Inicia AI protesta internacional contra acciones militares en Chiapas y Guerrero

Dpa, Londres, 25 de julio La organización independiente Amnistía Internacional (AI) expresó hoy su consternación por los ataques de las fuerzas de seguridad y grupos paramilitares mexicanos contra pobladores civiles indefensos en los estados de Chiapas y Guerrero.

El organismo inició una acción internacional de protesta contra el gobierno del presidente de México, Ernesto Zedillo, a quien reclamó una urgente e imparcial investigación de estos hechos.El pasado 17 de julio fueron atacados los pueblos de San Sebastián y Señor del Pozo, en la comunidad de Venustiano Carranza, por efectivos de la Policía Judicial del Estado (PJE) fuertemente armados y por un grupo paramilitar denominado Alianza San Bartolomé de los Llanos, vinculado con el gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Durante la acción, en la cual la policía apoyada con un helicóptero, abrió fuego contra civiles indefensos, entre ellos mujeres y niños, resultó muerto el campesino Manuel Martínez de la Torre.

Además, ``desaparecieron'' otros dos hombres: Valentín de la Torre Mendoza y Rafael Vázquez de la Torre, y fueron detenidas 12 personas, todos miembros de la comunidad indígena tzotzil.

Los detenidos, por cuya integridad física también teme Amnistía Internacional, ya que es muy probable que sean torturados por sus captores, pertenecen, en su mayoría, a la pacífica Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ).

La organización es frecuente objeto de ataques de la policía y de grupos paramilitares, por realizar actividades en favor de las comunidades indígenas y de los campesinos de la región.

El hecho de que las violaciones de derechos humanos en México se perpetren y las autoridades no ejerzan ninguna medida de escarmiento contra quienes las cometen, ha contribuido a que los activistas pro derechos humanos y de comunidades campesinas sean víctimas de estos atropellos y asesinatos.

Una organización de derechos humanos con sede en Chiapas ha cifrado en 120 el número de víctimas mortales, entre enero y abril de este año, en ese estado, por los ataques efectuados por miembros de las fuerzas de seguridad y por escuadrones de la muerte tolerados por el Estado mexicano.

Asimismo, Amnistía Internacional ha expresado hoy su grave preocupación por la seguridad de los miembros de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), una asociación de pequeños campesinos del estado de Guerrero, y otros integrantes de diversas entidades agrarias locales.Desde el surgimiento de un grupo armado opositor, hasta ahora desconocido, denominado Ejército Revolucionario Popular (ERP), el pasado 28 de junio, centenares de policías han sido movilizados en el estado de Guerrero.

AI recibe continuamente denuncias sobre amenazas, actos de intimidación y atropellos contra pobladores de la región, cometidos por policías y soldados que registran viviendas y vehículos en busca de armas y de miembros del ERP. Tras la detención de varios integrantes de organizaciones campesinas, los días 3, 8 y 9 de julio, unos 200 campesinos, principalmente de la comunidad indígena amuzgos y miembros de la asociación Frente Amplio para la Construcción del Movimiento para la Liberación Nacional (FAC-MLN), organizaron una manifestación de protesta contra las detenciones.

Las fuerzas de seguridad mexicanas intervinieron contra los manifestantes, a los que golpearon y detuvieron a siete campesinos que semanas atrás habían trabajado en estrecho contracto con una delegación de Amnistía Internacional que visitó el estado de Guerrero. Al menos uno de los detenidos ha sido torturado por las fuerzas policiales.

Las fuerzas de seguridad torturan a los campesinos con picanas eléctricas para forzarlos a ``confesar'' que pertenecen al Ejército Popular Revolucionario. En el enfrentamiento entre policías y manifestantes, 30 personas resultaron gravemente heridas, entre ellas, varias mujeres y niños que participaban en el acto de protesta.

Según las últimas denuncias recibidas en AI, el personal médico del hospital adonde llevaron a los heridos fue amenazado por las autoridades con el despido, si atendían a los indígenas.