Se ajustan cuentas dentro de la PGR?
Peculiar historia de crímenes sin resolver

Vinculada con la crisis política que vive el gobierno de Jalisco, la guerra desatada dentro de la Procuraduría General de la República no es sólo un reflejo de los errores y la insensibilidad política del Partido Acción Nacional como gobierno. No, también deja ver que a casi dos años al frente de la instancia federal encargada de la procuración de justicia, Antonio Lozano Gracia no ha podido controlar siquiera a los funcionarios que lo rodean.

Como es sabido, son nulos o poco alentadores los avances en los casos Colosio y Ruiz Massieu. Es probable que en un tiempo relativamente corto sea exonerado de su presunta vinculación en el crimen de José Francisco Ruiz Massieu, el hermano incómodo, Raúl Salinas de Gortari. Ya se perdió la extradicción de Mario Ruiz Massieu, y por si fuera poco, la PGR fue derrotada en el caso Tabasco, por mencionar sólo algunos de los reveses más significativos.Y ahora resulta que entre los propios funcionarios, investigadores y policías de la PGR, parece haberse desatado una guerra que se vincula con la pérdida de varias vidas y que ha creado nerviosismo entre no pocos funcionarios, algunos de ellos amenazados de muerte presuntamente por grupos que actúan desde en interior de la PGR.

La historia de la nueva crisis que enfrenta Antonio Lozano Gracia, la guerra intramuros, se hizo evidente hace poco más de dos semanas, cuando basados en comunicaciones de circulación restringida, los matutinos El Financiero y El Universal, dieron cuenta de una carta en la que Ricardo Cordero Ontiveros, ex director de aprehensiones del Instituto Nacional contra las Drogas (INCD), denuncia al procurador Antonio Lozano Gracia como presunto encubridor de narcotraficantes. Concretamente porque habría recibido 3 millones de dólares por la plaza de la PGR en Tijuana. Pese al tiempo transcurrido, apenas el pasado martes la PGR turnó a la Secretaría de la Contraloría la denuncia de las supuestas irregularidades.Pero cuando apenas empezaba a crecer en los medios de comunicación la revelación de Cordero Ontiveros, La Jornada confirmó que el 14 de julio fue encontrada una granada de mano en el jardín de la casa de Tristán Sánchez Canales, el visitador general de la PGR, quien también de acuerdo con filtraciones periodísticas, habría recibido 5 millones de dólares por haber dado protección a un cargamento de cocaína, en 1995. Según la información, Hiram Escudero, subprocurador de la PGR, estaba enterado de la operación. Igualmente se sabe que el propio Escudero recibió amenazas de muerte, relacionadas con ese caso.

Otro eslabón de la cadena se dio la noche del viernes 19 de julio, cuando fuera de su casa fue asesinado Isaac Sánchez Pérez, ex delegado de la PGR en Tijuana, ex subdirector operativo de la misma dependencia y en el momento de su muerte, asignado a la Dirección de Inteligencia. Con la muerte de Isaac Sánchez Pérez, se elevó a cinco el número de policías o funcionarios de alto rango que luego de trabajar en Tijuana han sido victimados recientemente.

Lo interesante de este caso es que existen indicios de que, antes de que se cometiera el crimen, en la PGR ya se sabía que ocurriría, y hasta se avisó previamente a algunos periodistas. Los cuatro crímenes previos son los del ex delegado de la corporación en Tijuana Arturo Ochoa Palacios; el policía Sergio Moreno Pérez, el ex comandante Armando Silva Moreno y la agente del Ministerio Público Rebeca Acuña.

Pero apenas el pasado lunes, a plena luz del día, fue asesinado José Agustín Montiel Sánchez, quien era secretario particular de Isaac Sánchez Pérez. Según fuentes policiacas, los dos agentes trabajaban en investigaciones relacionadas con la corrupción dentro de la PGR, en estrecha relación con la Secretaría de la Contraloría.

Ninguno de los seis casos ha sido esclarecido, pero especialmente llama la atención el acribillamiento de Armando Silva Moreno, a principios de año justo frente a las oficinas de la PJF, en la esquina de Paseo de la Reforma y Jaime Nunó. Más extraño aún es el comportamiento de algunos judiciales federales en los crímenes de Armando Silva Moreno e Isaac Sánchez Pérez, pues una vez cometidos los homicidios, ilegalmente movieron los cuerpos y se llevaron pertenencias de los caídos. Por si fuera poco, apenas hace unas horas, en Guadalajara, fueron asesinados dos militares y un presunto informante de la PGR.

Lo sorprendente de este enredo es que las muertes de funcionarios de la PGR vinculan, por diversas vías, a los gobiernos panistas de Baja California y Jalisco, y al también panista Antonio Lozano Gracia. Casualidad o no, en la PGR se habla ya de ajustes de cuentas dentro de esa dependencia, y de que los cuadros panistas llevados al primer nivel de la PGR han sido incapaces de controlar las mafias internas que empujan al panismo al despeñadero.