De votos y vetos en la reforma electoral
Mensajes con nombre y apellido

Efectivamente es un paso importante para la vida política mexicana y un logro del gobierno de Ernesto Zedillo que, con tropiezos y todo, se alcanzara un acuerdo para enmendar 18 artículos constitucionales, que serán la base de la nueva legislación electoral mexicana. Sin embargo, no puede pasarse por alto la maniobra, el típico albazo al que recurrió el PRI-gobierno para vetar los derechos de mexicanos que aspiran a gobernar el Distrito Federal, y para limitar las expectativas de aquellos que quieren continuar como consejeros ciudadanos del IFE,Por burda, porque el mensaje llevaba nombres y apellidos, la maniobra estuvo a punto de echar abajo el trabajo de casi 20 meses en que se ha buscado una ``reforma electoral definitiva''. Y si bien momentáneamente se salvaron los obstáculos, el manoseo que a última hora hicieron el PRI y el gobierno de los acuerdos previamente pactados con todos los partidos dejó ver, por lo menos, el temor del régimen a las candidaturas independientes para el gobierno del Distrito Federal, y la intolerancia ante las voces independientes en el Instituto Federal Electoral.

Como dieron cuenta las crónicas periodísticas, en el último momento, previamente a la firma de la iniciativa para reformar 18 artículos constitucionales, el presidente del PRD, primero, y luego el del PAN, descubrieron que el texto original del acuerdo había sido cambiado. Se introdujo una redacción que se quería llevar al texto constitucional para impedir, primero, que aquellos ciudadanos que hayan ocupado la regencia del Distrito Federal no pudieran contender en la elección del gobernador capitalino y, segundo, que los consejeros ciudadanos del IFE (que se llamarán en el futuro consejeros electorales) no puedan reelegirse.

Los destinatarios de la maniobra tenían nombre y apellido: Manuel Camacho Solís, en el primer caso, y por lo menos cuatro de los seis consejeros ciudadanos en activo: Santiago Creel, José Agustín Ortiz Pinchetti, José Woldenberg y Miguel Angel Granados Chapa, si no es que todos.

Casualidad o no, casi a la misma hora en que se firmaban los acuerdos para la reforma electoral en el Palacio Nacional, en un foro al que asistió invitado por la Coparmex, el ex regente, ex canciller y ex comisionado para la paz en Chiapas, Manuel Camacho Solís, habló de sus pretensiones de buscar la candidatura al gobierno del Distrito Federal (se sabe que también buscará, junto con su grupo, por lo menos diez por ciento de las diputaciones federales) y que no ha descartado la candidatura a la Presidencia de la República en el año 2000.

No es un secreto que la pugna gestada desde los tiempos previos al destape del candidato presidencial, en la etapa final del salinismo, entre Camacho Solís y una parte importante del gabinete se trasladó de la candidatura de Luis Donaldo Colosio a la de Ernesto Zedillo. Luego siguió viva ya en la gestión presidencial zedillista y desde el primer círculo del gobierno se han filtrado ataques contra el ex regente para intentar minimizar su trabajo político.

Sin embargo, Camacho Solís se esté o no de acuerdo con él aún es una figura política y las encuestas realizadas a instancias del propio gobierno y las independientes han mostrado que es un importante precandidato a contender por la gubernatura capitalina. Si bien no tiene partido político, por difícil que resulte podría llegar a un acuerdo con alguno o varios de los partidos con registro y presentar una oferta atractiva en la contienda electoral de 1997.

Pero lo más grave es que el PRI y el gobierno intentan introducir a la Constitución una enmienda que limita los derechos consagrados en la propia Carta Magna, en donde se estipula el derecho de los mexicanos a votar y ser votados. El gobierno y su partido quieren elevar el veto a rango constitucional.

El de los consejeros ciudadanos del IFE guarda una estrecha relación con el caso anterior. Se sabe que, por diversas causas, por lo menos cuatro de los seis consejeros son incómodos para el gobierno, no sólo por su trabajo en la máxima instancia electoral, en donde ha resultado determinante el peso de sus opiniones independientes e imparciales, amén de su especialización en la materia electoral.

En el fondo, el malestar gubernamental parece ser el carácter independiente de los consejeros, muchos de los cuales son líderes de opinión y han participado en actividades políticas simultáneas a los esfuerzos partidistas y gubernamentales; han empujado tareas en favor de la trancisión democrática, han abierto la posibilidad a candidaturas independientes y hasta han planteado escenarios para la creación de nuevas alternativas políticas.

Ante el conflicto que ocasionó el albazo gubernamental, el secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet, sólo acertó a dar su palabra de que serían retiradas las propuestas no concensadas. Todo de palabra.