La Jornada 26 de julio de 1996

El vasco Andoni Zelaia, libre

David Aponte La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) negó el martes pasado la extradición del vasco Andoni Zelaia Otaño, acusado por el gobierno de España de los delitos de homicidio y robo y de pertenecer a los ``comandos autónomos anticapitalistas'' de la organización separatista Euskadi Ta Askatasuna (ETA). La cancillería notificó ayer su decisión al ciudadano extranjero detenido en el Reclusorio Oriente y a la embajada de España.

Los abogados Pilar Noriega y Lamberto González solicitaron la inmediata liberación del recluso y que el gobierno de México respete su estatus migratorio. Zelaia tiene estancia legal en territorio nacional bajo la forma FM-2 número 370951, vigente hasta el 1 de septiembre de 1996, indicaron.

El embajador de España, José Luis Dicenta Ballester, giró instrucciones para que el personal de la legación española no hiciera comentario alguno sobre la negativa del gobierno de México, la segunda de este tipo en los últimos cinco años.A las 10:30 horas de ayer, la Dirección de Asuntos Jurídicos de la SRE, a cargo de Carlos Pujalte Piñeiro, notificó su determinación al vasco y a la representación española, la cual solicitó la extradición el 28 de noviembre de 1995.

En un breve comunicado de prensa, la cancillería explicó: ``La decisión se sustenta en que la defensa acreditó, durante la fase judicial del proceso de extradición, que otra persona ya fue juzgada y sentenciada en España como autor material de los mismos hechos que se le imputan al señor Zelaia''.

El canciller José Angel Gurría argumentó en su resolución que Jesús María Larzábal Basterrica fue sentenciado por los ilícitos imputados a Zelaia, ``lo que quedó probado y demostrado para la Audiencia Nacional (de España)''.

La SRE solicitó la ``inmediata liberación'' del vasco en lo que se refiere exclusivamente a la extradición solicitada por el gobierno español, según el texto fechado el 23 de julio y firmado por el secretario Gurría.

Durante una entrevista colectiva en Tlatelolco, el titular de la SRE dijo que esa dependencia ``se hizo eco de la recomendación del juez y, efectivamente, ha determinado la no extradición sobre la base de carácter jurídico. Como saben, recientemente se acordó con España un protocolo de adición al tratado de extradición, pero este caso no tiene nada que ver. El planteamiento no es por un delito de caráter político, sino por uno de carácter común que, de acuerdo a derecho, al haber ya un inculpado sentenciado por el mismo delito, no procedía en México''. El jefe de la diplomacia mexicana agregó que Zelaia tiene un estatus migratorio regular y que mientras cualquier persona esté legalmente en México y no viole ninguna de sus leyes internas tendrá las libertades de tránsito y de dedicarse a cualquier actividad lícita.

Los abogados de Zelaia comentaron: ``Es un buen dato que la cancillería haya tomado la opinión del juez (Gonzalo Hernández Cervantes) para ratificar que en este caso hay persecución política y, por ello, se haya negado la extradición, la cual no se justificaba''.

Lo importante, agregaron, es que el gobierno de México no vaya a entregarlo a las autoridades españolas con el pretexto de una situación migratoria irregular, ``pues no sería la primera vez que se diera una entrega de esta naturaleza. Este planteamiento nos parece una aberración jurídica y una maniobra política muy burda, pero no imposible'', agregaron.

El gobierno de Madrid ha atribuido al vasco la autoría del homicidio del taxista Amancio Barreiro Gens, a pesar de que el poder judicial español sentenció a otra persona por ese crimen, ocurrido en septiembre de 1978, según información de la defensa.