Como la mexicanísima burrita, la reforma electoral avanza ``dos pasitos pa'delante y dos pasitos para atrás''. Sin embargo, sería un error creer que se trata exactamente de lo mismo que ha venido sucediendo por más de treinta años, desde que los dos Adolfos (López Mateos y Christlieb Ibarrola) inauguraron el larguísimo proceso de reformas por el que seguimos transitando a duras penas. Esta vez hay una diferencia que no debe pasar inadvertida: el obstáculo principal ya no proviene del gobierno, sino del Partido Acción Nacional. Y ya va siendo hora de decirlo con toda claridad, pues de lo contrario todos acabaremos por pagar un costo que, al menos en esta ocasión, debe cargarse a la cuenta exclusiva del partido que espera turno en la antesala del poder.

Ese proceso de cambios en las reglas electorales ha sido tan lento y tan complicado, que sobre este último intento pesan todas las inercias y todas las desconfianzas, pero también la comodidad de la interpretación fácil, que prefiere cargar automáticamente las culpas sobre el gobierno. Las tuvo y hasta el exceso; negar esto sería por lo menos una barbaridad. Pero ocurre que en esta ocasión el más beneficiado por el método aquimichú no es el gobierno ni mucho menos el PRD, sino el PAN. Por el lado gubernamental, el costo de un fracaso en la reforma sería insoportable. No sólo porque el presidente Zedillo ha puesto sobre ella la mayor apuesta política del sexenio, sino porque el costo electoral que traería para el PRI sería muy elevado. Paradójicamente, las enormes ventajas que le concede la legislación electoral vigente al partido oficial se volverían en su contra, tan pronto como los partidos de oposición y especialmente el PAN comenzaran a emplear el recurso del fracaso político electoral como una prueba fabricada contra la legitimidad de los triunfos que pudiera obtener el gobierno. En ese sentido, todas las victorias del PRI serían pírricas, mientras que las de Acción Nacional podrían alcanzar la sublimación de la heroicidad capaz de vencer hasta en las circunstancias más adversas. Circunstancias creadas, sin embargo, por ellos mismos. Y por el lado del PRD, sería por lo menos difícil escamotear el esfuerzo que ha venido realizando Porfirio Muñoz Ledo para alzarse como uno de los principales gestores de la reforma más cercana a la democracia, entre todas las que hemos tenido. Por el contrario, si algo ha de reprochársele al presidente saliente del PRD, es su prisa y su inefable ansiedad para ganar el bronce de las grandes hazañas.Por el lado de Acción Nacional, en cambio, no existe ninguna presión significativa para favorecer la reforma. En términos estrictamente pragmáticos que es el modo en que ese partido viene funcionando desde hace tiempo, todo parece indicar que la contienda electoral de 1997 consistirá en el verdadero ``choque de trenes'' que algunos analistas libérrimos quisieron ver en 1994. La diferencia es que el próximo será el choque de dos trenes que corren por las mismas vías del lado derecho. Cuesta trabajo pensar seriamente que López Obrador logre colarse en esa contienda, amenazado como estará por la fragmentación de todos los flancos de izquierda. De modo que Acción Nacional se está preparando, por vez primera, para tomar las riendas de la Cámara baja y desde ahí comenzar a preparar el terreno para abordar el Ejecutivo: exactamente como hizo Yeltsin con Gorbachov durante los últimos días de la Unión Soviética. Y en esas circunstancias, el fracaso de esta reforma le vendría como anillo al dedo.

Por supuesto, podría competir en mejores condiciones si hubiera reforma. Pero no tanto como para modificar definitivamente los resultados electorales, pues de cualquier manera el IFE tendría que buscar un mejor equilibrio en los tiempos y en los recursos empleados por cada partido; de cualquier modo serán elecciones tan vigiladas como las de 1994; y en cualquier caso habrá una enorme presión colectiva para impedir la repetición de los fraudes. La verdad es que no se necesita cambiar la legislación para asegurarle al PAN las condiciones indispensables para ir a la competencia. Esa necesidad está del lado de sus dos adversarios. De ahí que a pesar de los acuerdos tomados en Bucareli por el PRI, el PRD y el PT, las negociaciones hayan vuelto al pantano, tan pronto como celebramos el regreso del PAN.

Nadie sensato podría reprocharle al PAN su derecho a jugar el aquimichú: no sólo cuenta con suficiente autoridad moral para defender su posición favorable a la democracia, sino que ahora además está jugándose la posibilidad de ganar la mayoría por primera vez en su historia. Se trata de un partido político que busca el poder y no de un convento de carmelitas aunque a veces se les confunda. Pero por lo menos hay que decirlo: la reforma no ha salido adelante porque el PAN no ha querido. Tiene buenas razones, ni hablar. Pero que no salga indemne.