, así como los pasos que ha dado el presidente Zedillo ``se han traducido en acciones tanto institucionales como no estatales en favor de la promoción y protección de los derechos humanos'', aseguró.

La invitación del gobierno de México a la CIDH es ``una muestra valiosa de apertura al diálogo, a la cooperación y a la crítica de la comunidad internacional'', continuó.

Acompañado por los siete miembros de la comisión, consideró que en México existe un proceso de desarrollo orientado a la promoción y protección de los derechos humanos. La CIDH ha observado el valioso trabajo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y que ''60 por ciento'' de sus recomendaciones se cumplen, indicó.

En la conferencia de prensa, a la que acudieron funcionarios de la cancillería y de la Secretaría de Gobernación, destacó las reformas al Poder Judicial y las modificaciones dirigidas a fortalecer la independencia y autonomía de los órganos electorales.

El presidente de la CIDH dijo también que es necesario identificar y castigar a los responsables de violaciones a los derechos humanos y de las aspiraciones ciudadanas a vivir en un ambiente de seguridad. En ese contexto, la CIDH recibió información sobre una gran desconfianza hacia las corporaciones policiacas y quejas por ineficacia, corrupción, aprehensiones arbitrarias y torturas. A estos últimos temas les dará la mayor importancia, así como a la información relativa a la lentitud, ineficiencia y parcialidad de los funcionarios de los tribunales y de las agencias del Ministerio Público, agregó.

``Sobre la base de su rica experiencia continental, la comisión desea señalar que en el combate permanente contra la tortura es esencial que los tribunales no den valor probatorio a confesiones extraídas bajo tortura y que sancionen penalmente a los culpables. ``Asimismo, señaló que el rechazo a la arbitrariedad y la sanción a quienes violen los derechos humanos son actos ineludibles para fortalecer el Estado de derecho.

``La CIDH, con base en la información recibida, pudo percibir que la impunidad aún es un problema grave. Los asesinatos de Posadas Ocampo, Luis Donaldo Colosio y Ruiz Massieu, que han impactado a la opinión pública nacional e internacional, siguen sin ser plenamente esclarecidos'', señaló.

Grossman dijo que la CIDH recibió además numerosas denuncias de actos de intimidación contra dirigentes sociales y de organizaciones no gubernamentales que, según los denunciantes, no se han investigado. El organismo indagará las quejas.

Sobre el caso de Chiapas, dijo que la comisión investigará las denuncias de intimidaciones, desalojos, homicidios, secuestros y actos de violencia relacionados con las controversias sobre tenencia de la tierra. Acerca de Guerrero, indagará las quejas de tortura y detenciones efectuadas sin las órdenes correspondientes, añadió. De la situación de los trabajadores migratorios, comentó que recibió reportes de violaciones a los derechos humanos de los indocumentados, lo que permitirá al organismo con sede en Washington elaborar un informe a nivel continental.

Grossman se refirió a las denuncias de que algunas funciones policiacas son ejercidas por militares. ``La CIDH, con base en su experiencia, desea llamar la atención de las consecuencias de la utilización de las fuerzas armadas en funciones de seguridad ciudadana, pues ello puede acarrear serias violaciones a los derechos humanos en virtud de la naturaleza militar y entrenamiento de dichas fuerzas'', afirmó.

Al concluir la lectura del comunicado, Grossman agregó que los integrantes de la comisión visitaron al general José Francisco Gallardo acusado por las autoridades militares de 14 delitos y añadió que no hay quejas relacionadas con sus condiciones de presidio. No hubo comentarios sobre el contenido de la conversación.

La información recabada por la CIDH se analizará con más detalle en la reunión ordinaria de la comisión, en octubre, para elaborar un informe especial sobre México, indicó Grossman.

El presidente Ernesto Zedillo recibió ayer por la mañana a la delegación de la CIDH y dijo a sus integrantes que el gobierno reitera el compromiso de impulsar, proteger y respetar los derechos humanos.

También expresó su deseo de lograr un mayor acercamiento y una relación estrecha, de colaboración y de respeto mutuo con ese organismo de la OEA. Zedillo insistió en que él es el primer interesado en que se atiendan y resuelvan los asuntos que ocupan a la comisión.

El encuentro se efectuó en Los Pinos. Grossman también explicó al presidente Zedillo que la visita a México respondía a una búsqueda de diálogo entre ese organismo y los gobiernos de los países latinoamericanos.