Puede ser que a muchos no les guste, pero una de las consecuencias más notables de la insurrección zapatista, por sus implicaciones para el Estado en su conjunto, es la de haber llamado la atención sobre la vigencia de la vida local. Me refiero al énfasis puesto sobre la existencia de esa realidad que, sin personalidad jurídica bien establecida, constituye la unidad social más inmediata: la comunidad, las pequeñas localidades, que en muchos municipios del país reúnen a las familias más pobres entre los más pobres ciudadanos, los indios de México.

La reflexión sobre la comunidad ocupa desde entonces un lugar privilegiado en la discusión sobre el futuro del municipio y desde luego es clave para definir el marco jurídico que dará forma a los derechos indígenas. Parece evidente que el rescate del municipio tiene mucho que ver con este renacimiento de la llamada ``sociedad civil'' local, con el despertar de la vida comunitaria aun en las regiones más aisladas del país y entre los grupos sociales tradicionalmente con menor presencia en la vida pública nacional. De hecho, estamos a las puertas de un debate legislativo cuya trascendencia obliga a precisar con claridad los objetivos y las propuestas en torno a la noción de ``autonomía'', sus posibles contenidos, el significado que tiene en la definición del ``pacto nacional''. Sin embargo, no es mi intención argumentar aquí sobre la conveniencia o no de incorporar un ``cuarto piso'' a la Constitución a fin de reconocer a la comunidad como sujeto pleno de derecho, sino de traer a colación una experiencia que puede ayudar a concebir nuevas formas de articulación entre las comunidades, los municipios y el resto de las dependencias del Estado en los proyectos directamente relacionados con el desarrollo de las regiones indígenas más pobres. Concretamente me refiero a la integración del Consejo Regional de La Montaña de Guerrero, una experiencia significativa en la que es, sin duda, una de las zonas de mayor pobreza extrema en el país. Dicho Consejo, según se asienta en sus documentos constituyentes, se propone ``analizar y evaluar las necesidades y carencias de las comunidades y de las organizaciones de La Montaña de Guerrero, planteadas a través de los consejos de desarrollo municipal y por las organizaciones sociales y económicas, con un enfoque integral y como un medio para determinar propuestas viables de solución ante los organismos y dependencias de los sectores públicos y privado''. Lo novedoso de esta iniciativa originalmente impulsada con entusiasmo por el maestro Othón Salazarconsiste en su carácter plural, democrático, solidario y, en sentido estricto, apartidista, en consonancia con el propósito de buscar acuerdos entre todos los sectores y actores regionales para asegurar la efectiva participación de la gente en la determinación de las prioridades y la coordinación adecuada de los recursos. En el Consejo están representadas las distintas etnias de La Montaña mixtexa, tlapaneca, náhuatl, amuzgo, la mayoría de los grupos y sectores sociales organizados, así como las diversas instancias de gobierno federal, estatal y municipal que tienen que ver con los problemas regionales. Se trata, pues, de una organización legal, sujeta a sus propios reglamentos de los que se desprenden responsabilidades, derechos y obligaciones para todos los participantes, de modo tal que pueda pensarse seriamente en darle coherencia y continuidad al esfuerzo común.

El punto que a mi modo de ver es más interesante consiste en darle voz a las comunidades sin romper con el orden municipal en todos aquellos asuntos que les competen directamente, asegurando, a la vez, que las dependencias oficiales sean parte de los compromisos y no árbitros ajenos a ellos. El desafío mayor consiste en mantener, junto a los consejos de desarrollo municipal, la presencia continua de cerca de 500 comunidades para definir cómo y hacia dónde canalizar los siempre escasos recursos aportados por el Estado. No será sencillo, por supuesto, echar a caminar este ambicioso proyecto que tiene como objetivo primordial actuar regional y comunitariamente contra las formas extremas de la pobreza, la discriminación y la segregación étnica de las que son víctimas seculares las comunidades campesinas, eliminando intermediarios y manipulaciones clientelares. Pero a estas alturas ya es obvio que ningún programa de tipo social es viable sin esta participación directa de la comunidad en la gestión de sus propios asuntos. Ojalá y el esfuerzo de La Montaña abra camino.